Fuerte crítica al trato de militares encarcelados

A los 84 años, el coronel retirado Rodolfo Aníbal Campos sigue rindiendo cuentas ante la Justicia por su actuación como subjefe de la policía bonaerense durante la dictadura militar. Su hija Ana Campos, en una carta dirigida al Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, que lo investiga en la causa del circuito Camps, relató que su padre tiene "ceguera legal, anemia crónica, hipertensión y fue operado por un tumor cerebral", y cuestionó la revocación de la prisión domiciliaria y su traslado a la cárcel de Ezeiza.Campos, que hace tres años fue condenado en Córdoba a prisión perpetua por el secuestro, tortura y asesinato del subcomisario Ricardo Albareda, es uno de los 1230 oficiales de las Fuerzas Armadas, de seguridad y penitenciarias que en la última década transitaron por los tribunales, implicados en causas por delitos de lesa humanidad. De ellos, 171 murieron en la cárcel o bajo proceso judicial, en condiciones que en su entorno consideran "humillantes y denigrantes".Es también uno de los 417 oficiales y suboficiales que hoy están procesados o condenados en cárceles federales y provinciales. El número se actualiza cada semana, advirtió la Unión de Promociones, una entidad formada por militares retirados para "dar a conocer la verdad completa" de la lucha contra la subversión y apoyar a los que consideran "presos políticos", por negárseles "el acceso a derechos humanos mínimos, como el principio de igualdad ante la ley", denunció el coronel retirado Guillermo Viola, uno de sus fundadores, en diálogo con LA NACION."Ya estuvo preso en Marcos Paz. Fueron los peores días de su vida. El traslado le produjo lesiones en su columna y lo dejó doblado en dos por los dolores. ¡El envío a una cárcel común sería matarlo, adelantarle su muerte!", describió, con dramatismo, Ana Campos, en la carta a los jueces del tribunal, Carlos Rosansky, Roberto Falcone y Mario Portela. Aún no hubo respuesta y el militar está en la cárcel de Ezeiza.Con una edad promedio de 77 años, los ex uniformados son destinados a pabellones especiales en las cárceles comunes de Marcos Paz, Ezeiza, Villa Devoto, Bahía Blanca, Batán y Campo de Mayo, entre otras unidades. Los jueces no tienen la obligación de conceder la prisión domiciliaria, sino que se trata de una atribución que ellos pueden disponer para los mayores de 70 años."No hay peligro de fuga. Muchos son octogenarios, los trasladan esposados en camiones celulares y tienen severos problemas de salud. Son sometidos a un régimen carcelario...

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