Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala E, 29 de Agosto de 2017 (caso G. M. V. c/ A. J. W. Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS - RESP. PROFESIONAL)

Fecha de Resolución:29 de Agosto de 2017
Emisor:Camara Civil - Sala E
 
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1 Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA E 79.705-08.- “G. M.

V. C/ Á. J.W. Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS - RESP.

PROFESIONAL” (40).-

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los veintinueve días del mes de agosto de dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, S. “E”, para conocer en el recurso interpuesto en los autos caratulados: “G. M.

V. C/ Á. J.W. Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS - RESP. PROFESIONAL”, respecto de la sentencia corriente a fs. 532, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores CALATAYUD. RACIMO.

DUPUIS.

El Señor Juez de Cámara Doctor CALATAYUD dijo:

  1. - En la sentencia de fs. 532/43, el señor juez de primera instancia desestimó la demanda incoada contra el abogado J.W.Á.. e hizo lugar a la entablada contra el también abogado R.F.E., a quien condenó a abonar a la actora la suma $ 62.860, con más sus intereses a la tasa activa contados a partir de la mora y las costas del juicio. Fundamentó su condena en el hecho de que el perdedor había incurrido en mala praxis profesional al ser responsable por la caducidad de la instancia decretada en el beneficio de litigar sin gastos (expte. n° 41.771/02), incidente que se había iniciado conjuntamente con el reclamo de daños y perjuicios que la actora promoviera contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía) y que fuera desestimada por sentencia de fs. 372/83 del expte. n°

    41.794/02, que pasara en autoridad de cosa juzgada. Aseguró que el daño estaba constituido por la deuda por tasa de justicia que se encuentra aún impaga ($ 12.860.-) y el agravio moral ($ 50.000.-).

    Contra dicha decisión se alzan la actora y el Dr. E.. La primera se agravia por el rechazo de la pretensión en contra del Dr. Á., por entender que éste no le notificó

    la renuncia del mandato (ver fs. 573), mientras que el otro recurrente lo hace por la responsabilidad que se le imputa, por la procedencia de los perjuicios, por la tasa de interés y la condena en costas (ver escrito de fs. 576/85).

  2. - Más allá de las notorias falencias que contiene la presentación de fs.

    573 en orden a la crítica concreta y razonada que exige el art. 265 del Código Procesal, Fecha de firma: 29/08/2017 Alta en sistema: 31/08/2017 Firmado por: MARIO PEDRO CALATAYUD, JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.C.G.D., JUEZ DE CAMARA Firmado por: F.M.R., JUEZ DE CAMARA #13255220#186321181#20170822125317985 lo que bastaría para declarar la deserción del recurso de apelación articulado por la señora G., lo concreto es que no le asiste razón en su planteo. En efecto, contrariamente a lo que sostiene, fue ella misma quien admitió expresamente que el Dr. Á. se apartó

    antes de decretarse la caducidad de la instancia en ese beneficio (ver fs. 127, punto 3 de estos obrados), tal como lo destacara el señor juez cuando mencionó esta circunstancia como refuerzo de su argumentación (ver fs. 538 vta., párrafo 5°), aspecto que ni siquiera mereció alguna mención de su parte. Por ello, propicio se decrete desierto el recurso de apelación libremente concedido a fs. 548.

  3. - Los principios jurídicos acerca de la responsabilidad de los profesionales abogados han sido puntualizados por el señor juez de la anterior instancia, quien ha tenido la deferencia de transcribir lo que sostuviera al respecto esta Sala con un voto en primer término del dicente y que, por tanto y por no haber sido cuestionados, me abstendré de reiterarlos a fin de no incurrir en repeticiones innecesarias.

    Ello aclarado, aduce en primer término el Dr. E. que nunca tuvo actuación profesional -ni como apoderado ni como patrocinante- en el referido incidente sobre beneficio de litigar sin gastos que fuera perimido, pero a mi juicio esa circunstancia no lo exime de responsabilidad. En efecto, él integraba -junto al otro profesional- el poder otorgado por la demandante para promover la demanda de daños y perjuicios contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (ver fs. 1/2 del proceso principal y del aludido incidente) y, frente a la renuncia efectuada por el Dr. Á. (ver fs. 163 del expte. n°

    41.794/02) con fecha 7/7/03, intervino indistintamente (como apoderado y como patrocinante) a partir de su presentación a fs. 166/67 en los autos principales hasta que, ya vencido el período probatorio, le fuera revocado el poder el 3/7/08 (fs. 318), seguramente...

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