Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala III, 7 de Febrero de 2012, expediente 14.175

Fecha de Resolución 7 de Febrero de 2012
EmisorSala III

Causa N° 14.175 “D.G.,

Cámara Federal de Casación Penal Jorge Omar s/recurso de casación” -Sala III C.F.C.P.-

REGISTRO N°14/12

n la Ciudad de Buenos Aires, a los siete días del mes de febrero de dos mil doce, se reúnen los miembros de la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal, doctores E.R.R., L.E.C., y Raúl R.

Madueño, bajo la presidencia del primero de los nombrados, asistidos por la Secretaria de Cámara, doctora M. de las Mercedes López Alduncin, con el objeto de dictar sentencia en la causa n° 14.175 del registro de esta Sala,

caratulada “D.G., J.O. s/recurso de casación”. Representa al Ministerio Público el señor F. General doctor J. De Luca, y ejerce la defensa de J.O.D.G. el doctor D.E.M..

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto,

resultó que debía observarse el siguiente orden: doctor E.R.R.,

doctora L.E.C. y R.R.M..

VISTOS

Y CONSIDERANDO:

El señor juez doctor E.R.R. dijo:

PRIMERO
  1. Llega la causa a conocimiento de esta Alzada a raíz del recurso de casación interpuesto por la defensa de J.O.D.G., a fs. 27/46,

    contra la resolución de fecha 26 de abril del corriente año, obrante a fs. 19/23,

    dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de esta ciudad, en cuanto resolvió “

    I) RECHAZAR el planteo de prescripción de la acción penal y el consecuente sobreseimiento efectuado por la defensa de J.O.D.G.,

    al que adhiriera la defensa de J.A.G., CON COSTAS...“.

  2. El Tribunal de mérito concedió el remedio impetrado a fs. 49/50, el que fue mantenido en esta instancia a fs. 60.

  3. En su presentación, el recurrente encauza sus agravios en los motivos previstos en el artículo 456 inciso 2° del Código Procesal Penal de la Nación, señalando que los mismos consisten en “Inobservancia de las formas sustanciales del proceso” y en arbitrariedad de la resolución impugnada.

    Sobre el primero de ellos, indica que respecto de su asistido “...se violaron las disposiciones de jerarquía constitucional (CN, 72, inciso 22) -sic-

    contenidas en el artículo 14.3 ‘c’ PIDCYP, que consagra el derecho de ‘toda persona acusada de un delito ... c) de ser juzgada sin dilaciones indebidas...’. Lo mismo ocurre, con la Convención Americana de Derechos Humanos (...) en el art.

    8.1, que dispone que ‘toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,

    independiente e imparcial’. Ello, en conjunción con los artículos 1.1., 2 y 68.1 de la CADH, de la que surge la obligatoriedad de la aplicación de los criterios jurisprudenciales de la CIDH, y el artículo 18 (CN) que resguarda las garantías de debido proceso.”

    Cita en su apoyo abundante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relativa a los criterios allí fijados sobre la violación al plazo razonable de duración de los procesos penales.

    En concreto, indica que “...el alcance que habrá de dársele al instituto del plazo razonable para la solución será identificando en primer término a) la complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado y c) conducta de las autoridades judiciales.”

    Sobre el primer supuesto, esto es, la complejidad del asunto, la defensa presenta sus argumentos tendientes a demostrar por qué, a su criterio estamos frente a una causa sencilla, y no como se asentó en la decisión recurrida,

    de un caso complejo. Sobre el particular, señala que “...en esta causa se le imputa a J.O.D.G. un caso de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública previsto por el artículo 173 inciso 7° en función del artículo 5° del CP (...), comprensiva de dos hechos y la supuesta intervención en grado de partícipe de una tercera.”

    Señala que “...se trata de una defraudación por administración fraudulenta durante la gestión de dos presidentes a cargo de la empresa Menir S.A., quienes a su turno habrían suscripto uno (D.G.) dos contratos de ventas sin la intervención de la entidad fiduciaria y participado en la confección de un tercero, y otro (G.) en la intervención de una sola operación. No existe más complicación o más sencillez que la que se acaba de mencionar”

    Continúa diciendo el recurrente en relación a este supuesto, que “...por las pruebas acumuladas, (...) aquí se ha limitado a la declaración de solo cinco (5) damnificados de las treinta y tres personas originalmente previstas, pero en todo caso dentro de los primeros dos años de iniciada la causa. Lo mismo sucede con las pruebas arrimadas debido a los dos (2) allanamientos realizados Causa N° 14.175 “D.G.,

    Cámara Federal de Casación Penal Jorge Omar s/recurso de casación” -Sala III C.F.C.P.-

    en los primeros meses de la instrucción”

    En el mismo sentido, indica que “El resto de la información será

    provista por los propios apoderados del denunciante. Todo lo cual, hubiera podido ser recabado en los plazos que el artículo 207 del CPPN autoriza para concluirla si hubiera existido pericia.”

    Concluye sus argumentos, en este punto, sosteniendo que “...aún cuando debía hacerse y queda pendiente, no se realizó un peritaje contable para determinar la maniobra fraudulenta imputada sobre las cuentas de fideicomiso en el que se realizaron los aportes.”

    Sobre el segundo supuesto invocado, esto es, la actividad procesal del interesado, dice que “[La] conclusión a la que arriba el Tribunal, es cuanto menos -nuevamente- apresurada, porque de las constancias de la causa surge que el tiempo insumido en las apelaciones fue producto de la actividad de la Fiscalía y de los órganos judiciales.”

    En concreto, y para sostener su postura menciona que como consecuencia de “...la apelación del Fiscal (29/9/2007) de la falta de mérito de J.G. (fs. 627) y de la actuación de los órganos judiciales hasta la revocatoria por la Cámara (fs. 698/699) y su notificación, se emplearon aproximadamente seis meses, siendo ajenos las defensas.”

    Agrega que “La segunda apelación, también (...) realizada por el Fiscal (fs. 732) al apelar el sobreseimiento de los Somozas -padre e hijo- y por el sobreseimiento parcial a J.O.D.G. (fs. 713/731), el que es concedido y se ordena la formación del correspondiente incidente (fs. 737)”

    Con posterioridad, manifiesta que el expediente principal fue requerido por la Cámara Federal con fecha 25 de marzo de 2009, la Sala I de esa Cámara resolvió la apelación, la que a su vez fue notificada al recurrente el día 5

    de mayo de aquél año.

    En síntesis, manifiesta que “...desde el 26/06/2008, fecha de concesión de la apelación articulada por el Fiscal (fs. 738) y hasta la notificación de la decisión de la Cámara el 05/05/2009 (fs. 890), la causa sufrió una demora de once (11) meses, ya que en el medio sólo se ordenó la realización de un informe ambiental.”

    Luego, reseñó el trámite de la tercera apelación, que en este caso fue con motivo de un recurso interpuesto por el recurrente, en relación al rechazo a la nulidad del requerimiento de elevación a juicio y de falta de competencia (excepciones interpuestas al momento de contestar la vista que le fuera corrida en los términos del artículo 349 del Código Procesal Penal de la Nación).

    Sobre el particular, indica que “...fue la actuación del órgano judicial el que consideró que ‘la remisión del expediente principal no entorpecería en modo alguno el curso del proceso -art. 452 del CPPN a contrario sensu-’ y por lo tanto dispuso elevar la causa a ‘la Secretaría General de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal’. Por su parte el 07/07/2010 la Cámara Federal confirmará la resolución apelada y devolverá los autos al juzgado instructor continuando con el trámite posterior”

    Es decir, que desde la concesión del recurso (13/10/2009), hasta que fue notificado de la resolución de la Cámara Federal (02/08/2010),

    transcurrieron otros diez meses, lo que a juicio del recurrente son “...no imputables a nuestra parte”.

    Por último, y al detallar las conductas de las autoridades judiciales,

    realiza una crítica a la resolución recurrida en cuanto allí se sostuvo que la demora en la tramitación se debió también a “...la cantidad de informes que fue necesario recabar y analizar a partir de las conductas investigadas.”

    Sobre esto, explica que “...los informes que se requirieron fueron aportados por la denunciante, y en todo caso la demora se debió a la desidia en su suministro y a la impericia del sumariante, quien en lugar de decidir en uno, dos o tres decretos todas las medidas, necesitó de más de once presentaciones del apoderado -Sagasta; Bravo Zamora y L.U.-, citándolos en más de 23

    oportunidades incluidas las reiteraciones por incomparecencia.”

    A su juicio, “Lo anterior, explica en parte los diez (10) años de duración del proceso.”

    Luego refiere que el plazo estipulado en el artículo 207 del ordenamiento procesal fue incumplido sistemáticamente en aproximadamente dieciocho oportunidades, y ante lo cual efectúa un minucioso análisis de todos los actos, que a criterio del impugnante, constituyeron demoras injustificadas en el trámite de la causa. -v. fs. 32 vta./34-

    Concluye diciendo que “...los datos apuntados acreditan objetivamente que se ha excedido el plazo razonable para el juzgamiento de una persona pues nada indica que el tiempo transcurrido justifique la demora.”

    En último término y en relación al segundo agravio introducido,

    sostiene que todo lo reseñado en los tres supuestos invocados (complejidad del asunto, actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales) tornan en arbitraria la resolución impugnada, ya que “...solo contiene Causa N° 14.175 “D.G.,

    Cámara Federal de Casación Penal Jorge Omar s/recurso de casación” -Sala III C.F.C.P.-

    fundamentos aparentes que no son fruto de una derivación razonada de los hechos y el derecho aplicable al caso, comprometiendo de tal forma el derecho al ejercicio a una efectiva defensa y el debido proceso legal, lo que conlleva a la nulidad...

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