Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 10 de Junio de 2015 (caso Gesma S.R.L. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Expropiacion inversa. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley)

Presidente:Genoud-Hitters-Kogan-Pettigiani-Soria
Fecha de Resolución:10 de Junio de 2015
Emisor:SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUMEN

La mera sanción de la ley expropiatoria, aún con su anotación registral, no permite observar allí un acto de desposesión en los términos de la Ley de Expropiaciones de la Provincia.

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 10 de junio de 2015, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores G., Hitters, K., P., S., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 70.502, "Gesma S.R.L. contra Provincia de Buenos Aires. Expropiación Inversa. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".

A N T E C E D E N T E S

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La P. acogió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (pronunciamiento fs. 235/238), revocando de ese modo el acogimiento de la demanda decidido por el juez de primera instancia (fs. 194/197).

Disconforme con este pronunciamiento, el recurrente dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (obrante a fs. 241/251).

Dictada la providencia de autos, agregada la memoria de la parte demandada y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor J. doctorG. dijo:

  1. El juez en lo Contencioso Administrativo a cargo del Juzgado n° 1 de La Plata hizo lugar a la demanda de expropiación inversa, condenado de ese modo a la Provincia de Buenos Aires a abonar la indemnización que allí determinó, ello en el plazo de 45 días. Por su parte rechazó la fijación de intereses compensatorios con pie en la inexistencia de desposesión por parte del Estado, condenando únicamente a los intereses moratorios "a partir de la sentencia y hasta su efectivo pago" (sic punto 1, sentencia fs. 197 vta.).

  2. Disconforme con este pronunciamiento, sólo la parte demandada interpuso recurso de apelación.

    La accionada, básicamente argumentó respecto a la violación del art. 41 de la ley 5708, sosteniendo que en el caso no se habrían reunido los recaudos que allí se establecen: particularmente lo referido a la existencia de actos turbatorios o de despojo por parte del Estado.

    Por su parte respecto de los intereses moratorios dispuestos en la sentencia, sostuvo que en el caso de las expropiaciones estos nunca tienen ese carácter sino que responden al concepto de compensatorios, y que no existiendo mora no corresponde su fijación (arts. 618, 621 y 622, C.C.).

  3. En la sentencia obrante a fs. 235/238, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, resolvió revocar el fallo de primera instancia. En consecuencia, la rechazó íntegramente, imponiendo las costas a la parte actora.

    Para fundar esa decisión, la Cámara entendió que no se encontraban cumplidos los presupuestos que establece al efecto el art. 41 de la ley 5708, básicamente por la inexistencia de actos posesorios o turbatorios de parte del Estado.

    Descartó en primer lugar que el mero dictado de la ley pudiera erigirse como acto de perturbación, en tanto -según entiende- ninguna incidencia directa pudo tener en la relación existente entre los ocupantes y los propietarios titulares.

    A juicio de la Cámara, la situación de ocupación previa en nada pudo haberse modificado por la sanción de la ley expropiatoria, pues ésta no importó incorporar circunstancias de impedimento ni turbación en el ejercicio de los atributos de dominio, ni de las acciones de sus titulares para preservarlo.

    Sostuvo que la ley no perturbó a sus dueños de la posibilidad de restablecerse en la posesión de los inmuebles, ya ocupados por los trabajadores.

    Sobre esta base concluyó la Cámara que no existió desposesión proveniente de un comportamiento del Estado, no siendo la ley suficiente motivo para ello. En consecuencia, revocó el fallo de primera instancia rechazando la acción de expropiación inversa con costas.

  4. Contra ese pronunciamiento, el accionante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley argumentando la violación del art. 17 de la Constitución nacional, así como la inaplicación de los arts. 3, 41 inc. "c" de la ley 5708; 2 de la ley 12.862 y 1198 del Código Civil.

    Plantea la violación de la doctrina legal de esta Corte en diversos precedentes e invoca la causa "Cía. Azucarera Tucumana S.A. c/ Estado Nacional s/ Expropiación indirecta" de la Corte Suprema nacional, estimando que las consideraciones allí realizadas resultan de aplicación al presente caso.

    Explica que si bien la sola promulgación de la ley no es suficiente para acceder a la expropiación inversa, lo cierto es que en el caso la posesión de hecho por parte de la Cooperativa beneficiaria, es un supuesto peculiar cuyas consecuencias deben ser asumidas por la provincia, toda vez que la norma en este caso no es aséptica sino que viene a confirmar y absorber una situación de hecho que no puede asimilarse al supuesto clásico de expropiación donde el bien individualizado continua en poder y goce del expropiado.

    Aduce que lejos de lo considerado por la alzada, la realidad fue que ley 12.862 elevó al rango de utilidad pública, lo que hasta el momento era una relación de derecho privado.

    Estima que dadas las circunstancias, la toma de posesión por parte del Estado se reduciría a un acto puramente formal, dado que lo que éste debería hacer es tomar el bien para en el mismo momento otorgarle la posesión a la Cooperativa beneficiaria.

    Se pregunta cual es el sentido de negar virtualidad expropiante al cumplimiento preciso de los fines de utilidad pública que constituyeron la ratio legis de la norma.

    Explica que la realización efectiva de la finalidad de interés general debe ser suficiente para tener por reunidos los presupuestos legales de procedencia de la acción de expropiación inversa.

    Aduce, con cita del art. 1198 del Código Civil, que el Estado no puede desdecirse de la actitud asumida al sancionar la ley, bajo el simple argumento de que no ha sido el autor material del despojo, pues ello significa ampararse en la rigurosidad de las normas para desentenderse de los hechos reales.

    Cita párrafos textuales del precedente de la Corte Suprema nacional "Compañía Azucarera", concluyendo que tal como se aprecia en el caso "la realidad debe imponerse sobre la apariencia de moldes jurídicos que fueron usados para opacar la percepción de aquel factum sustancial..."

    Asimismo invoca el voto del doctor R. en las causas Ac. 84.716 y Ac. 81.744 de esta Corte, en los que éste expresó "Nadie ha negado en autos que la ocupación de las tierras expropiadas fue realizada por particulares. Pero nadie niega tampoco, que la presente expropiación tiene por objeto la entrega de esas tierras a esos mismos particulares. Así lo declaró el Fisco al iniciar la expropiación. Se entiende entonces que el Fisco no haya tomado la posesión, y que en realidad jamás lo vaya a hacer...".

    Sostiene la existencia de restricciones a su derecho de propiedad, por la circunstancia de estar vedadas ciertas acciones para el recupero (tales como la acción reivindicatoria o el proceso penal por usurpación), las que -según explica- serían fácilmente neutralizadas con la mera invocación de la ley de utilidad pública.

    Por último invoca la doctrina de los actos propios, explicando que la sanción de la ley y sus prórrogas, crearon legítimamente -en la propietaria- una expectativa o confianza respecto a la culminación del proceso de expropiación, no pudiendo luego adoptar una posición contraria como la que el Fisco ha tomado en este proceso.

    Concluye que el peculiar supuesto de autos, encuadra en las restricciones a los derechos del propietario que menciona el art. 41 como requisito para la viabilidad de la expropiación inversa. Y finaliza "la conclusión contraria por la que se ha inclinado la sentencia impugnada, viola así el art. 17 de la Constitución nacional, toda vez que consagra una expropiación sin su contrapartida indemnizatoria...".

    Por ello, solicita se restaure en su integridad el fallo de primera instancia, incluso en lo concerniente a los intereses que manda pagar a la Provincia demandada.

  5. Adelanto que a mi juicio asiste razón al recurrente.

    1. Tal como expusiera la D.K., al dar su voto al que adherí, en la causa A. 70.913, "San Justo", sent. del 11-III-2015 -de configuración análoga a la presente-, acierta el recurrente en el punto esencial de debate esto es, la violación de su derecho de propiedad que habilita la procedencia de la expropiación inversa.

      En el caso de autos -al igual que en aquél precedente-, el Estado provincial dictó tres leyes declarando a la empresa accionante sujeta a expropiación.

      En un primer momento, la ley 12.862 declaró la utilidad pública de los inmuebles como así también los muebles y herramientas pertenecientes a la firma actora, pero el Poder Ejecutivo observó esta última parte (conf. decreto 515/2002), quedando en consecuencia segregados de la expropiación. Posteriormente, el Poder Legislativo insistió con su incorporación, a través de ley 12.894, que no fue observada por el Poder Ejecutivo.

      Al vencimiento del plazo de cinco años establecido en la primera ley para la configuración del abandono, se sancionó una prórroga por igual plazo (conf. ley 13.674).

      La totalidad de las normas tenían el mismo objeto: entregar los bienes muebles e inmuebles a la Cooperativa de empleados que se había apropiado del establecimiento para...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA