Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 26 de Abril de 2022, expediente CAF 043853/2006/CA002

Fecha de Resolución26 de Abril de 2022
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala II

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

Expte. nº43.853/2006

En Buenos Aires, a los días 26 del mes de abril de 2022, reunidos en acuerdo los Señores jueces de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para conocer respecto de los recursos interpuestos en autos: “G., G. c/ EN y otro s/ daños y perjuicios”, causa n°

43.853/2006, contra la sentencia dictada el 3 de marzo de 2021, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

La señora J.M.C.C. dijo:

  1. Que la Sra. G.G. (cuyos demás datos filiatorios y de identidad obran en autos) promovió demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional – Ministerio del Interior – Policía Federal Argentina,

    con el objeto de obtener la reparación de los daños y perjuicios padecidos como consecuencia del fallecimiento de su hija menor de edad (cuyas iniciales son R.S.), en el marco del incendio del local denominado “República de Cromañón”,

    en los hechos del 30 de diciembre de 2004, según el relato del escrito de inicio (cfr. escrito incorporado al Sistema de Gestión Judicial Lex100 con fecha 20/04/2021).

    Ello así, la accionante solicitó la percepción de la suma de $1.711.600 en concepto de daño psíquico, daño moral, valor vida – pérdida de chance, costo del tratamiento psiquiátrico y psicológico, y reintegro de gastos médicos.

  2. Que, con referencia a los sujetos intervinientes en la litis,

    procede reseñar las incidencias producidas respecto de la incorporación de los mismos.

    Por su parte, el gobierno porteño, solicitó la citación como terceros, en los términos del artículo 94 del código de rito, de una serie de personas, a saber: los Sres. C.R.D., G.I.S., O.R.S., C.Á.V., O.E.C., R.A.V., D.M.A., P.S.F., J.C.,

    E.R.D., M.D., C.T., E.A.V. y D.H.C..

    Asimismo, el Estado Nacional peticionó la citación como terceros de los Sres. O.E.C., R.A.V., D.M.A., L.F.B., P.S.F., J.C., E.R.D., M.D., E.A.V., C.F. de firma: 26/04/2022

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Torrejón, F.F., G.T., A.M.F., J.C.L., C.R.D., G.I.S. y C.Á.V..

    En cuanto aquí importa reseñar, mediante la resolución de fecha 05/02/2010 el señor Juez de grado dispuso citar como terceros en autos a los Sres.

    O.E.C., R.A.V., D.M.A., L.F.B., P.S.F., J.C., E.R.D.,

    M.D., E.A.V. y C.T.. Así también,

    se desestimó el pedido de las co-demandadas respecto a los Sres. F.F.,

    G.T., A.M.F., J.C.L., G.I.S., O.S., C.R.D. y C.Á.V. (v. fs. 492).

    En virtud del recurso de apelación interpuesto por el Estado Nacional, este Tribunal decidió con fecha 22/02/2011 admitir la citación como tercero del Sr. C.R.D. (cfr. fs.560/561).

    Por último, resta destacar que, posteriormente, se tuvo a las co-

    demandadas por desistidas de la citación de los Sres. L.F.B.,

    M.D. y O.E.C. (cfr. fs. 572, 661 y 745).

    En conclusión, y pasando en limpio el resultante de estas vicisitudes (a las que se agrega la indicada en el primer párrafo del Considerando III), en la presente causa subsistieron como demandados y terceros el G.C.B.A., el Estado Nacional y los Sres. D.M.A., P.S.F.,

    J.C., E.R.D., C.T., E.A.V.,

    D.H.C., C.R.D. y R.A.V..

  3. Que, por otra parte, corresponde señalar que con fecha 30/12/2008 el señor J. de grado rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Estado Nacional (v. fs. 461 y vta.).

    Asimismo, con fecha 11/10/2010, el Magistrado de la instancia anterior resolvió no hacer lugar al planteo de prejudicialidad efectuado por el Estado Nacional (v. fs. 618 vta.).

  4. Que, por medio de la sentencia fechada el 03/03/2021, el señor J. de primera instancia admitió, parcialmente, la demanda por cobro de indemnización por daños y perjuicios interpuesta. En consecuencia, condenó

    solidariamente al Estado Nacional, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a los Sres. D.M.A., P.S.F.,

    J.C., E.R.D., C.T., E.A.V.,

    D.H.C., C.R.D. y R.A.V..

    Fecha de firma: 26/04/2022

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

    Expte. nº43.853/2006

    En tales condiciones, ordenó el pago en favor de la actora de las sumas de: - trescientos cincuenta mil pesos ($350.000) por daño psíquico y daño moral (cfr. Considerando X.1.); - doscientos mil pesos ($200.000) en concepto de valor vida – pérdida de chance (cfr. Considerando X.2.); - quince mil pesos ($15.000) por reembolso de gastos médicos pasados (honorarios de psiquiatras y psicólogos tratantes a lo largo de los años y gastos de farmacia) y gastos en traslados de ida y vuelta a los distintos establecimientos médicos para asistir a los tratamientos y comprar medicación (cfr. Considerando X.3.); y - ciento veinte mil pesos ($120.000) en concepto de tratamiento psiquiátrico y psicológico (cfr.

    Considerando X.3.).

    Para así decidir, luego de reseñar lo actuado en sede penal, el sentenciante de grado indicó que, si bien a partir del 1º de agosto de 2015 había entrado en vigor el Código Civil y Comercial de la Nación, dado que el hecho dañoso originador de la presente demanda –sucedido el día 30/12/2004– había acaecido durante la vigencia del Código Civil derogado, la cuestión debía ser juzgada a la luz de dicha legislación, por lo que resultaban de aplicación al caso las normas del Código Civil (cfr. Considerando IV de la sentencia recurrida).

    Así las cosas, teniendo en cuenta lo resuelto en la sentencia recaída en sede penal con fecha 17/10/2012, el judicante de la instancia anterior consideró

    que ambos codemandados y los terceros citados se encontraban obligados al pago de la indemnización de manera solidaria –cfr. art. 1109 del Código Civil–,

    encontrándose la accionante facultada para reclamar el monto indemnizatorio reconocido a todos o a cualquiera de los responsables, sin perjuicio de las posteriores acciones de regreso que pudieran entablarse entre ellos.

    Sin perjuicio de ello, el Magistrado de grado indicó que correspondía dejar estipulados los porcentuales atribuibles a cada parte condenada; de acuerdo con lo siguiente: en un treinta y cinco por ciento (35%) al GCBA; en un treinta y cinco por ciento (35%) al Estado Nacional (y a su dependiente, el ex subcomisario C.R.D.; y en un treinta por ciento (30%)

    al resto de los condenados que habían intervenido en carácter de terceros (cfr.

    Considerando XII de la pronunciamiento apelado).

    En cuanto al modo en que ordenó debería efectuarse la cancelación de los créditos referidos, se establecieron una serie de pautas, a saber:

    - que el monto indemnizatorio fijado, devengaría intereses desde el 30/12/2004; ello con la excepción de los rubros de tratamiento psicológico y Fecha de firma: 26/04/2022

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    psiquiátricos futuros, en cuyo caso se previó que correrán desde la fecha de notificación del decisorio de grado y hasta su efectivo pago;

    - que los intereses indicados deberían calcularse aplicando la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina;

    Finalmente, el judicante de grado impuso las costas a las partes vencidas, dado que –según entendió– no existían razones para apartarse del principio objetivo de la derrota (artículo 68, primera parte, del C.P.C.C.N.).

  5. Que, en el contexto así descripto, la sentencia fue apelada tanto por el G.C.B.A., como por la parte actora y el Estado Nacional.

    Por su parte, el GCBA interpuso recurso de apelación con fecha 04/03/2021, concedido libremente con fecha 08/03/2020, el cual fue fundado con fecha 02/07/2021 (cfr. escrito incorporado al sistema de gestión judicial Lex100

    con fecha 05/07/2021).

    A su vez, la actora interpuso recurso de apelación con fecha 05/03/2021, que fue concedido libremente con fecha 11/03/2021, y ulteriormente fundado con fecha 05/07/2021 (según escrito incorporado al sistema Lex100 con fecha 12/07/2021).

    El Estado Nacional interpuso recurso de apelación con fecha 08/03/2021, el que resultó concedido libremente con fecha 12/03/2021, y posteriormente fundado con fecha 07/07/2021 (cfr. escrito incorporado al sistema Lex100 con fecha 12/07/2021).

  6. Que, respecto de los agravios traídos a esta instancia por el G.C.B.A., corresponde señalar que en su memorial vierte cuatro cuestionamientos:

    i) En primer término, el G.C.B.A. se agravia en tanto entiende que el señor J. de grado consideró la ayuda económica efectuada por su parte –

    mediante el subsidio creado por el decreto del GCBA n° 692/2005–, pero no fundamentó de qué forma repercutiría dicho reconocimiento en la condena discernida.

    En virtud de ello, peticiona a esta Alzada que, en caso de considerar que su representada deba responder por el fallecimiento la Srta. R.S.,

    determine la consecuencia de dicha ayuda en la proporcionalidad pertinente.

    ii) Como segundo agravio, estima que el monto fijado en concepto de “incapacidad” resulta desproporcionado y carente de respaldo científico respecto del baremo actual.

    Fecha de firma: 26/04/2022

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II

    Expte. nº43.853/2006

    Sobre este punto, indica que, si bien el 40% de incapacidad determinado por el especialista en Psiquiatría Dr. E.D.H., fue reducido por los expertos actuantes en autos al 25 %; lo cierto es que, aun tal grado de incapacidad, luce como el máximo porcentaje de discapacidad que una persona puede soportar para el manejo de su vida. Ello así, estima que, en caso de existir tal grado de minusvalía, no permitiría a la Sra. G. “hacer nada, ni podría siquiera...

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