Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala I, 5 de Mayo de 2021, expediente CCF 016460/2004/CA002

Fecha de Resolución 5 de Mayo de 2021
EmisorCamara Civil y Comercial Federal- Sala I

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

CCF 16460/2004/CA2 -S.

  1. “GARCÍA JORGE RICARDO Y OTROS C/

    ESTADO NACIONAL PODER EJECUTIVO Y OTROS S/ PROCESO DE

    CONOCIMIENTO”

    Juzgado N° 8

    Secretaría N° 16

    En Buenos Aires, a los días del mes de mayo de 2.021, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la S. I de esta Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe, y de conformidad con el orden del sorteo efectuado,

    el juez F.A.U. dijo:

    1. Los actores, señores J.R.G., O.T. y D.H.T., trabajadores de la Administración General de Puertos que fueron transferidos a la Terminal Portuaria n° 5, Buenos Aires Container Terminal Services S.A. –“BACTSSA”, en adelante–, promovieron demanda el 27 de diciembre de 2004

      contra el Estado Nacional, reclamando –en síntesis–resarcimiento por la privación de los bonos de participación en las ganancias que les hubiera correspondido y entrega de tales bonos, con más daño moral, intereses y costas (ver fs. 76/85 y 147/156).

      A fs. 209/222 se presentó el Estado Nacional – Ministerio de Economía y Producción –“Estado Nacional” en lo sucesivo–, contestó demanda, opuso excepciones de falta de legitimación pasiva y de prescripción, solicitó el rechazo de la acción con costas y pidió la citación como tercero de BACTSSA (Terminal N° 5).

      Luego de admitida a fs. 280/281 la citación de tercero referida,

      compareció BACTSSA a fs. 378/396, interpuso excepción de prescripción y solicitó se rechace la demanda con costas.

    2. La sentencia de fs. 1244/1255 hizo lugar a la demanda entablada, y condenó al Estado Nacional y BACTSSA a abonar a O.T., D.H.T. y los sucesores de J.R.G. las sumas que correspondan según las pautas indicadas en el considerando X del fallo, con sujeción a lo que determine el perito contador designado en autos en la etapa de ejecución, y distribuyó la costas del proceso en el orden causado.

      Fecha de firma: 05/05/2021

      Alta en sistema: 07/05/2021

      Firmado por: F.A.U., JUEZ DE CAMARA

      Firmado por: A.S.G., JUEZ DE CAMARA

      Firmado por: G.A.A., JUEZ DE CAMARA

      El juez de primera instancia juzgó aplicable al caso el plazo residual de prescripción de diez años establecido en el artículo 4023 del Código Civil –cuerpo normativo que entendió rige en este proceso en virtud del tiempo en que se produjeron los hechos de la causa–, y estableció el punto de partida para el cómputo de dicho plazo en la fecha de transferencia de los recursos humanos de la Administración General de Puertos –de aquí en más, “AGP”– a la nueva empresa concesionada.

      Evaluó, asimismo, que el reclamo administrativo formulado por los actores en el expediente 080-003230/96 constituía una interpelación apropiada y tenía efectos suspensivos de la prescripción por el período de un año, en los términos del artículo 3986, parte, del derogado Código Civil. Por ello, ponderando que el Sr. D.T. fue traspasado en octubre de 1994 y los restantes actores en septiembre de ese mismo año, al haber sido iniciada la acción el 27/12/2004, y teniendo en cuenta la suspensión anual del plazo prescriptivo aludida, éste no había transcurrido al iniciarse esta acción.

      Con relación a las utilidades que hubieran correspondido distribuir a los tres actores en concepto de bonos de participación en las ganancias a partir de esa fecha, el magistrado –en base a la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “G.J.M. y otros c/ Estado Nacional Ministerio de Trabajo y Seguridad s/ part. en el accionario obrero”, fallada el 12/8/08–

      entendió que debían responder tanto el Estado Nacional como la empresa concesionaria, pues ambas tenían el deber de adoptar las medidas necesarias para la materialización de ese derecho.

      Con el propósito de establecer la indemnización debida, la sentencia limitó la responsabilidad del Estado Nacional a la falta de implementación de la reglamentación para tornar operativo el derecho a participar en las ganancias de la empresa a cargo de la actividad privatizada o concesionada, y su consecuente incumplimiento de la obligación de controlar que la emisión de los bonos se incluyera en los estatutos sociales de la empresa (considerando IX). Por ello, fijó la indemnización en los intereses devengados desde la fecha de traspaso de los actores a la empresa adjudicataria hasta la notificación del traslado de la demanda, a determinarse en la etapa de ejecución de sentencia, que serían calculados a la tasa que Fecha de firma: 05/05/2021

      Alta en sistema: 07/05/2021

      Firmado por: F.A.U., JUEZ DE CAMARA

      Firmado por: A.S.G., JUEZ DE CAMARA

      Firmado por: G.A.A., JUEZ DE CAMARA

      Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

      percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días, aplicada al capital de condena de BACTSSA, con arreglo al régimen de consolidación de deudas pública vigente (considerando X).

      Respecto de la responsabilidad de BACTSSA, juzgó que los reclamantes se vieron afectados por su conducta ilícita de no acatar las obligaciones a las que se había comprometido según el Pliego de Licitaciones n° 6/93, existiendo una inescindible vinculación entre la decisión de establecer el Programa de Propiedad Participada y la obligación de la empresa de emitir los bonos (considerando IX). Así,

      indicó las pautas para la determinación del capital del resarcimiento, a liquidarse en la etapa de ejecución de sentencia con el auxilio del perito contador designado en estos autos, a partir de la fecha de la asamblea que aprobó el balance y hasta el efectivo pago, computando sólo aquéllos períodos en que se haya mantenido la relación laboral con la empresa, y bajo la condición de que se hubiesen generado las ganancias. Por último, determinó que cada uno de los períodos estimados devengará intereses desde la fecha de la asamblea que aprobó el balance hasta el efectivo pago, a calcularse según la tasa activa del Banco Nación Argentina (considerando X).

      Finalmente, el magistrado desestimó el reclamo por “daño moral”, al no haberse producido prueba específica a su respecto, y distribuyó las costas en el orden causado en todas las relaciones procesales, en atención a la complejidad y a la novedad del tema.

    3. Esta sentencia fue apelada por todas las partes.

      La parte actora lo hizo a fs. 1263 y fs.1265. Los recursos fueron concedidos a fs. 1264. Los memoriales corren a fs. 1274 y 1285.

      La empresa BACTSSA dedujo recurso de apelación a fs. 1261, el que fue concedido a fs. 1262. Su expresión de agravios consta a fs. 1286/1297.

      También ha interpuesto apelación el Estado Nacional a fs. 1259, cuyo recurso fue concedido a fs. 1260 y fundado a fs. 1276/1284.

      Los recursos de la accionada y el tercero citado fueron replicados por la parte actora a fs. 1299/1300. A su turno, los memoriales de los accionantes y de BACTSSA recibieron la contestación del Estado Nacional a fs. 1301/1303.

      Fecha de firma: 05/05/2021

      Alta en sistema: 07/05/2021

      Firmado por: F.A.U., JUEZ DE CAMARA

      Firmado por: A.S.G., JUEZ DE CAMARA

      Firmado por: G.A.A., JUEZ DE CAMARA

    4. Comenzaré presentando los agravios del demandado Estado Nacional,

      que solicita la revocación total de la condena en su contra. Argumenta:

      1. que es incorrecto el rechazo de la defensa de la prescripción, puesto que el hito inicial para el cómputo del plazo prescriptivo debió fijarse en el año 1993

        (fecha en que se dispuso la concesión, y desde la cual la actora demanda el resarcimiento), máxime cuando para las omisiones del Estado el plazo aplicable es el bianual previsto en el artículo 4037 del Código Civil;

      2. el magistrado ha omitido tratar y acoger su defensa de falta de legitimación pasiva, y ha realizado una errónea comprensión del sistema de transferencia de la explotación de la actividad portuaria a empresas privadas conforme al Pliego de la Licitación n° 6/93. Ello significa –sostiene– que el Estado delegó la facultad de emitir bonos de participación en las ganancias a la empresa concesionaria y que, si ese sujeto no lo hizo, ninguna responsabilidad puede endilgarse al Estado Nacional. Por lo demás, el juez equivoca el enfoque habida cuenta que no hubo transformación de una sociedad estatal en empresa privada; ello significa que el Estado Nacional no fue propietario ni vendió acciones y tampoco responde por la entrega de bonos de una supuesta ganancia de una empresa privada;

      3. el juzgador ha soslayado que el PPP es facultativo, ya que el Congreso delegó en el Poder Ejecutivo la reglamentación de las materias que considere necesarias para la implementación del plan, y el Estado no lo prohibió sino que delegó

        en la empresa privada, a su vez, la facultad de decidir si consideraba oportuna o no la emisión de bonos –de acuerdo a criterios de oportunidad, mérito y conveniencia ajenos a revisión judicial–, siendo el Estado, por ende, ajeno al reclamo efectuado. Y, por otro lado, la inclusión en dichos programas no es automática, y es necesario manifestar claramente la voluntad de adhesión a los mismos y la consiguiente suscripción del Acuerdo General de Transferencia y el Convenio de Sindicación de Acciones, ya que del propio texto de la ley surge la vinculación entre los Bonos y las acciones Clase C,

        en tanto las acciones pertenecientes al PPP de la licenciataria se abonan con el producido de los dividendos de las mismas, con la posibilidad de que –si resultaren insuficientes los dividendos– se destine lo producido de los Bonos...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR