Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 15 de Agosto de 2007, expediente L 91232

PresidenteGenoud-Hitters-Soria-Negri-Pettigiani-Kogan-de Lázzari-Roncoroni
Fecha de Resolución15 de Agosto de 2007
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 15 de agosto de 2007, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresG.,H.,S., N.,P., K., de L., R.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 91.232, "F., M.A. contra Centros Comerciales Sudamericanos S.A. Cobro".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo nº 1 de San Isidro acogió parcialmente la demanda promovida, con costas a la parte demandada.

Ésta interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I O N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I O N

A la cuestión planteada, el señor J.d.G. dijo:

  1. El tribunal de la causa, en lo que resulta de interés, hizo lugar a la demanda incoada por M.A.F. contra Centros Comerciales Sudamericanos S.A. en concepto de diferencia de indemnización por despido injustificado, por lo que declaró la inconstitucionalidad del tope de reparación establecido en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo el que elevó a la suma equivalente al 67% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual de la trabajadora.

  2. Contra esta decisión se alza la parte demandada mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que sostiene que se ha violado su derecho de propiedad y que el tribunal de grado quebrantó la garantía de separación de poderes, al haberse arrogado facultades legislativas que le son vedadas por la Constitución nacional. Se agravia asimismo de la imposición de costas.

  3. El recurso no puede prosperar.

    1. En reiterados casos, similares alsub judice, esta Corte rechazó los planteos de inconstitucionalidad del tope indemnizatorio fijado por la norma del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o., ley 24.013), vale decir, de los cuestionamientos efectuados, con base constitucional, respecto de la definición de la cuantía máxima establecida con relación al módulo o parámetro salarial (la "mejor remuneración mensual, normal y habitual") computable a los fines del cálculo del resarcimiento por el despido.

      Sin embargo, recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "., C.A. c/ Ansa S.A. s/Despido", sentencia del 14-IX-2004, se pronunció declarando la inconstitucionalidad de dicha proposición normativa. En tal sentido expresó que "no resulta razonable, justo ni equitativo, que la base salarial prevista en el primer párrafo del citado art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, vale decir, ‘la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor’, pueda verse reducida en más de un 33%, por imperio de su segundo y tercer párrafos. De acuerdo con ellos, dicha remuneración no podrá exceder el equivalente de tres veces el importe mensual de la suma que resulta del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable. Esta pauta, por cierto, recuerda conocida jurisprudencia del Tribunal, relativa a que la confiscatoriedad se produce cuando la presión fiscal excede el señalado porcentaje (Fallos: 209:114, 125/126 y 210:310, 320, considerando 6°, entre muchos otros)".

      El más Alto Tribunal de la Nación enunció asimismo que "permitir que el importe del salario devengado regularmente por el trabajador resulte disminuido en más de un tercio, a los fines de determinar la indemnización por despido sin justa causa, significaría consentir un instituto jurídico que termina incumpliendo con el deber inexcusable enunciado en el citado art. 14 bis, acerca de que el trabajo gozará de la protección de las leyes, y que éstas asegurarán al trabajador protección contra el despido arbitrario y condiciones equitativas de labor. Significaría, asimismo, un olvido del citado art. 28 de la Constitución nacional".

    2. Entiendo que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene efectos vinculantes para los tribunales inferiores, desde que aquélla contiene una definición de carácter general susceptible de seguimiento en la regularidad de los supuestos anclados bajo el ámbito de aplicación de una misma norma.

      Al pronunciarme sobre la cuestión en las causas L. 74.426, sent. del 16-VII-2003; L. 77.555, sent. del 6-VIII-2003; Ac. 91.478, sent. del 5-V-2004, entre otras, sostuve que "razones de economía y celeridad procesal me inclinan a acatar la doctrina del más Alto Tribunal. En efecto, si en este ámbito fuera rechazada su postulación el recurrente interpondría el recurso extraordinario federal, obteniendo a la postre un pronunciamiento favorable. La propia Corte Suprema difunde que si bien sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y su fallo no resulta obligatorio para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllas. Por ello califica de arbitrarias y carentes de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de sus precedentes sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por aquélla, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia" ("Fallos": 307-1096, entre muchos otros).

      No encuentro motivo actual para apartarme de dicho criterio por lo que, y sin perjuicio de la posición sustentada en la causa L. 76.376, sent. del 1-IV-2004, considero que el pronunciamiento de grado debe ser confirmado en cuanto dispuso tomar la suma equivalente al 67% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por la actora como tope para calcular la indemnización contemplada en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, pues se adecua en idénticos términos a lo resuelto en la materia por la Corte Suprema de Justicia de la Naciónin re"V..

    3. La misma suerte adversa merece el agravio vinculado a la imposición de costas.

      Tiene dicho este Tribunal que es inatendible el recurso de inaplicabilidad de ley que impugna la condenación en costas, limitándose a disconformarse con tal decisión, pero no discute la calidad de vencido ni alega violación de la norma legal que sobre el tema de las costas se vería eventualmente vulnerada -como en la especie-, ni demuestra tampoco la existencia de inequidad manifiesta (conf. doctr. causas L. 33.545, sent. del 31-VIII-1984; Ac. 45.861, sent. del 7-IV-1992; L. 53.628, sent. del 1-XI-1994, entre otras).

      En tal sentido, corresponde señalar que la accionada resistió la pretensión del actor vinculada a la declaración de inconstitucionalidad del art. 245 de la ley de Contrato de Trabajo argumentando en consecuencia y ofreciendo la prueba del caso (ver contestación de demanda de fs. 49/58, puntos V y IX ap. 5º), cuyo resultado le fue adverso, por lo que aparece nítido el principio objetivo de la derrota en virtud del cual el pronunciamiento de grado impuso las costas (conf. doct. arts. 19, ley 11.653 y 68 primera parte, C.P.C.C.).

  4. En razón de lo expuesto, el recurso debe ser rechazado.

    En atención al cambio de la doctrina legal que se hallaba en vigencia a la fecha de Interposición del recurso, propongo que las costas de esta instancia sean soportadas por su orden (arts. 19, ley 11.653 y 289, C.P.C.C.).

    Voto por lanegativa.

    A la cuestión planteada, el señor J.d.H. dijo:

    Desde ya adelanto mi postura negativa a la procedencia del recurso, para lo cual he de reproducir los conceptos vertidos al votar la causa L. 80.233, "E." (sent. del 11-IV-2007)

    I..T. fijado por el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo:

    1. Generalidades:

    Como es sabido, la cuestión bajo examen, tanto en la redacción originaria de la aludida norma, cuanto tras la reforma introducida por la ley 24.013, ha sido objeto de abundante tratamiento doctrinario y jurisprudencial.

    En particular, la duda que permanece vigente para muchos puede resumirse en el siguiente interrogante:¿en cuánto se puede apartar la base legal del salario real, mensual, normal y habitual, para considerarse que no se ha "desnaturalizado" la garantía constitucional de la protección contra el despido arbitrario?

    En virtud del reciente cambio de criterio por parte del Alto Tribunal federal, entiendo necesario considerar nuevamente esta álgida problemática.

    2. Mi postura anterior al cambio de jurisprudencia de la C.S.J.N.:

    a)Al fundar mi posición favorable a la validez constitucional del techo fijado por el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, en su versión primitiva (t.o. decreto 390/1976), tuve oportunidad de señalar que la protección establecida por el art. 14 bis de la Carta Magna de la Nación, con referencia al despido arbitrario, ha quedado deferida al legislador.

    En tanto los constituyentes no han establecido reglas rígidas para el cumplimiento de tal menester, los jueces -en principio- no se hallan facultados para decidir sobre el mérito o conveniencia de las normas legales sobre la materia, salvo supuestos de "irrazonabilidad" (causa L. 55.218, "E., sent. del 11-X-1995, "Acuerdos y Sentencias" 1995-III-764).

    A tal fin, tuve en consideración las pautas emergentes de los decisorios del Supremo Tribunal federal, sentadas en los casos "P. y "Grosso" (Fallos 306:1964; 313:850, respectivamente).

    b)Ya en vigencia el nuevo texto del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo -redacción impuesta por la ley 24.013- sostuve que la validez constitucional del precepto aludido no se encontraba comprometida, en tanto la indemnización del perjuicio derivado del despido arbitrario, cuenta desde dicha modificación legal con un techo máximo directamente vinculado con la remuneración de los trabajadores de la actividad de que se trate, pauta cuya razonabilidad se compadece con la protección consagrada por los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional...

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