Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 19 de Diciembre de 2018, expediente 119640

PresidenteSoria-Negri-de Lázzari-Pettigiani-Genoud-Kogan
Fecha de Resolución19 de Diciembre de 2018
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 19 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresS., N., de L., P., G., K.,se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.640, "Gallina, F.R. contra SMG ART S.A. Materia a categorizar".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la demanda incoada e impuso las costas a la demandada vencida (v. fs. 74/82 vta.).

Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 90/101 vta.).

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor J.d.S. dijo:

  1. En lo que interesa, el tribunal de grado admitió la demanda promovida por el señor F.R.G. contra SMG ART S.A. y condenó a ésta a abonar la suma de dinero que indicó en concepto de diferencias derivadas de la prestación dineraria contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones del decreto 472/14 y resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 22/14- y la prevista en el art. 3 de la ley 26.773, con más el índice RIPTE dispuesto en esta última. Asimismo, estableció que al monto de condena se le aplicaran intereses conforme la tasa activa que perciba el Banco de la Nación Argentina según lo dispone la resolución dictada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 287/01 (v. fs. 74/82).

    Para así resolver, detalló que como consecuencia del accidente de trabajo ocurrido el día 16 de junio de 2011, con motivo de las tareas prestadas en relación de dependencia para el señor A.O.P., el promotor del juicio padece de una incapacidad parcial permanente y definitiva del 32,79% del índice de la total obrera, homologada por la Comisión Médica n° 14 de Junín el día 26 de mayo de 2014 (v. sent. segunda cuestión, fs. 76).

    Sobre esa base, sostuvo -atendiendo a lo solicitado por la parte actora- que si bien la ley 26.773 no se encontraba sancionada ni promulgada al momento del accidente de trabajo sufrido por el trabajador, sí lo estaba a la fecha de determinación de su incapacidad laboral.

    Luego, invocando la potestad de los jueces de declarar de oficio la inconstitucionalidad de las leyes, procedió a evaluar la validez constitucional de la vigencia temporal de la ley 26.773.

    Al respecto, con sustento en doctrina autoral y precedentes del mismo tribunal, concluyó que la nueva ley 26.773 debía aplicarse en cuanto a los montos instituidos, a las contingencias acaecidas -aún con anterioridad- que a la fecha de la determinación de la incapacidad sobre la total obrera se encontraren incumplidas e impagas; situación que ocurría -a su criterio- en el caso del actor de autos. En ese orden, remarcó que dicha conclusión no importaba aplicar la mentada ley en forma retroactiva, puesto que se trataba de una reparación no consumada íntegramente con todos los parámetros que indica la ley vigente al momento de realizarse el pago correspondiente.

    Agregó a ello "no se puede castigar al trabajador, con el pago histórico reparatorio del infortunio por él sufrido, al amparo de la ley anterior, y que a la fecha de vigencia de esta nueva ley 26.773, aún no se le había efectuado, o se le hubiera efectuado en forma mermada, siendo ello concordante con el principio de progresividad". Adunó que la decisión en modo alguno resultaba perjudicial para las aseguradoras, debido a la actualización permanente de las alícuotas que perciben en base al salario (v. fs. 79 y vta.).

    Con ello, declaróex officiola invalidez constitucional del art. 17 apartado 5 de la mencionada ley, por encontrarlo "en pugna con los arts. 14, 14 bis y 17 de la C.. nac. y con el principio de la aplicación inmediata de la nueva ley (art. 3 Cód. C.)", ponderando además, que dicha solución resultaba concordante con el "principio de progresividad" previsto en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. sent., fs. 77 vta./79 vta.).

    En definitiva, sostuvo que a las prestaciones dinerarias derivadas de la declaración de incapacidad parcial, permanente y definitiva pendientes de pago se le debía aplicar el mecanismo de ajuste prescripto por el índice RIPTE. Asimismo, y con sustento en el mentado criterio de aplicación inmediata entendió que resultaba de aplicación el art. 3 de la ley 26.773 (v. fs. 79 vta./80).

    En este contexto, señaló que la fecha del pronunciamiento definitivo sobre la incapacidad laboral del actor (26 de mayo de 2014) resultaba ser el hito temporal para determinar la vigencia y aplicación legal para la correcta e íntegra indemnización a favor del actor. Ello así, consideró que conforme la cuantificación establecida en el art. 2 de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social de la Nación 3/14, la indemnización correspondiente nunca sería inferior al monto que resulte de multiplicar $521.833 por el porcentaje de incapacidad ($171.125,43), para luego agregarle a dicha suma el 20% adicional establecido en el art. 3 de la ley 26.773 (es decir, $34.225,08). La sumatoria del mentado importe, debía agregársele el índice RIPTE vigente entre la fecha del accidente (junio 2011) y el correspondiente a la fecha de determinación de la incapacidad (mayo 2014), alcanzando un total de $462.038,64 (v. sent., fs. 80 y vta.).

    Sobre dicho monto, y con fundamento en la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 287/01, adicionó intereses equivalentes a la tasa activa mensual que percibe el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento de documentos (v. sent., fs. 80 y vta.).

  2. La demandada SMG ART S.A. deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad en el que denuncia absurdo, arbitrariedad y violación de la ley y la doctrina legal (v. fs. 90/101 vta).

    II.1. Cuestiona lo resuelto por ela quoen tanto computó el pago realizado por la aseguradora a los intereses aquí liquidados y luego al capital.

    También objeta que se haya ordenado liquidar intereses desde la fecha del siniestro. Afirma que la ley no establece la fijación de intereses desde la fecha del evento dañoso, sino desde que nace la obligación de pago para la aseguradora, lo que -a su criterio- ocurre cuando se determina la incapacidad del accidentado.

    Agrega que al aplicar el tribunal de origen el índice RIPTE desde la fecha del evento dañoso hasta la fecha de determinación de la incapacidad por la Comisión Médica, se configura una duplicación de índices de actualización que resulta absurdo y arbitrario (v. rec., fs. 92 vta./93).

    II.2. En segundo término, controvierte el tramo del pronunciamiento con arreglo al cual se declaró de oficio la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, disponiéndose la aplicación al caso de marras de dicho cuerpo legal.

    Sostiene que lo resuelto vulnera el principio de irretroactividad de las leyes consagrado en el art. 3 del Código C.il. En ese orden, con apoyo en diversos precedentes emanados tanto de la Corte Suprema Nacional ("Lucca de Hoz") como de otros órganos jurisdiccionales, afirma que -al haber ocurrido el accidente del señor Gallina el día 16 de junio de 2011- no debe aplicarse al caso de autos la ley 26.773 (v. rec., fs. 93 vta./95).

    En apoyo de su postura, cita asimismo un precedente de esta Corte (L. 108.699, "Kluppel", sent. de 20-VIII-2014) en la cual se rechazó la aplicación retroactiva del decreto 1.278/00, estableciéndose que la primera manifestación invalidante de la contingencia determina la norma aplicable al caso, desestimando la posibilidad de tener en cuenta el momento en que la incapacidad fue determinada por la Comisión Médica (v. rec., fs. 95 y vta.).

    II.3. Desde otro ángulo, sostiene que el tribunal practicó erróneamente la liquidación de las sumas adeudadas al actor, ya que aplicó dos veces el RIPTE.

    Señala que el mentado índice se encuentra incluido en los pisos mínimos actualizados mediante las resoluciones de la Secretaría de Seguridad Social. En virtud de lo cual, afirma que resulta erróneo que ela quohaya primero multiplicado el porcentaje de incapacidad por el monto estipulado en la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 3/14 para luego multiplicar el monto resultante por el índice RIPTE (v. rec. fs. 96/97).

    II.4. Finalmente, impugna la tasa de interés según la cual el juzgador de origen ordenó liquidar los accesorios de carácter moratorio (v. rec., fs. 97 vta./100).

    Plantea, por un lado, que resulta improcedente la aplicación de intereses cuando la prestación por incapacidad laboral ha sido previamente "actualizada" con el índice RIPTE.

    Por el otro, y en subsidio, señala que el pronunciamiento de origen, vulnera la doctrina legal de esta Suprema Corte sentada en la causa L. 113.328, "., O.E." (sent. de 23-IV-2014), con arreglo a la cual se estableció la inaplicabilidad del art. 6 de la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 287/01 en el ámbito judicial.

    Por último, y subsidiariamente a lo precedentemente expuesto, solicita se aplique la tasa de interés pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en la doctrina legal de este Tribunal que cita (v. fs. 99 vta./100).

  3. El recurso prospera.

    A fin de dar respuesta a los agravios traídos, por cuestiones metodológicas he de alterar para su tratamiento el orden en que han sido reseñados.

    III.1. Merece favorable recepción el agravio que trae la interesada contra lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto cuantificó la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773.

    III.1.a. Cabe liminarmente señalar, que toda vez que el recurso no contiene ninguna crítica idónea en este...

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