Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 8 de Julio de 2009, expediente C 86214

Presidente:Dominguez-Piombo-Natiello-Sal LLargues
Fecha de Resolución: 8 de Julio de 2009
Emisor:SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 8 de julio de 2009, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresD., P., N., S.L., se reúnen los señores conjueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 86.214, "., S.P. y otros contra M.B., M.E.D. y perjuicios".

A N T E C E D E N T E S

La Sala I de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata revocó el pronunciamiento de primera instancia que había regulado los honorarios de los profesionales tomando como base el acuerdo transaccional.

Se interpuso, por Provincia Seguros S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que rechazado, provocó la deducción de recurso extraordinario federal, abriendo la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que dictó sentencia a fs. 1176, revocando el fallo de esta Corte.

Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I O N

Visto el pronunciamiento dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I O N

A la cuestión planteada, el señor C. doctor D. dijo:

1. La Cámara revocó la sentencia de primera instancia que había regulado los emolumentos profesionales tomando para su cuantificación el monto del acuerdo celebrado entre las partes.

  1. Frente a esta decisión Provincia Seguros S.A., a fs. 861/877, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue desestimado mediante fallo que obra a fs. 978/994. Recurrido el mismo ante la Corte Suprema mediante recurso extraordinario federal, provocó la intervención del alto Tribunal nacional que resuelve la revocación del decisorio en base al precedente C.1283.XXXIX, "C., M.F.c.V., C.A. y Universidad Nacional de Tucumán" (fs. 1176); por lo que la cuestión debe ser resuelta de conformidad a lo decidido por el superior Tribunal nacional.

  2. El recurso debe prosperar.

    La aseguradora, en su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denuncia la violación de los arts. 25 del dec. ley 8904/1977, 505 del Código Civil y de la doctrina legal que cita.

    Expone que la Cámara se apartó de la normativa vigente sobre regulación de honorarios y a las disposiciones contenidas en el art. 505 del Código Civil, al estimar que la transacción a los fines regulatorios no le es oponible a quienes no intervinieron en ella.

    Estima por ello, que los honorarios del letrado G.P.S. y de los peritos C.F.O. y N.L.B. deben estimarse tomando como base regulatoria el monto de la transacción (fs. 867/876 vta.).

  3. La Corte Suprema para decidir la cuestión y revocar la sentencia dictada por este Tribunal, remite a los fundamentos de la causa C.1283.XXXIX, "C., M.F.c.V., C.A. y Universidad Nacional de Tucumán", sent. del 11-IV-2006, Fallos 329:1066.

    En dicho precedente se destacó que "así como la sentencia constituye típico acto procesal, la transacción de derechos litigiosos -acto jurídico bilateral, art. 832 del Código Civil- es también, una vez que resulta homologada judicialmente, un acto procesal con una ejecutoriedad propia equiparable a la que corresponde a una sentencia (arg. art. 850 del Código Civil, y su nota). He ahí que la transacción homologada, como título ejecutorio con eficacia idéntica a la de una sentencia, ofrece la suficiente seguridad como para que el legislador la seleccione a fin de determinar el monto de la regulación de los honorarios por actuación judicial, como lo hace igualmente con una sentencia de condena -art. 19 de la ley 21.839-..." (considerando 7°).

    Asimismo, se puntualizó en el mencionado pronunciamiento que "los aranceles vinculan normalmente la base sobre la que ha de regularse el honorario no sólo por el valor disputado, sino también con el modo de terminación del proceso, siendo claro que cuando hay un acuerdo de partes, su efecto sobre los emolumentos no es un problema que se gobierna por la legislación civil en materia de contratos, sino que deben acatarse las leyes específicas que regulan la materia y que se refieren a ellos. Por otro lado, la razón del legislador en la redacción de los textos que rigen la materia, es clara si se atiende a que, de lo contrario, se desalentaría a las partes que deseen arribar a un acuerdo, encareciendo y prolongando los juicios innecesariamente, con el consiguiente costo social..." (considerando 7°).

    Se expuso allí que "si bien la transacción como contrato no puede perjudicar a terceros por aplicación del efecto relativo, desde el punto de vista procesal extingue el proceso, de modo que puede y cabe distinguir, por ello, los efectos sustantivos inoponibles, de los procesales oponibles, ya que se trata de...

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