Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 3 de Febrero de 2016, expediente FBB 023045478/2011
| Fecha de Resolución | 3 de Febrero de 2016 |
| Emisor | CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA |
Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 23045478/2011/CA1 – S.. 2
Bahía Blanca, tres de febrero de 2016.
VISTO: Este expediente nro. FBB 23045478/2011/CA1, de la secretaría nro. 1,
caratulado: “GHIOZZI ARRIETA, M. M. c/ AFIP – DGI s/
IMPUGNACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO”, para resolver el recurso de
apelación interpuesto a fs. 151/vta. contra la resolución de fs. 146/150vta.
El señor Juez de Cámara, doctor A., dijo:
I. Se agravia la accionada por el rechazo de su pretensión de
nulificar resoluciones de la AFIP que disponen sanciones impositivas con fundamento
en los arts. 46 y 47, incs. b) y c), ley 11.686. Sostiene que el fallo ha omitido
considerar debidamente su oportuna defensa en el sentido de no haber incurrido en una
conducta dolosa, y que el decisorio finalmente lo hace vulnerando principios básicos
como el de legalidad que traslada al campo de los ilícitos tributarios. Asimismo, su
queja incluye la falta de aplicación al caso de dos precedentes de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación que entiende dirimentes y que la Juzgadora debió considerar por
más que estrictamente recayeron sobre textos anteriores de la ley tributaria, pero cuya
doctrina es de indudable proyección sobre el caso (fs. 157/162vta.).
II. El organismo tributario federal rechaza los agravios,
esbozando su falta de correspondencia con los términos de la litiscontestación, en la
medida que advierte una alteración de lo insinuado por el actor al demandar y lo
postulado en la queja. Defiende los fundamentos del fallo en el sentido de tenerse por
acreditadas las conductas tipificadas en los arts. 46 y 47 de la ley de procedimientos
tributarios, y corrobora la inaplicabildad de los precedentes “M.” y “Casa Elen –
Valmi de Claret y G.”, por referirse a un texto legal que no es el de autos (fs.
164/168vta.).
III. Ceñido por el marco de revisión diseñado por el art. 277,
CPCCN, debo establecer si en la especie son de aplicación las normas cuya
constitucionalidad no han sido objetadas y que introducen parámetros muy particulares
en la determinación de las conductas procesales, esto es, una suerte de inversión del
onus probandi en materia de alegación de la inocencia; se trata de los arts. 46 y 47,
incs. a y b, ley 11.683 –t.o. dec. 821/1998–.
Inicio así mi recorrido significante persuadido por el argumento
en torno a una supuesta alteración que la última de las mencionadas normas
Fecha de firma: 03/02/2016 Firmado por: CANDISANO MERA PABLO A. , Juez de Cámara Firmado por: M.A.S., SECRETARIA Firmado por: A.A.S., Juez de Cámara #8391365#146607463#20160203143353275 Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 23045478/2011/CA1 – S.. 2
imprimiría al clásico principio de presunción de no culpabilidad, núcleo central en la
queja del recurrente.
La parte actora cita dos precedentes para desactivar los efectos
de la inversión de la carga probatoria impuesta en la sentencia. En el más reciente
–“E.”– la Corte Suprema, juzga la situación prevista en el art. 45, ley 11.683 en
relación a la extensión de las presunciones contempladas por el ordenamiento procesal
al campo del hecho ilícito tributario sin el necesario sustento de otros elementos de
prueba. Esta norma no establece presunción alguna y por ello se revocó la sentencia de
la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal que la
proyectó respecto de la determinación de la existencia y medida de la obligación
tributaria al fijar la tipicidad. Ello no es exactamente lo que aquí se debate, a mérito de
la sentencia que encuadra la conducta del quejoso en los arts. 46 y 47, incs. a y b de la
USO OFICIAL citada ley (y no en el 45), por lo que estimo ajustado a...
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