Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 18 de Abril de 2012, expediente 14.904

Fecha de Resolución:18 de Abril de 2012
 
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CAUSA Nro. 14904- SALA IV

G.B., L. s/recurso de casación Cámara Federal de Casación Penal REGISTRO NRO. 540/12 .4

la ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de abril del año dos mil doce, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor M.H.B. como P. y los doctores J.C.G. y G.M.H. como Vocales, asistidos por el Secretario actuante a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 32/39vta. de la presente causa N..

14.904 del registro de esta Sala, caratulada: “G.B.

s/recurso de casación"; de la que RESULTA:

I. Que la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes,

provincia homónima, en la causa N.. 8616-2/11 de su registro –por resolución Nro. 3473-, con fecha 7 de septiembre de 2011, confirmó la resolución del Juzgado Federal de Paso de los Libres que denegó la excarcelación solicitada a favor de L.G.B. (cfr. fs. 30/31 del presente incidente).

II. Que contra dicha resolución interpuso recurso de casación el Defensor Oficial “Ad Hoc”, doctor J.R.M., asistiendo a la nombrada (fs. 32/39vta.), el que fue concedido por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes a fs. 42/42vta.

III. Que el impugnante encauzó el remedio casatorio en la vía de lo previsto por los inc. 1) y 2) del art. 456, y el artículo 457 del C.P.P.N.

Expresó que la denegatoria de la resolución recurrida causa gravamen irreparable no susceptible de reparación ulterior y por lo tanto es equiparable a sentencia definitiva, en los términos del art. 457 del C.P.P.N.

Consideró que en la resolución recurrida es nula toda vez que es violatoria de lo dispuesto por el artículo 123 del C.P.P.N. en orden al requisito de motivación. Continuó su relato expresando que el auto cuestionado causa agravio por cuanto se efectuó una valoración arbitraria del hecho y de las constancias de la causa.

Criticó que en el pronunciamiento la Cámara Federal de Apelaciones tuviera en cuenta, como argumento impeditivo de la concesión del beneficio solicitado, los antecedentes penales de la imputada –condena cumplida parcialmente y libertad condicional obtenida- , presumiéndose una declaración de reincidencia, en cuanto ello más allá de que resulta violatorio de los principios constitucionales básicos - inocencia, ne bis in idem y culpabilidad-, no pone de manifiesto ningún comportamiento objetivo que permita avizorar que se asistida eludirá la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones judiciales.

También atacó que se ponderara a fin de denegar el beneficio excarcelatorio, la condición de ciudadana extranjera de nacionalidad paraguaya de su defendida, sin domicilio fijo en nuestro país, circunstancia que, a su entender, por sí sola no constituye un obstáculo procesal para otorgarle su libertad, toda vez que puede proponer un domicilio de un connacional suyo en nuestro país como lugar de residencia.

Además señaló que el resolutorio en crisis resulta nulo por desobedecer la doctrina obligatoria que emana de la sentencia plenaria de esta Cámara,“D.B.”, en la cual se resolvió que “no basta en materia de excarcelación o eximición de prisión para su denegación la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la libertad superior a los ocho años (arts. 316 y 317 del C.P.P.N.), sino que deben valorarse en forma conjunta con otro parámetros tales como los establecidos en el art.

319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal”.

Adujo que la denegatoria de la libertad efectuada por el Tribunal “a quo” no satisface la exigencia de motivación suficiente que permita reputarla como acto jurisdiccional válido, tal como dispone el citado P.. Que, concretamente, no analiza los extremos más importantes para CAUSA Nro. 14904- SALA IV

G.B., L. s/recurso de casación Cámara Federal de Casación Penal denegar el pedido: peligro de fuga y entorpecimiento de las investigaciones,

siendo violatoria del derecho de permanecer en libertad durante el proceso,

el cual se halla garantizado por el artículo 18 de la C.N:, art. 7 CADH y art.

9 PIDCYP”.

En aval a su postura, puso de relieve la jurisprudencia sentada por el máximo Tribunal en el fallo “Bonsoir” (Fallos: 312:185), en el que se aludió al riesgo de utilizar afirmaciones dogmáticas para fundar los peligros a los que aludía el art. 380 del anterior código procesal, como así también repasó lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al expedirse en el Informe de Fondo 2/97.

Por otra parte, planteó la inconstitucionalidad del párrafo 9 del artículo 77 del Código Penal, y de los artículos 40 y 41 de la ley 23.737, en virtud que el artículo cuestionado contiene una expresa delegación a favor del P.E.N. para que éste determine cuáles son (y cuales no) las sustancias que revisten la condición de estupefacientes, expresando que “que este modo, los distintos tipos penales previstos en la ley 23.737 se configuran a pura voluntad del P.E.N.”., transgrediéndose lo dispuesto en el artículo 76,

en la Disposición Transitoria 8ª y en el artículo 99, inciso 3º, de la C.N.

Solicitó en definitiva, se revoque el auto en crisis y, en consecuencia, se conceda la libertad a su defendida L.G.B.,

bajo caución juratoria o bajo condiciones que se estimen adecuadas al caso.

Formuló reserva de acudir ante la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, según lo dispuesto en el art. 14 de la ley N° 48.

IV. Que, luego de celebrada la audiencia prevista por el art. 465

bis en función de los artículos 454 y 455, todos del C.P.P.N., -modificados por ley 26.374-, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas.

Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto,

resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Gustavo M.

Hornos, M.H.B. y J.C.G..

El señor juez G.M.H. dijo:

I. Ya he tenido oportunidad de señalar (cfr. de esta S.I.:

causa N.. 1893, AGRECO, S.M. s/recurso de casación@, Reg.

N.. 2434, rta. el 25/2/00; causa N.. 2638, ARODRÍGUEZ, R. s/recurso de queja@, Reg. N.. 3292, rta. el 6/4/01 y causa N.. 3513,

AVILLARREAL, A.G. s/recurso de casación@, Reg. N.. 4303,

rta. el 4/10/02) que a esta Cámara Nacional de Casación Penal compete la intervención en cuestiones como la aquí planteada, en la que la resolución recurrida resulta restrictiva de la libertad y susceptible de ocasionar un perjuicio de imposible reparación ulterior, habiéndose alegado la violación de garantías constitucionales y la arbitrariedad de la sentencia; y por cuanto,

no sólo es el órgano judicial Aintermedio@ a quien ha sido confiada la reparación de los perjuicios irrogados a las partes en instancias anteriores,

sin necesidad de recurrir ante la Corte Suprema, sino también porque su intervención -atento a su especificidad- aseguraría que el objeto a revisar por el Máximo Tribunal fuese Aun producto seguramente más elaborado@

(cfr. Fallos 318:514, in re AGiroldi, H.D. y otro s/recurso de casación@; 325:1549; entre otros). Y ello así, aún en los supuestos en los que no entre en cuestión la cláusula del artículo 8, apartado 2°, inc. h, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (cfr. disidencia de los jueces P. y B. en el precedente de Fallos 320:2118, in re ARizzo, C.S. s/inc. de exención de prisión -causa nro. 1346", del 3 de octubre de 1997 y, entre otros, sentencia dictada en el caso H.101.X.A., E.A. y otros s/sustracción de menores, incidente de excarcelación de E.E.M., del 23 de marzo de 2004, y esta Sala IV, causa Nro. 4512,

ASANABRIA FERREIRA, S. s/recurso de queja@, Reg. Nro. 5613,

rta. el 15/4/94).

Esta postura que he venido reiterando en diversos precedentes fue finalmente sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos A.@ (ya citado) y ADi Nunzio, B.H. CAUSA Nro. 14904- SALA IV

G.B., L. s/recurso de casación Cámara Federal de Casación Penal s/excarcelación@ (D.199.XXIX), por lo que cabe ingresar al tratamiento de los agravios traídos a estudio por la defensa de V..

Por otra parte, ya he sostenido que en los casos en que el embate dirigido por el recurrente contra la prisión preventiva (en este caso el rechazo de la excarcelación) se efectúe respecto de la evaluación probatoria y la calificación legal otorgada al hecho objeto de proceso por el instructor y la Cámara de Apelaciones, y siempre que esa parte no haya demostrado la concreta violación las garantías constitucionales relativas a las reglas del debido proceso y defensa en juicio, no son equiparables a sentencia definitiva, a los fines de la procedencia del recurso de casación.

Asimismo resalté que no resultan aquellos agravios la vía directa para reclamar la reparación del gravamen contra la libertad personal (cfr. informe nº 55/97, caso 11.137, “J.C.A.”, argentina, 18 de noviembre de 1997, par. 252, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y caso “H.U. vs. Costa Rica”, sentencia del 2 de julio de 2004, par. 158, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya citados) sino, estrictamente, el reclamo que tendrá como objeto de conocimiento y decisión la concreta fundamentación, a la luz de las específicas reglas contenidas en las disposiciones procesales regulatorias de la detención con fines cautelares, de la orden judicial de privación de la libertad del causante; cuestión ésta que ha sido equiparada a definitiva a los efectos aquí analizados en atención al sustancial e irreparable gravamen que genera el encierro (entre otros efectos negativos de la prisión preventiva) y establecida como competencia concreta del recurso de casación por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “DI NUNZIO, B.H. s/excarcelación –causa nº 107.572-“ (D.199.

XXXIX. 03/05/2005) y “REAL

DE AZÚA, E.C. y otros s/asociación ilícita –causa Nº 28-

(R.1013. XL); entre otras. Pues, así las cosas, contará la parte a...

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