Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 31 de Agosto de 2018, expediente FMZ 034545/2016/CA001

Fecha de Resolución31 de Agosto de 2018
EmisorCAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B FMZ 34545/2016/CA1 Mendoza, Y VISTOS :

Los presentes autos Nº FMZ 34545/2016/CA1, caratulados:

GAHONA, V.L.M. c/ ANSES s/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA

, venidos del Juzgado Federal N°2 de S.J. a esta Sala “B”, en virtud del recurso de apelación, interpuesto por el representante de la parte demandada contra la resolución de fs. 25/28, en la que se resuelve hacer lugar a la medida cautelar solicitada.-

Y CONSIDERANDO:

1).- Que contra la resolución de fs. 25/28, la ANSES interpone recurso de apelación a fs. 34/43, contra el auto que hace lugar a la cautelar solicitada, el que es concedido a fs. 44 .

Al momento de expresar agravios manifiesta que la concesión de la medida por ser violatoria del art. 4 de la ley 26.854. Refiere asimismo a la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos y que, en el caso, no se discute el status de jubilado del actor, sino un aspecto de la cuantía de la prestación. Alude al apartamiento del art. 195 del CPCCN.

Invoca errónea calificación jurídica, por no tratarse de una de no innovar (art. 230 CPCCN) de carácter conservativo, sino de una tutela anticipada de la sentencia, que satisface la pretensión al ordenar el pago de un beneficio cuestionado.

Desconoce el cumplimiento de los presupuestos procesales de procedencia, manifestando la verificación de un dictamen médico de la Comisión Jurisdiccional, que niega la existencia de la incapacidad necesaria, para la continuación de la percepción del beneficio transitorio por invalidez.

Hace reserva de la cuestión federal.

2) .- Corrido el traslado de rigor la parte actora contesta a fs. 50/55 vta y por los motivos que expresa, cuyo contenido se dan por reproducido en honor a la brevedad, solicita el rechazo del mismo con costas.-

3).- Previamente recordemos que la actora V.G. fue sometida a la Comisión Médica N° 26 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, con fecha 26/06/2011, en razón de haber iniciado un trámite jubilatorio por invalidez.

Fecha de firma: 31/08/2018 Firmado por: OLGA PURA ARRABAL - GUSTAVO CASTIÑEIRA DE DIOS - ALFREDO PORRAS, Jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza Firmado(ante mi) por: CLARA MARÍA CIVIT, Secretaria Federal #29032825#209481751#20180619130604500 Dicha Comisión estableció un grado de incapacidad laboral del 70%, padeciendo –

según dictamen de la comisión médica- Sindrome Cerebral orgánico grado III (severo-irreversible) (ver fs. 2 vta). C., que de conformidad a lo dispuesto por la ley 24.241 y el Decreto N° 478/98 reúne las condiciones médicas exigidas para obtener el beneficio solicitado de RETIRO TRANSITORIO POR INVALIDEZ.

4) Posteriormente, con fecha 20/09/2016, la misma Comisión Médica N° 26 determina una incapacidad laboral del 20.43 %. Es decir, la incapacidad laboral se redujo en casi un 50%. Como fundamento de la patalogía se establece una síndrome cerebral organico grado I asociada a neurosis depresiva grado II, HTA estadio II y como factores complementarios, la edad y el nivel educativo. Concluye que la incapacidad laborativa NO reúne las condiciones exigidas en el inc. a) del art.

48 de la ley 24.241 para acceder al Beneficio de Retiro Definitivo por Invalidez.

Con fecha 27/9/2016, la Señora V.G. apela a la Comisión Médica Central, el dictamen de la Comisión Médica N° 26, considerando que el mismo es extemporáneo porque han transcurrido más de cinco años desde la concesión del retiro y demás motivos que hacen a su derecho por invalidez.

Acompaña estudios de médicos particulares que según expresa acreditan sus dolencias incapacitantes. A la fecha de este resolución no se ha resuelto por parte de la Comisión Médica Central la apelación que se denuncia.

5) Ingresando en los agravios del recurrente, en cuanto sostiene que se ha violado el interés público en cuanto el A quo dictó una medida cautelar sin solicitar a la Autoridad Pública el informe previo establecido en el art. 4° de la ley 26.854. Entendemos que el reclamo es improcedente, por las siguientes razones.

Hasta la sanción de la ley 26.854 (promulgada el 29/4/2013) todo lo referido al dictado de medidas cautelares, en el marco de las causas en que era parte el Estado Nacional y sus entes descentralizados venía rigiéndose analógicamente por las disposiciones contenidas en el art. 195 y ss del CPCCN. En este aspecto Colombo y K., sostienen que se entendía que las medidas cautelares contra la administración pública conlleva un conflicto con el Estado donde se enfrentan los intereses distintos: uno, es titular del interés privado, otro, en cambio, es el Estado, a través de un órgano actuante en el ejercicio de la función administrativa, que representa intereses públicos, generales. La Administración Pública goza de una situación particular, que tiene incidencia en el dictado de medidas precautorias en Fecha de firma: 31/08/2018 Firmado por: OLGA PURA ARRABAL - GUSTAVO CASTIÑEIRA DE DIOS - ALFREDO PORRAS, Jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza Firmado(ante mi) por: CLARA MARÍA CIVIT, Secretaria Federal #29032825#209481751#20180619130604500 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B FMZ 34545/2016/CA1 general. El encauzamiento del Estado en el litigio debe ser así, el reflejo procesal de la exorbitancia que es el que se destaca en el derecho administrativo. Esto no significa que no puedan dictarse medidas cautelares contra la Administración, pero su aceptación es excepcional. La medida cautelar típica es la suspensión de los efectos de un acto administrativo, aunque pueden presentarse situaciones que tornen a otras más aconsejables (C.J.C. y C.M.K., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t.II, ed. La Ley, pag.472, 3ra edición, año 2011).

La Corte Suprema de Justicia la Nación ha dicho, en principio, que las medidas cautelares no proceden respecto de actos administrativos en atención a la presunción de validez de éstos, salvo, precisamente, cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles. (Fallos: 250:154; 251:336; 307:1702; 313:521; 313:1420, entre otros). La verosimilitud del derecho es vinculada en ocasiones a la existencia de un vicio notorio, de una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, o de una violación legal patente, aunque existen también no pocos pronunciamientos en los que, simplemente, se alude a la impugnación sobre bases prima facie verosímiles o a la ilegalidad o arbitrariedad (C.J.C. y C.M.K., ob. cit. pag.473).

Por otra parte, se requiere una valoración especial la incidencia del interés público, al que se lo ha mencionado de ese modo expresamente, o se lo ha aludido con expresiones tales como no contradicción de la “política estatal en la materia”, o de la “política económica” del Estado. (Comadira, J., Las medidas cautelares en el proceso administrativo, La Ley, 1994-C, 699).

Dicho esto en abstracto, y sin ninguna referencia en la cuestión debatida en la presente causa, en relación a la medida cautelar en trámite, el art. 2°, inc. 2° dice:

La providencia cautelar dictada contra el Estado Nacional y sus entes descentralizados por un juez o tribunal incompetente, sólo tendrá eficacia cuando se trate de sectores socialmente vulnerables acreditados en el proceso, se encuentre comprometida la vida digna conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR