Cuando los funcionarios se creen el Estado

 
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Como se le atribuye haber dicho a Luis XIV, tal vez Cristina Kirchner y la amplísima mayoría de sus funcionarios crean que el Estado son ellos.

Sobran las muestras y también las pruebas de hasta dónde puede llegar esa fusión entre lo público y lo privado de la que, ilegal e inmoralmente, se valen quienes usan al Estado como fuente para satisfacer sus intereses personales.

Podríamos citar, por ejemplo, la utilización de fondos públicos para proyectos políticos y de dineros oficiales que, disfrazados de obras, van a parar a los bolsillos de los amigos del poder, o el desvío de caudales con aparentes fines sociales y humanitarios, que finalmente derivan en groseras malversaciones. Podríamos remontarnos, incluso, a la campaña electoral de 2005, cuando la entonces esposa del presidente en ejercicio y candidata a senadora nacional por Buenos Aires se dedicó a recorrer la provincia para hacer proselitismo en el helicóptero presidencial. La lista, lejos de agotarse allí, es infinita, como infinita parece ser en nuestro país la impunidad para quienes cometen estos saqueos al patrimonio nacional.

Ciertamente, la cuestión va mucho más allá, pues no se trata solamente de tomar dineros del Estado en beneficio propio, sino de quedarse con bienes que le pertenecen. Un ejemplo muy gráfico y de mucha actualidad es la larguísima lista de obsequios que, durante sus ocho años como mandataria y sus cuatro años como primera dama, Cristina Kirchner recibió de manos de otros gobernantes en actos protocolares y de particulares.

La ley de ética en el ejercicio de la función pública, de 1999, establece que "los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones. En el caso de que los obsequios sean de cortesía o de costumbre diplomática, la autoridad de aplicación reglamentará su registración y en qué casos y cómo deberán ser incorporados al patrimonio del Estado, para ser destinados a fines de salud, acción social y educación o al patrimonio histórico-cultural si correspondiere".

Pasaron dieciséis años y, nunca, ningún gobierno reglamentó esa norma. Es una falta grave que, paradójicamente, nos habla tanto del desinterés como del enorme interés porque no haya controles sobre el destino de esos obsequios.

El caso más extravagante que se recuerda es el de la Ferrari Testarossa que, siendo presidente, Carlos Menem recibió de parte del empresario italiano...

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