Garavano ya prepara un paquete de nuevas reformas judiciales

En su primer semana como futuro ministro de Justicia, Germán Garavano se reunió con jueces, senadores, abogados y representantes de la sociedad civil. A todos les dijo lo mismo: su plan es trabajar en políticas públicas a mediano y largo plazo. Serán necesarias nuevas leyes. Por eso, las reuniones incluyeron ya a oficialistas.

Garavano les adelantó que quiere postergar la implementación del nuevo Código Procesal Penal que impulsó el oficialismo y fue resistido por gran parte de los jueces. La postergación que planea no es de un par de meses, sino al menos un año. Hoy, está previsto que empiece a aplicarse a partir de marzo próximo y por la ciudad de Buenos Aires (algo que tampoco comparte Garavano). En el esquema que estudia la futura gestión, debería comenzar a implementarse recién en marzo de 2017. El problema de Garavano no es con el sistema acusatorio. Por el contrario, él tiene dicho que es imprescindible, pero cree que antes de implementarlo hay que adecuar una bateria de leyes, que incluyen la Ley del Ministerio Público, que rige el trabajo de los fiscales.

El macrismo, y eso incluye a Garavano, espera que Alejandra Gils Carbó renuncie y llevan semanas analizando alternativas para lograr que se vaya. Ayer, la jueza de la Corte Elena Highton dijo que el cargo que ocupa Gils Carbó "es vitalicio y la única vía para dejarlo es el juicio político". Además, Highton elogió a Garavano; dijo que era un hombre "muy serio" que "sabe y gestiona bien". Pero en el equipo de Justicia de Pro ponen en duda que corresponda un juicio político. Creen que no está previsto en la Constitución que el cargo de procurador tenga esa estabilidad (como sí lo está para los jueces de la Corte) y que no puede concedérsele por ley. Algunos dicen incluso que el juicio político sería, por eso, inconstitucional.

Una opción que analizan es incluir...