Fundamentación de las sentencias

• Páginas: 169-195
• Autor: Mario C. Perrachione

IX. FUNDAMENTACIÓN DE LAS SENTENCIAS

1. LA VIOLACIÓN DE LA EXIGENCIA DE

FUNDAMENTACIÓN COMO MOTIVO CASATORIO

En virtud de un principio consagrado en la legislación conti-

nental europea, las resoluciones judiciales deben ser fundadas

bajo pena de nulidad. El juez tiene el deber de dar razones de su

decisión, esto es, justificarla expresamente. Justificar o fundar

una decisión consiste en construirla sobre un razonamiento lógi-

camente válido, entre cuyas premisas figura una norma general

y cuya conclusión es la decisión. Entre el fundamento y la deci-

sión debe haber una relación lógica. Una decisión fundada es

aquella que se deduce lógicamente de una norma general, en con-

junción con otras proposiciones fácticas y, a veces, analíticas352.

La violación del deber de “fundamentación de la sentencia”

constituye causal de anulación. La doctrina ha polemizado sobre

la distinción existente entre “fundar” y “motivar” una senten-

352 Bulygin (“Sentencia judicial y creación de derecho”, LL, 124-1307) afirma

al respecto en p. 1308: “La decisión judicial no sólo debe ser fundada, sino,

además, debe ser fundada en normas jurídicas y en las circunstancias del

caso. Esto significa que las normas generales que constituyen el fundamento

normativo de la decisión deben ser —al menos en principio— normas jurídi-

cas, y las proposiciones empíricas que integran los considerandos de la

sentencia, deben corresponder a las circunstancias del caso debidamente pro-

bados en los autos”.

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12. NATURALEZA DE LAS LEYES ARANCELARIAS A LOS FINES

DE SU CONTROL CASATORIO. DISTINCIÓN ENTRE NORMAS

SUSTANTIVAS Y PROCESALES

El TSJ modificó el criterio basado en que las normas arance-

larias son de naturaleza procesal, por formar las mismas parte

de una institución eminentemente procesal como son las costas.

Esta modificación es acertada, porque la naturaleza proce-

sal o sustancial de las normas no depende del ordenamiento en

que ellas estén insertas, ni de la autoridad que las dicte, sino de

los efectos concretos que tengan en cada caso particular427.

Incluso la distinción entre normas sustanciales y procesales

no descarta la existencia de normas de doble función —material

e instrumental—; por ejemplo: la norma que establece la imposi-

ción de costas al vencido, en cuanto atribuye bienes, es de dere-

cho material, y en cuanto regula la formación del acto senten-

cia, es de derecho procesal428; el art. 4° de la ley 23.511 —en cuanto

regula los alcances probatorios de la negativa a someterse a la

prueba biológica en el proceso de filiación—, si bien está inserto

en la legislación sustantiva, contiene una regla de naturaleza

procesal, cuya violación comporta un vicio de actividad suscep-

tible de ser revisado por vía del recurso de casación previsto en

el art. 381, inc. 1, del CPC429. De allí que como existen normas

arancelarias que se refieren a la declaración de un derecho sus-

tantivo: el crédito por honorarios, aunque se encuentren en un

ordenamiento de corte procesal como es el arancelario, revisten

el carácter de normas sustantivas a los efectos de su control en

casación430.

427 Véase Guevara, Carlos Enrique, “La regulación de honorarios y el recur-

so de revisión”; TSJ, Sala CC, “Chiggio, Enrique Antonio c/ Guillermo Glaser

Pognant y otra”, A.I. Nº 190, 02/04/96, Foro de Córdoba, año VI, Nº 31, 1996,

p. 91.

428 Barrios de Angelis, Dante, Teoría del proceso, p. 96, nota 124.

429 Cfr. TSJ, Sala CC, “N.N.”, Sent. Nº 27, 04/05/00, Foro de Córdoba, año XI,

Nº 61, 2000, p. 143, apart. III.

430 Véase Ferrer, Adán L., nota al fallo dictado por el TSJ, Sala Laboral,

Sent. Nº 32, 18/05/92, “Amorián, Antonio Francisco y otra c/ Raúl Albarello”,

Foro de Córdoba, año III, Nº 12, 1992, ps. 81/82.

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cia353, pero en la práctica y en la legislación vigentes, ambos

conceptos son utilizados indistintamente354. El art. 155 de la

Constitución provincial impone a los jueces el deber de resolver

las causas con fundamentación lógica y legal, bajo sanción de

nulidad355. El deber de fundamentar implica que el sentencian-

te exponga “el conjunto de razones de hecho y de Derecho en las

cuales apoya su decisión356. Esta exigencia se encuentra regla-

353 Bertolino (“La nueva suposición como un modo del juicio penal arbitra-

rio”, nota al fallo 94.698, dictado por la CSJN en febrero de 1996, causa

“Mendoza, Marcelo A.”) sostiene que fundar tal vez apunta más a lo objetivo

e importa para él apoyar en razones eficaces el juicio que se emite; motivar,

dice, acaso se dirige más a lo subjetivo, implica explicar sobre la emisión

de aquel juicio. En base a esta distinción el autor citado concluye en que puede

existir en una sentencia consideraciones que constituyen “la motivación” de la

misma, pero que por su subjetivismo no alcancen para fundar lógica y legal-

mente en forma objetiva la sentencia. Olsen Ghirardi (“La estructura lógica

del razonamiento judicial”, Foro de Córdoba, Año VIII, Nº 40, 1997, p. 22, apart.

II) expresa que se emplea indistintamente el vocablo “fundamentar” o el

vocablo “motivar”. La diferencia es, apenas, de pequeño matiz. Motivar vie-

ne de motivum, que significa lo que mueve; es siempre una razón, la razón

del acto que nos impele; el conjunto de consideraciones racionales que hace

que nuestro espíritu se incline por una decisión determinada y que hace que

se descarte toda otra; el vocablo fundamentar se hace presente con una sig-

nificación más profunda. No sólo hay motivación, cualquier motivación. Se

trata de una especial motivación; es la motivación que echa bases de la obra

que se construye. La fundamentación verdadera es siempre la correcta, la

que lleva certeza, pero que al mismo tiempo tiene razón suficiente para que

algo sea lo que necesariamente deba ser y no otra cosa; o que se mande ra-

cionalmente obrar un acto y no otro cualquiera; véase Díaz, Clemente A.,

Instituciones…, t. II, p. 224; Arbonés, Mariano, “La legitimidad del acto sen-

tencial”, Foro de Córdoba, año VIII, Nº 42, 1997, ps. 15 ss.

354 Arbonés, Mariano, “Las ‘virtudes’ de la jurisdicción”, Homenaje Escuela

Procesal de Córdoba, t. 2, Marcos Lerner Editora Córdoba, Córdoba, 1995,

p. 424. Allí afirma: “La función jurisdiccional está regida por un doble orden

normativo, el de la lógica formal y el legal, como establece con toda claridad

el art. 155 de la Constitución de la Provincia de Córdoba”.

En tal sentido, el TSJ (Sala Penal, “Aspitia, Orlando Ernesto”, Sent. Nº 133,

del 22/11/99, Foro de Córdoba, año XI, Nº 60, 2000, p. 280, Nº 11) equiparó los

conceptos fundar y motivar el fallo.

355 Véase TSJ, Sala Penal, “Aspitia, Orlando Ernesto”, Sent. Nº 133, del 22/

11/99, Foro de Córdoba, año XI, Nº 60, 2000, p. 280, Nº 11.

356 Cfr. TSJ, Sala Contenciosoadministrativa, “Zeverin Escribano, Alejandro

LA CASACIÓN COMO MÉTODO DE CONTROL DE LA FUNCIÓN... 191

11. CASACIÓN POR DEFECTOS DE

FUNDAMENTACIÓN EN MATERIA

DE HONORARIOS

Sobre el particular, la jurisprudencia del TSJ siguió un rum-

bo pendular, que fue desde una negativa estricta a admitir la ca-

sación por este motivo, hasta la adopción de un criterio suma-

mente amplio que posibilitó, como dice Guevara425, el control no

sólo de las “formas”, sino también del “contenido” de las resolu-

ciones —con lo cual el recurso evidentemente trascendió los con-

troles del error in procedendo para entrar en el campo del error

in iudicando—.

En la actualidad, el TSJ siguió sobre el particular una posi-

ción intermedia, en cuanto circunscribió la procedencia del re-

curso de casación por cuestiones arancelarias para los casos

donde se hubiera cometido un verdadero error in procedendo,

con excepción de los supuestos de los incs. 7 y 8 del art. 1272 del

CPC —ley 1419— (reproducidos sustancialmente por los incs. 3

y 4 del art. 383 del CPC), expresando que esta doctrina no signi-

fica que en lo sucesivo esté vedada la impugnación de las resolu-

ciones regulatorias en lo relativo al aspecto sustancial de la de-

cisión, en tanto una de las formas y solemnidades prescriptas

para la sentencia es la fundamentación lógica y legal —arts. 155,

Const. Prov., y 383, inc. 1, CPC—, y que la inobservancia de este

recaudo habilita la casación por vía del “control de logicidad”426.

425 “La regulación de honorarios y el recurso de revisión”, Foro de Córdoba,

año VI, Nº 31, 1996, p. 95.

426 Guevara, Carlos Enrique, “La regulación de honorarios y el recurso de

revisión”, Foro de Córdoba, año VI, Nº 31, 1996, p. 95; TSJ, Sala CC, “Pistone

de Bossa, Raquel Beatriz”, A.I. Nº 226, 23/04/99, Foro de Córdoba, año X, Nº 56,

1999, p. 228.