Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, 14 de Febrero de 2018

Fecha de Resolución14 de Febrero de 2018
EmisorCorte Suprema de Justicia
Cita46/18
Número de CUIJ21 - 511555 - 5

Reg.: A y S t 280 p 281/283.

Santa Fe, 14 de febrero del año 2018.

VISTA: la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el doctor J.J.é G. contra la resolución nro. 459, del 22 de junio de 2017, dictada por el Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la ciudad de R. en autos "GALERA, J.J. - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL: 'GALERA, JUAN JOSE S/ APELACIÓN - RESOLUCIÓN COLEGIO DE PROFESIONALES (RES. 972 DE FECHA 3/3/17 SANCION - MULTA DE JUS - APERCIBIMIENTO´ - (CUIJ 21-07007397-5)" (Expte. C.S.J. CUIJ: 21-00511555-5); y,

CONSIDERANDO:

  1. Conforme surge de las constancias de autos, por acuerdo nro. 459 del 22.6.2017, el Colegio de Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario confirmó parcialmente la resolución de la Sala Cuarta del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de la ciudad de Rosario, no haciendo lugar al pedido de declaración de inconstitucionalidad del Reglamento del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Rosario, ratificando la sanción de seis meses de suspensión en el ejercicio de la matrícula impuesta al doctor J.J.é G. y revocando las multas de cinco unidades jus por infracción al artículo 20, incisos 2 y 3 del Estatuto, artículo 53, incisos n y u del Estatuto y puntos 2 y 7 de las Normas de Ética Profesional del Abogado y una unidad jus y apercibimiento privado por abuso procesal dentro del expediente disciplinario.

    Contra dicha sentencia, la nombrada interpuso recurso de inconstitucionalidad, por considerar que en el fallo cuestionado existen "múltiples causas de arbitrariedad" que provocan que el mismo no sea derivación razonada del derecho vigente y atento a la "gravedad institucional" que implica la persecución disciplinaria del curial sancionado como representante de la parte obrera.

    En primer término, se agravió de que el A quo se haya arrogado funciones legislativas y omitido examinar argumentos y extremos esgrimidos por su parte conducentes para la solución del pleito y que habrían hecho variar el resultado del mismo. Respecto a ello, expresó que el Tribunal de Segunda Instancia convirtió a la denuncia de la doctora Alcaide en una imputación formal, cuando ambos actos son diferentes en cuanto a su naturaleza jurídica, función y finalidad, puesto que la primera es un acto pre procesal de anoticiamiento del hecho supuestamente padecido que no vincula ni genera obligaciones ni cargas al denunciado mientras que la segunda es un acto procesal esencial que...

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