Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 17 de Marzo de 2022, expediente CAF 003814/2020/CA001

Fecha de Resolución17 de Marzo de 2022
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala III

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III

3814/2020 GCI SA TF 29494-A Y OTRO c/ DGA s/RECURSO

DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO

Buenos Aires, de marzo de 2022.- SMZ

VISTOS:

Los recursos de apelación interpuestos por la co-actora (importadora) a fs. 394 y por la co-actora (aseguradora) a fs. 395

contra el pronunciamiento de fs. 375/386 vta., fundados por los memoriales de fs. 397/405 y fs. 407/432; los cuales fueron contestados por la demandada a fs. 442/4540 vta. y fs.454/ 462 vta.

respectivamente; y,

CONSIDERANDO:

I.Q., el Tribunal Fiscal de la Nación por sentencia obrante a fs. 375/386 resolvió (i) confirmar el artículo 1º de la resolución DE PRLA 8033/2009, recaída en el expediente administrativo SIGEA nº 12034-6896-2008, declarando que la multa por infracción al art. 970 del C.A, en relación a la mercadería importada mediante la DIT 98 001 IT04 000066 K, asciende a la suma de $473.926,38 y, (ii) confirmar parcialmente el artículo 3º de la misma resolución, declarando que el importe de tributos adeudados asciende a la suma de $236.963,15 con más CER aplicable a la fecha de pago, y de $147.172,33 sin la inclusión de dicho coeficiente, todo ello sin perjuicio de los intereses devengados hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos de los artículos 794, 1101, y 1103 del CA.

Para así resolver, en apretada síntesis, rechazó el planteo de nulidad de la aseguradora, en tanto no cabe duda que la misma garantizó la obligación tributaria respecto de la operación en trato y asumió las obligaciones de co-deudor. Señaló, asimismo, que conforme el tipo de responsabilidad adoptada, el servicio aduanero podía dirigir su acción contra la UTE o contra cualquiera de las dos Fecha de firma: 17/03/2022

Firmado por: S.G.F., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: S.M.M., SECRETARIA DE CAMARA

Firmado por: C.M.G., JUEZ DE CAMARA

empresas que conformaban la UTE, tanto en forma conjunta o separada. También, sostuvo que resultaba improcedente la aserción de la aseguradora acerca que la producción del siniestro no acaeció por no haber verificado la aduana su crédito en la quiebra de la importadora.

Por otro lado, entendió que no resultaba controvertido que la UTE V.A.G.S. y Energoprojekt Niskogradnja S.A documentó la importación temporaria de diversas de máquinas y aparatos de elevación por el plazo de dos años, cuyo vencimiento operaba el 18/01/00.

Resaltó que surge de la actuaciones que la UTE

solicitó una prórroga del plazo, sin haber obtenido respuesta del servicio aduanero. Sin embargo, sostuvo que el 03/10/2001 la Sección de Procedimientos Técnicos, consideró que, habiéndose presentado en tiempo y forma la solicitud, correspondía autorizar la reexportación, otorgando el plazo perentorio de 20 días contados a partir de la notificación de la presente, en los términos del artículo 266 CPCC.

Indicó que uno de los argumentos principales de la co-recurrente G.C.I S.A radicaba en la imposibilidad de reexportar la mercadería en infracción por un hecho de fuerza mayor, no imputable a la partes.

Por lo que destacó que el Ministerio de Infraestructura y Vivienda dictó la resolución nº 4/2000, por la que dispuso revocar la adjudicación de la obra a la UTE y, en consecuencia, rescindir el contrato de obra pública y autorizar a la Secretaría de Obras Públicas a tomar posesión de la maquinarias afectadas a la obra. Además, manifestó que el 29/06/01 la Secretaría de Obras Públicas dictó la resolución nº 121, disponiendo la incautación de los bienes afectados por la UTE a la obra.

Fecha de firma: 17/03/2022

Firmado por: S.G.F., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: S.M.M., SECRETARIA DE CAMARA

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Razonó que no caben dudas acerca del accionar negligente de quien resultó ser beneficiario de un régimen especial.

Agregó que lo cierto es que aún si el servicio aduanero hubiera otorgado la prórroga por el plazo solicitado el vencimiento del nuevo plazo hubiera operado en el mes de enero del año 2001.

De modo que, apuntó, sin ahondar en las causales y la responsabilidad que conllevaron a la mencionada incautación, que la misma se produjo a fines del mes de junio de 2001, momento en el que ya se hubiera encontrado vencido el plazo prorrogado. Por lo que, aun considerando la incautación de la maquinaria como causal de fuerza mayor, la firma importadora incurrió en la infracción imputada ya que tal hecho se produjo con posterioridad al vencimiento del plazo para la permanencia de la mercadería importada temporariamente y su eventual prorroga.

Por otra parte, desestimó el planteo relativo a la prescripción de la acción en virtud del concurso preventivo de la importadora, en tanto dicha circunstancia no veda al órgano competente de la determinación de obligaciones tributarias o la aplicación de sanciones, cuestiones que no resultaban atraídas ni por el concurso ni por la quiebra.

Respecto del alcance de la responsabilidad de la aseguradora, mencionó que la póliza de seguro de caución No.

444.382 aseguró al servicio aduanero el pago de la suma máxima de U$S 430.000; asimismo, señaló que la misma responde por todos los tributos adeudados por la importadora que gravan la mercadería al producirse el siniestro, con más los intereses.

Por otro lado, sostuvo que deben ser desestimados los agravios vertidos por la aseguradora respecto de la exigencia de impuestos internos, en tanto resaltó que del cuerpo del Fecha de firma: 17/03/2022

Firmado por: S.G.F., JUEZ DE CAMARA

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DIT contemplaba para la estimación del monto a garantizar el I.V.A,

las percepciones de I.V.A adicional y del Impuesto a las Ganancias.

En otro orden de cosas, entendió que correspondía la aplicación del coeficiente CER en la suma de $

236.963,15 y sin inclusión por la suma de $147.172,33, con más los intereses devengados en las términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del CA.

Por último, en cuanto al quantum de la multa,

sostuvo que la graduación de la multa en dos veces el importe de tributos que gravan la importación para consumo, era ajustada a derecho.

II.Q. frente a tal decisión apelan las dos co-

actoras.

La empresa CGI S.A, en primer lugar se agravia que no les ha sido otorgada la prórroga debidamente solicitada. En este sentido, afirma que la circunstancia que la Aduana no se haya expedido, jamás puede interpretarse como que la prórroga efectivamente solicitada fue concedida por un tiempo determinado, tal como conjetura el a quo.

Sostiene que el silencio de la administración en relación a la concesión de la prórroga debe ser interpretado como la continuidad del plazo de permanencia hasta tanto se expida el servicio aduanero y no la configuración de la infracción del art. 970 del CA.

Concluye que la resolución 121/01 de la Secretaria de Obras Públicas,

por la que se ordenó la incautación de la mercadería, fue aportada a la causa mientras el plazo de la importación temporal se encontraba vigente, por lo que correspondía que sea tenido en cuenta la situación de fuerza mayor que sufrió la importadora.

Entiende que debe evaluarse si hubo culpa en el accionar, en tanto el sistema de responsabilidad consagrado en el Fecha de firma: 17/03/2022

Firmado por: S.G.F., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: S.M.M., SECRETARIA DE CAMARA

Firmado por: C.M.G., JUEZ DE CAMARA

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3814/2020 GCI SA TF 29494-A Y OTRO c/ DGA s/RECURSO

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Código Aduanero gira en torno al principio penal “no hay pena sin culpa”. Aclara que no se está frente a un actuar negligente.

Agrega a ello que la mencionada resolución 121/01 es prueba suficiente de la imposibilidad de reexportar la mercadería negociada. En función de ello, señala que el sentenciante no reparo en que la obligación de reexportar resultó de cumplimiento imposible por cuestiones ajenas a su voluntad.

Para reforzar su postura, cita jurisprudencia de la aduana correspondiente a operaciones similares que –a su parecer-

resultarían aplicables, en supuestos donde se absolvió a la firma de la multa endilgada.

Por último, sostiene que resulta inaplicable el coeficiente CER.

III.Q., a su turno, la aseguradora, en primer lugar, se queja que el Tribunal le otorga la calidad de “co-deudor” y,

en consecuencia, lo convierte en “liso, llano y primer pagador”,

siendo que tal calificación no resulta ni de la póliza otorgada ni de la causa.

Reitera, al igual...

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