Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 27 de Abril de 2005, expediente B 61676

PresidenteSoria-Roncoroni-de Lázzari-Hitters-Kogan
Fecha de Resolución27 de Abril de 2005
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 27 de abril de 2005, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresS., R., de L., Hitters, K.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 61.676, "G., N.D. contra Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social). Demanda contencioso administrativa".

A N T E C E D E N T E S

  1. El señor N.D.G., con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires, Instituto de Previsión Social, pretendiendo la anulación de la resolución nro. 422.402 dictada el día 26-XI-1998, en cuanto dejó sin efecto una resolución anterior de fecha 30-IX-1983, redujo su prestación previsional, dispuso la formulación de un cargo deudor excesivo y no consideró en forma subsidiaria la excepción de prescripción liberatoria. Hizo extensiva la impugnación a la resolución 436.754 del 9-III-2000 que rechazó el recurso de revocatoria contra la decisión antecedente.

    Reclama el restablecimiento de la resolución 227.548 del 30-IX-1983, con retroactividad a la fecha en que se dio de baja su prestación.

    En forma subsidiaria, para el caso que se rechacen las pretensiones expuestas, plantea el carácter constitutivo a la resolución 422.402 del 26-XI-1998, sólo con efectos hacia el futuro, y en caso que se hayan descontado haberes por la deuda, se restituyan los mismos.

    También solicita en forma subsidiaria, se haga lugar a la excepción de prescripción liberatoria, marginando de la liquidación los períodos prescriptos y en su caso devolver los importes retenidos en más.

    Por último peticiona, en relación a los retroactivos que corresponda liquidar, se reconozca la actualización e intereses hasta la fecha del efectivo pago, con expresa imposición de costas.

  2. Corrido el traslado de ley, se presenta en autos la Fiscalía de Estado, quien contesta la demanda argumentando en favor de las resoluciones impugnadas y solicitando el rechazo de las pretensiones de la actora.

  3. Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular, única prueba ofrecida por las partes y glosados los alegatos, la causa quedó en estado de dictar sentencia, decidiéndose plantear y votar la siguiente

    C U E S T I O N

    ¿Es fundada la demanda?

    V O T A C I O N

    A la cuestión planteada, el señor J. doctorS. dijo:

  4. Relata el actor que obtuvo su prestación previsional ante el Instituto de Previsión Social mediante expediente 2918-90.117/1976.

    Agrega que, posteriormente solicitó el reajuste de su jubilación con la incorporación de servicios docentes. Por tal motivo se dictó la resolución 277.548 del 30 de septiembre de 1983 por la cual se reajustó su haber "sobre la base de cargos de categoría 18, J. (director "E"), regente y profesor 12 hs. Cátedra".

    Pone de relieve que el derecho reconocido por tal acto administrativo notificado, ingresó a su patrimonio.

    Manifiesta que aproximadamente 15 años después, reclamó un nuevo ajuste en base a una bonificación y en el mes de diciembre de 1998, se le notificó la resolución 422.402 del 26 de noviembre de 1998, que dejaba sin efecto el acto administrativo dictado en el año 1983, disminuía su haber jubilatorio y practicaba un elevado cargo deudor por una supuesta percepción indebida de haberes.

    Aduce que se le informó que el propio organismo demandado había cometido un error.

    Sostiene que percibió de buena fe sus haberes, de conformidad con la resolución del año 1983, y que simplemente existía un criterio distinto.

    Afirma que se le arrebataron derechos adquiridos e incorporados a su patrimonio hace 15 años, por lo que interpuso recurso de revocatoria contra la aludida resolución.

    Apunta que la resolución del 26 de noviembre de 1998, deja sin efecto de manera ilegítima la anterior, 277.548, dictada el 30 de septiembre de 1983, anulando arbitrariamente situaciones jurídicas que tienen más de una década y media de firmeza y afectando seriamente derechos adquiridos.

    Invoca el art. 117 del dec. ley 7647/1970, y sostiene que el mismo impide el ejercicio de las acciones de anulación y revocación por parte del organismo demandado en atención al tiempo transcurrido.

    Entiende que se encuentra prescripta cualquier acción que al respecto pueda caber referida al actuar administrativo sobre la prestación jubilatoria otorgada en el año 1983 sin caer en arbitrariedad e ilegitimidad.

    Cita al efecto jurisprudencia y doctrina que considera aplicable al caso y precisa que el error de hecho ulteriormente descubierto queda purgado por prescripción de la acción de nulidad legislada en el art. 4030 del Código Civil, resultando improcedente la revocación del acto.

    Advierte la manifiesta extemporaneidad y la inconveniencia de la revisión de aquel acto.

    Añade que se trata de actos formalmente válidos, de los que se derivan derechos subjetivos notificados a los interesados y que han producido efectos jurídicos que le son propios, máxime en el caso de autos, que se está en presencia de una prestación de naturaleza alimentaria.

    Alega que lo actuado por el Instituto de Previsión Social ha sido ilegítimo, pues ha contrariado de manera expresa el texto del dec. ley 7647/1970, y ha desoído lo expresado en forma unánime y pacífica por la doctrina y jurisprudencia.

    Consigna que el organismo demandado ha incurrido en una grosera violación del principio de legalidad, toda vez que, a su entender, el Instituto de Previsión Social no tiene potestad para revocar sus propios actos en situaciones como la presente.

    Argumenta que para ello debió recurrir a este Tribunal para solicitar la revocación de sus actos (conf. art. 5 del C.P.C.A.) y no hacerlo unilateralmente como lo hizo.

    Puntualiza que el organismo demandado no tiene la potestad para anular la resolución del año 1983, toda vez que, a su criterio, los órganos administrativos solo gozan de la competencia para obrar únicamente cuando una norma expresamente así lo establece.

    Continúa diciendo que la percepción de la jubilación se hizo de buena fe y de conformidad a los informes técnicos realizados por la propia demandada.

    Indica que fue la propia demandada, con el criterio que tenía en dicho momento quien realizó las correlaciones y los cómputos que motivaron los dictámenes jurídicos y finalmente la resolución que estuvo vigente durante mas de 15 años.

    Reitera que se cumplieron correctamente todos los procedimientos legales, por lo que la resolución dictada en el año 1983 fue legítima y no puede ser anulada o...

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