Funcionarios blindados, ciudadanos indefensos

 
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La posibilidad más temida ya es ley. Por la de los legisladores nacionales del oficialismo, el Estado y sus funcionarios no serán civilmente responsables ante un hecho lícito o ilícito que perjudique a un ciudadano. Y no lo serán porque esa flamante ley dispone que todos los planteos contra el Estado ya no se diriman más en el fuero civil, sino en el administrativo, hoy mucho más contemplativo con los intereses del propio Estado, y desigual, dado que las regulaciones administrativas difieren según el distrito del que se trate.En otras palabras, se produjo un gravísimo retroceso jurídico que sólo puede ser explicado en la necesidad de los funcionarios de y de resguardar al Estado de las consecuencias de sus actos. Los legisladores, con su voto, han decidido lavar a ambos de responsabilidades civiles. Y lo han hecho apremiados por un gobierno -el kirchnerista- que no dudó en alterar el espíritu que había sido expresado en contrario en el anteproyecto que el propio Poder Ejecutivo había encargado a un grupo de destacados expertos en derecho.Aquella iniciativa a la que había arribado la comisión de reforma de los códigos Civil y de Comercio, integrada por los jueces de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, junto con Aída Kemelmajer de Carlucci, ex miembro del máximo tribunal mendocino, establecía que el funcionario o empleado público "es responsable por los daños causados a los particulares por acciones u omisiones que implican el ejercicio irregular de su cargo" y que esas responsabilidades debían ser "concurrentes" con las del propio Estado.Como se sabe, la polémica que generó la discusión sobre la modificación de esos códigos derivó en que la responsabilidad del Estado se tratara por ley separada. Fue ésa la primera señal de que, más allá de todos los cambios y readecuaciones -algunas necesarias- que se planteaban en materia civil y comercial, al Gobierno le urgía obtener primero la ley que la oposición rebautizó con muy buen tino como de "irresponsabilidad del Estado". Tal como ha quedado esa norma, el resultado es claro: se ha desprotegido al ciudadano frente al Estado, privilegiando la situación de los funcionarios públicos frente a demandas de los particulares.Hasta la sanción de esta norma, la determinación de la responsabilidad del Estado por su conducta legítima había sido un logro alcanzado por la Corte Suprema y arraigado en la cultura jurídica, en el sentido de que el Estado debe responder cuando le causa un daño a un...

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