Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, 23 de Octubre de 2018

Fecha de Resolución23 de Octubre de 2018
EmisorCorte Suprema de Justicia
Cita697/18
Número de CUIJ21 - 511045 - 6

Reg.: A y S t 286 p 199/211.

En la ciudad de Santa Fe, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil dieciocho, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, doctores D.A.E., R.H.F. y E.G.S., con la presidencia de su titular doctor R.F.G. a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "GÉLVEZ, E.G. -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN AUTOS: 'GÉLVEZ, ELÍAS GERMÁN S/ ROBO CALIFICADO POR USO DE ARMA DE FUEGO APTA PARA EL DISPARO EN GRADO DE TENTATIVA Y PORTACIÓN ILEGÍTIMA DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL, EN CONCURSO REAL'- (CUIJ 21-06192142-4) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA PARCIALMENTE ADMITIDA)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511045-6). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores E., Falistocco, G. y S..

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor E. dijo:

  1. A los fines de una acabada comprensión de la cuestión a decidir, cabe en primer término relatar las constancias de la causa que se vinculan con ella:

    1.1. Por resolución 843, del 15 de octubre de 2015, la Jueza del Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de Rosario, doctora Canavesio, en lo que aquí interesa, dió los fundamentos por los que condenó a E.G.G. como autor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por uso de arma de fuego apta para el disparo en grado de tentativa y portación ilegítima de arma de fuego de uso civil en concurso real, a la pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva, accesorias legales y costas (arts. 166, inc. 2, párrafo 1 en función del 42 y 189 bis, inc. 2, párrafo 3 en función del 45 y 55 y 40, 41, 12 y 29, inc. 3, C. y 161, 332, 333, 334, 335 y 448, C.P.P.). Asimismo, en la referida sentencia se expresó: "...firme el presente decisorio, dispónese el inmediato traslado del condenado a una Unidad Penitenciaria, cesando de este modo la modalidad morigerada de cumplimiento de la prisión preventiva vigente, debiendo hasta entonces la autoridad encargada de su custodia extremar las medidas de seguridad; librándose oficio a tales fines por la OGJ; y ponerse oportunamente las actuaciones y el condenado a disposición del Juzgado de Ejecución Penal..." (fs. 198/220v., expte. ppal.).

    En tren de fundar este último aspecto, la Magistrada explicó que la situación del imputado no encuadraba "...en las previsiones legislativas que autorizan por razones humanitarias su cumplimiento en su domicilio; beneficio que le fuera otorgado mientras gozaba del estado de inocencia y que, en este estadio, sólo corresponde analizar una vez sometido al régimen de progresividad que establece la ley de ejecución penal" (fs. 220/v., expte. ppal.).

    1.2. Apelada esta decisión por la defensa del imputado -oportunidad en la cual solicitó el mantenimiento de la modalidad morigerada de prisión preventiva con fundamento en que la condena no estaba firme-, se abrió el recurso y se celebró la respectiva audiencia.

    En ella, la interesada manifestó que el justiciable tenía veinte años y que hacía diez meses que estaba cumpliendo prisión domiciliaria, peticionando, para el caso de que no se hiciera lugar a sus restantes agravios y se confirmara la condena, que se mantuviera la morigeración. Por su parte, el F. solicitó que si se confirmaba el fallo, el cumplimiento de la pena se realizara en un Instituto Penitenciario.

    1.3. Los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, doctores I.A., C. y L., por acuerdo 72, del 22 de febrero de 2016, convalidaron la sentencia y dispusieron "...el inmediato encarcelamiento del condenado para el cumplimiento de la pena impuesta, confirmando el cese de la prisión preventiva domiciliaria en curso, con remisión a una Unidad del Servicio Penitenciario de esta jurisdicción...".

    Para fundar este último punto -no mantenimiento de la situación cautelar de la que venía gozando el acusado hasta ese momento- expresaron que la confirmación por la Alzada de la condena dictada en primera instancia, si bien lógicamente no conllevaba por sí su firmeza, sí configuraba una sentencia definitiva directamente ejecutable -salvo ulterioridades del caso que no concurrían en el momento-, por lo que correspondía avalar también el cese de la cautelar en curso, disponiendo la detención inmediata del condenado para el cumplimiento ordinario de la pena confirmada.

    1.4. Contra este pronunciamiento, interpuso la defensa técnica del imputado, recurso de inconstitucionalidad.

    Como primera causal de descalificación del fallo, postuló arbitrariedad en la actividad decisoria, señalando que el acta de procedimientos fue realizada en violación de las formas legales establecidas en el Código Procesal Penal. Al respecto, refirió que tal documento se encontraba firmado únicamente por el personal policial que lo labró, pero no por testigo ajeno a la repartición policial, aduciéndose como motivo suficiente para prescindir de tal recaudo el hecho de haberse redactado en horas de la madrugada y no haberse encontrado circulando persona alguna.

    Criticó la argumentación ensayada por los Jueces de la causa para desechar su pedido de invalidez del procedimiento. Explicó que de la declaración del empleado de la estación de servicios producida en el debate surgía que ésta se encuentra a 50 metros del lugar del hecho, que estaba abierta y con personal presente. Agregó que incluso el propio agente policial había manifestado que estaba trabajando una persona a 20 metros del lugar en una estación de servicios abierta al público y que no convocó a ningún testigo porque no lo creyó necesario.

    En segundo lugar, planteó arbitrariedad de la resolución, en el entendimiento de que resultó ilegal el secuestro del arma de fuego, y por tanto, no correspondía su valoración como elemento de cargo. Relató que no puede aceptarse una condena a 4 años y 6 meses de prisión por los delitos atribuidos, cuando el presunto arma no sólo habría sido incautado sin la presencia de testigos violando garantías constitucionales, sino que, además, tampoco fue ofrecido como prueba para el debate, por lo que no se pudo comprobar su existencia, habiéndose utilizado como fundamento de la decisión judicial una evidencia que no se incorporó en el juicio.

    Concluyó que no existían elementos de convicción suficientes para acreditar el secuestro de un arma de fuego, contando sólo -a su criterio- con una tendenciosa actuación policial que como mínimo debió dejar al J. en un estado de duda que obligaba a absolver al encartado.

    Como tercer agravio, criticó la mensuración de la pena llevada a cabo por el Tribunal. Sostuvo que la Jueza en el proceso de cuantificación de la sanción había omitido valorar las circunstancias atenuantes planteadas por su parte y acreditadas en el debate, violando de este modo -entendió- lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del Código Penal.

    En este sentido, reprobó que se mencionara el impacto psíquico de las denunciantes cuando ninguna había hecho referencia a ello, ni ningún profesional de la salud declarado al respecto. Asimismo, cuestionó que la contención familiar fuera valorada como agravante, considerando indebida la...

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