Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 7 de Marzo de 2023, expediente FBB 015210/2019/CA001

Fecha07 Marzo 2023
Número de expedienteFBB 015210/2019/CA001
Número de registro92

Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 15210/2019/CA1 – S.I.–.S.. P.B.B., 7 de marzo de 2023.

VISTO: El expediente nro. FBB 15210/2019/CA1, caratulado: “G.M.,

J.F., c/ Anses, s/ Impugnación de Acto Administrativo”, originario del Juzgado Federal

nro. 2 de Bahía Blanca, puesto al acuerdo en virtud de la apelación de interpuesta por el actor contra

la resolución de fecha 13/12/2022; y

CONSIDERANDO:

  1. El 13/12/2022 la a quo hizo lugar a la excepción planteada, declaró la existencia de

    cosa juzgada total, rechazó la inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 27.426, e impuso las costas

    por su orden.

  2. El 19/12/2022 apeló la parte actora, quien se agravia (20/12/2022) de que la resolución:

    1. hace lugar a la excepción de cosa juzgada en los términos del art. 347 del CPCCN; y b) rechaza

    las inconstitucionalidades planteadas.

    Manifiesta que instó la presente acción a fin de obtener una pauta de movilidad del haber

    previsional que le otorgue una recomposición del mismo, atento a que la sucesión legislativa en la

    materia ha devenido en un ajuste negativo sobre los conceptos que integran el beneficio.

    Solicita se revoque el decisorio, se dé trámite a la presente acción y se traten las

    inconstitucionalidades planteadas (26.427 y 27.541).

  3. En primer lugar, cabe señalar, que la parte actora interpone la presente acción a fin de

    que se le reconozca: a) el pleno derecho al ajuste por movilidad; b) se declare la

    inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 27.426 y la ley 27541; c) se determine una tasa de

    sustitución y, d) se cancelen las sumas devengadas en concepto de retroactivo (capital e intereses)

    por el periodo involucrado hasta su efectiva cancelación.

  4. Surge de las presentes actuaciones que la actora obtuvo sentencia del Juzgado Federal

    de Primera instancia nro. 1 de la sede, con fecha 14/09/2015, en la causa caratulada: “GALLARDO

    MEDINA, J.F., c/ Anses, s/Reajustes de Haberes”, en la cual se redeterminó el haber

    inicial y la movilidad. Sentencia que se encuentra firme y consentida.

    Ahora bien, es concluyente la jurisprudencia del Tribunal Cimero, respecto de los

    alcances y efectos de la cosa juzgada. Basta reiterar su doctrina que revalida este principio

    constitucional de orden público.

    1. del principio de cosa juzgada a efectos de arbitrar una resolución que se estime

    más equitativa puede significar, más allá de tan elevados propósitos, un modo de sentar precedentes

    que en su oportunidad se vuelvan contra los ocasionales beneficiarios de hoy, los que también

    reciben las ventajas permanentes de la seguridad jurídica "..."Los argumentos basados en la

    equidad y la justicia no son eficaces para afectar la estabilidad de las decisiones jurisdiccionales

    que, en la medida en que constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es exigencia

    de orden público y posee jerarquía constitucional" (CSJN N.C.J., c/ Empresa

    Nacional de Correos y Telégrafos 6/10/92).

    En consecuencia, no puede más que compartirse la conclusión de la a quo respecto a la

    improcedencia de la presente acción, por lo que, en este punto corresponde confirmar, la resolución

    apelada y declarar la existencia de cosa juzgada por los fundamentos expuestos.

  5. Finalmente, resta examinar los agravios planteados por la parte actora en relación a las

    pautas de movilidad que resultan aplicables al beneficio de autos.

    5.1. En primer lugar, y en relación al pedido de inconstitucionalidad de la ley 27.426,

    entiendo que analizando el desenvolvimiento del haber de la actora, la normativa no resulta

    cuestionable. Por lo que corresponde confirmar el pronunciamiento apelado.

    Fecha de firma: 07/03/2023

    Firmado por: MARIANELA ALBRIEU, Secretaria Federal Firmado por: S.M.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: P.E.L., JUEZ DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 15210/2019/CA1 – S.I.–.S.. Previsional 5.2. Corresponde entonces analizar el agravio relativo a la constitucionalidad de la ley

    27.541.

    La mencionada normativa, declaró la emergencia pública en materia previsional y

    suspendió la aplicación de la movilidad dispuesta por el art. 32 de la ley 24.241, y los decretos

    dictados en consecuencia.

    1. De manera previa a decidir, para una mejor comprensión de la cuestión traída,

      corresponde realizar una prieta enunciación de la normativa en crisis y de la que fuera emitida

      como resulta de aquélla.

      La ley 27.541 denominada Ley de solidaridad social y reactivación productiva en el

      marco de la emergencia pública, que entró en vigor el 23 de diciembre de 2019, declaró la

      emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,

      energética, sanitaria y social, y, además, delegó en el Poder Ejecutivo Nacional, las facultades

      comprendidas en dicha ley, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo

      a las bases de delegación establecidas en el artículo 2°.

      USO OFICIAL

      El artículo 55 de la citada ley suspendió “por el plazo de ciento ochenta (180) días, la

      aplicación del artículo 32 de la ley 24.241, sus complementarias y modificatorias”, disponiendo que

      durante ese plazo “el Poder Ejecutivo Nacional deberá fijar trimestralmente el incremento de los

      haberes previsionales correspondiente al régimen general de la ley 24.241, atendiendo

      prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, hasta tanto una comisión creada a tal

      efecto proponga un proyecto de ley de movilidad de los haberes previsionales.

      Por decreto 542/2020 y debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia del

      COVID19, se prorrogó, hasta el 31 de diciembre de 2020, la suspensión legalmente dispuesta.

      Como consecuencia de la ley antes reseñada, se dictaron los decretos 163/2020, que

      dispuso, para marzo...

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