Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, 30 de Mayo de 2017

Fecha de Resolución30 de Mayo de 2017
EmisorCorte Suprema de Justicia
Cita267/17
Número de CUIJ21 - 510082 - 5

Reg.: A y S t 275 p 103/117.

En la ciudad de Santa Fe, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil diecisiete se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores R.H.éctor Falistocco, María Angélica G., R.F.G.érrez, M.L.N. y E.G.S. con la presidencia de su titular doctor Daniel Aníbal E. a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "GALLARDO, RAÚL JOSÉ CONTRA INTERBUS SRL -AMPARO SINDICAL- (EXPTE. 149/12) SOBRE RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE. C.S.J. CUIJ NRO. 21-00510082-5). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?; y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores G.érrez, S., Erbetta, Falistocco, G. y N..

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro doctor G.érrez dijo:

  1. Surge de las constancias de autos -en lo que es de estricto interés al caso- que Raúl José G. promovió "amparo sindical y medida cautelar" contra la empresa INTERBUS SRL, como miembro de la comisión provisoria de la delegación R. del sindicato de Unión de Conductores de la República Argentina (inscripción gremial nro. 02259), solicitando la reinstalación en su puesto de trabajo y los salarios caídos desde el momento del despido. P.ó subsidiariamente la declaración de inconstitucionalidad del artículo 52 de la ley 23551 por violatorio del artículo 14 bis de la Constitución nacional y los Convenios nros. 87 y 98 de la OIT.

    M.ó además que se reserva el derecho de solicitar la nulidad del despido discriminatorio. A.ó la existencia de una conducta arbitraria, discriminatoria, desleal y antisindical por parte de la empresa demandada al despedir a su parte invocando una causa "ridícula", para no evidenciar la verdadera causa vinculada a su condición de activista gremial, como miembro de la Comisión Provisoria de la Delegación Rosario de la Unión de Conductores de la República Argentina, afectando con ello directamente la libertad sindical. Invocó en sustento de su reclamo, principalmente, los artículos 14 bis y 16 de la Constitución nacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Convenios 87 y 98 de la O.I.T. , y las leyes 23551 y 23592.

    Corrido traslado de la demanda, INTERBUS S.R.L. la contestó remarcando -en esencia- que el sindicato que el actor dice integrar carece de competencia territorial en la zona, pues sólo posee simple inscripción para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el contiguo partido de V.L.ópez (provincia de Buenos Aires), contando tan sólo para la delegación Rosario con una solicitud de inscripción en trámite. Por otra parte puntualizó que la procedencia del despido y la ausencia de connotaciones discriminatorias se advierte ante la entidad de la falta cometida, la que constituye una injuria que por su gravedad no consiente la prosecución de la relación laboral.

    En fecha 16 de marzo de 2012 el Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de la Tercera Nominación de la ciudad de Rosario resolvió hacer lugar a la demanda y, en consecuencia, condenar a INTERBUS S.R.L. a la reinstalación inmediata del actor al puesto de trabajo que ocupaba al momento de su despido y, además, al pago de los salarios caídos desde el mismo hasta la efectiva reinstalación, con más los intereses dispuestos y costas.

    Recurrido dicho pronunciamiento la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de la ciudad de Rosario resolvió hacer lugar a la apelación interpuesta por la demandada, con costas a la actora, con sustento en que "no se vislumbra posibilidad alguna de que Raúl G. fuera representante sindical" ya que "la UCRA no desplegaba su manto jurídico en Rosario, dado que siquiera se demostró la existencia efectiva de una seccional local". Como así también en que "la particularidad del siniestro, hilvanado a los tres severos llamados de atención que precedieron al último infortunio, traslucen una impronta de negligencia del trabajador con la condigna inverosimilitud de un despido de índole discriminatorio".

  2. Contra dicho pronunciamiento interpone el actor recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el supuesto previsto en el artículo 1ro., inciso 3ro., de la ley 7055, invocando arbitrariedad y lesión de sus derechos de defensa en juicio y de propiedad, como así también a la tutela sindical y a principios reconocidos en pactos internacionales y en convenios de la O.I.T.

    Sostiene el recurrente que "se afecta concretamente la garantía de la tutela sindical, arbitraria y discriminadamente, como consecuencia de su condición de activista gremial".

    Invoca arbitrariedad normativa en tanto se le exige requerimientos no fijados legalmente. En este sentido, afirma que el análisis efectuado por el Tribunal de la cláusula 1ra. del Estatuto de la U.C.R.A. es erróneo al esgrimir que si bien dicho artículo establece que la zona de actuación del Sindicato será todo el territorio nacional, lo que interesa es lo dispuesto por la resolución nro. 43 del 27.06.2003 del M.T.E.S.S. que ordenó inscribir en el Registro de Asociaciones Sindicales de Trabajadores a la U.C.R.A. "...con carácter de Asociación Sindical de primer grado...con zona de actuación en la ciudad de Buenos Aires y el Partido de Vicente López de la Provincia de Bs. As...".

    A su entender el error consiste en fundar el rechazo de su pretensión en una resolución ministerial, es decir, en una "...limitación territorial impuesta por el órgano administrativo...", dado que la ley no establece que las acciones de tutela sindical se encuentren limitadas por disposiciones de ese tipo. Añade que la ampliación de la zona de la Asociación a R. no se encuentra rechazada, sino que está en trámite por lo que el razonamiento de la Sala debió ser al revés, conforme al principio in dubio pro operario.

    En relación al cuestionamiento efectuado por la Alzada del acta fundacional del Sindicato, el compareciente expresa que ésta no tiene exigencias normativas en lo relativo a su forma, aunque se encuentra la firma del secretario general y de los demás directivos del gremio a nivel nacional. Añade que la demandada nunca cuestionó esta acta.

    Como segunda causal de arbitrariedad alega que el fallo no posee motivación suficiente respecto de la interpretación normativa efectuada. Puntualiza al respecto que la U.C.R.A. cuenta con inscripción gremial, la cual acompañó en copia certificada. Es por ello que estima equivocada la conclusión de la Alzada en cuanto a que el precedente "R." de la Corte nacional no es aplicable al presente.

    En tercer lugar, invoca que los sentenciantes incurrieron en arbitrariedad fáctica. Señala al respecto que en el pronunciamiento se omitió valorar prueba decisiva para arribar a otra decisión del litigio. Así, detalla que su parte acreditó la existencia del gremio en Rosario mediante el Estatuto de la U.C.R.A.; la Resolución ministerial que le otorga inscripción gremial; el pedido de ampliación territorial de la Seccional Rosario; el telegrama que le remitió a su empleador notificándole el cargo gremial; la falta de intervención del Sindicato U.T.A. que siendo del mismo rubro y también con personería gremial no intervino en los presentes a pesar de haber sido citado por la demandada como tercero interesado; las testimoniales obrantes, y el propio reconocimiento de la demandada al cargo gremial del actor.

    A su vez sostiene que la falta de contestación por parte de la patronal a su comunicación del cargo gremial implicó un reconocimiento y/o aceptación del contenido del mencionado telegrama. Y, en cuanto a que su cargo no surgió de una elección directa, aclara que se trata de un gremio nuevo y que por lo tanto son las autoridades a nivel nacional las que reunidas en asamblea designan una comisión provisoria por un período de tiempo determinado y con trabajadores locales que comienzan con sus tareas.

    Advierte que el Tribunal se expidió sobre cuestiones no planteadas al valorar las circunstancias alegadas por Interbus S.R.L. para justificar el despido, omitiendo expedirse sobre los testimonios vertidos que acreditaron el cargo gremial de G.; y que impuso la totalidad de las costas al actor sin tener en cuenta la razonabilidad de su reclamo.

  3. En fecha 16 de junio de 2014 la Sala resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad, lo que motivó la presentación directa del compareciente ante esta Corte.

  4. Mediante pronunciamiento registrado en A. y S. T. 261, pág. 393/400, esta Cuerpo -por mayoría- admitió la queja deducida al no advertir obstáculos formales para ello y entender, desde el análisis mínimo y provisorio propio de ese estadio, que la postulación del compareciente contaba...

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