Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 29 de Mayo de 2019, expediente A 74134

PresidenteSoria-Negri-Genoud-de Lázzari
Fecha de Resolución29 de Mayo de 2019
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La P., a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresS., N., G., de L.,se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.134, "F., R.N. contra Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires. Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley".

A N T E C E D E N T E S

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La P. rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- desestimó la pretensión anulatoria deducida por el señor R.N.F. contra las resoluciones dictadas por el Consejo Ejecutivo de la Caja demandada, mediante las cuales se le denegó el beneficio de jubilación ordinaria, por considerar que no se encontraban reunidos los requisitos previstos por los arts. 43 y 44 de la ley 12.490. Las costas de la instancia de apelación fueron impuestas en el orden causado -art. 51 del Código Contencioso Administrativo, texto según leyes 13.101 y 14.437- (v. fs. 215/219 vta.).

Disconforme con dicho pronunciamiento,el accionante dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 222/230 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 232/233.

Dictada la providencia de autos (v. fs. 237) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor J.d.S. dijo:

  1. El señor R.N.F., por apoderado, promovió demanda contencioso administrativa contra la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se declare la nulidad de las resoluciones de fechas 5 de agosto de 2009 y 9 de febrero de 2010, recaídas en el expediente administrativo 135.276/09, mediante las cuales el Consejo Ejecutivo de la entidad previsional demandada decidió, respectivamente, denegar el pedido de jubilación ordinaria, por no contar con treinta y cinco años con aportes previsionales mínimos (arts. 43 y 44, ley 12.490) y registrar deudas de aportes (arts. 6 y 30, ley cit.), así como rechazar el recurso administrativo interpuesto contra esa decisión.

    Solicitó, como consecuencia de la pretendida nulidad, que se le reconozca el derecho a la jubilación ordinaria con retroactividad a la fecha de cancelación de la matrícula (29 de agosto de 2008), con actualización monetaria e intereses, y propuso como forma de regularizar la deuda por aportes -ante la imposibilidad económica de afrontar su pago con anterioridad al goce del beneficio-, que se compense con el 20% de los haberes jubilatorios a percibir.

    A todo evento, planteó la invalidez constitucional de los arts. 6 -última parte- y 30 de la ley 12.490, en tanto consideró que el requisito de saldar la deuda con anterioridad al otorgamiento y goce del beneficio se tornaba en una exigencia irrazonable en las circunstancias del caso. Al efecto puntualizó que: i) durante su vida activa aportó el equivalente a ciento uno cuotas mínimas; ii) al momento de iniciar el presente proceso contaba con setenta y seis años de edad; iii) se encontraba en una imposibilidad económica de afrontar su pago y iv) registraba inhibición de sus bienes. Indicó que -en este contexto- la exigencia en cuestión devenía una condición de imposible cumplimiento, que traería aparejado la pérdida de un derecho de carácter alimentario, constituyendo un exceso contrario al orden constitucional (v. fs. 10/21).

  2. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial de La P. rechazó la demanda e impuso las costas en el orden causado -art. 51 del Código Contencioso Administrativo- (v. fs. 168/178).

    II.1. L., destacó la ausencia de controversia respecto a la normativa aplicable -ley 12.490-.

    Luego, efectúo el análisis de las circunstancias fácticas comprobadas en la causa y determinó que no se encontraban reunidos los requisitos exigidos por los arts. 43 y 44 de la ley citada para el otorgamiento del beneficio peticionado.

    Para así decidir, ponderó que si bien el actor reunía el requisito de la edad, no cumplía con los treinta y cinco años con aportes previsionales por sumas iguales o superiores a la cuota mínima anual obligatoria -exigida como condición para el cómputo de los años-, por registrar sólo veintiséis períodos en los que cumplió con dicho recaudo, resultando que en los restantes no efectuó aportes (años 1960, 1961, 1964, 1971, 1977, 1979, 1981, 1982, 1987, 1989, 1991, 1992, 1995 y 2008) o los mismos fueron inferiores al mínimo obligatorio (años 1962, 1965, 1967, 1968, 1985, 1986, 1993, 2006 y 2007).

    A todo evento, ponderó que la imputación de aportes dispuesta en el art. 30 de la ley 12.490, tampoco permitiría alcanzar a completar la cuota mínima anual obligatoria respecto a los nueve años de aportes incompletos. Al efecto, valoró que las contribuciones efectuadas en exceso durante cinco años fueron precedidos por años calendarios en los que se hallaba integrada la cuota mínima y, en otros, se trató de períodos en los que no se hizo ningún aporte y a cuyo respecto la parte actora planteó la prescripción.

    II.2. Por otro lado, señaló que la deuda de aportes generada en concepto de honorarios profesionales, no constituía un obstáculo para el otorgamiento del beneficio sino para su percepción.

    II.3. Finalmente, desestimó la aplicación del art. 39 inc. 3 de la C.itución provincial, al considerar que el marco normativo no consiente dos o más interpretaciones posibles y, desechó el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 6 -último párrafo- y 30 de la ley 12.490. De un lado, al no advertir una hipótesis de irracionalidad del régimen; del otro, al ponderar que la denegatoria del beneficio pretendido no resultó ser consecuencia de la aplicación de las citadas normas.

  3. A su turno, la Cámara del fuero con asiento en La P., rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de primera instancia (v. fs. 215/219 vta.).

    Para así decidir -en lo que a esta instancia extraordinaria interesa- el Tribunal de Alzada estimó que el recurrente no logró acreditar el error de juzgamiento que alegó configurado en la sentencia de grado.

    III.1. Consideró que el actor no reunía los treinta y cinco años de aportes computables exigidos por los arts. 43 y 44 de la ley 12.490 para alcanzar el beneficio de jubilación ordinaria.

    III.2. Sentado ello, descartó la variable de cancelación propuesta por el accionante, consistente en afectar un porcentaje de la prestación en goce para saldar la deuda de aportes y así completar los años faltantes. Ello así, por entender que: a) no se encuentra autorizada por la ley aplicable, ni tampoco por el sistema en general; b) contraviene la naturaleza contributiva de un sistema de seguridad social que se edifica a partir de los recursos que aportan sus afiliados, lo cual armoniza con el art. 6 -último párrafo- de la ley citada que exige, como condición de acceso a la prestación, la regularización previa de todo incumplimiento de los deberes del afiliado, que comprende al principal, el aporte y c) implicaría desfinanciar el régimen.

    III.3. Por otro lado, desplazó la aplicación de la regla de entendimiento del art. 39 inc. 3 de la C.itución provincial, en tanto el régimen normativo aplicable en la especie no admite distintas interpretaciones.

    III.4. Finalmente, rechazó los planteos constitucionales por entender que la naturaleza del régimen previsional, junto a la regla de relatividad del art. 28 de la C.itución nacional, dan sustento suficiente de constitucionalidad a un sistema en el que la exigibilidad de sus beneficios se condiciona al cumplimiento de las cargas de sus afiliados.

  4. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 222/230 vta.), en el que denuncia: a) errónea aplicación de la ley 12.490; b) violación de normas constitucionales en especial el art. 39 inc. 3 de la C.itución provincial; c) vulneración de la doctrina legal de este Tribunal y de la jurisprudencia de la Corte de Justicia de la Nación en materia previsional y d) absurda valoración de la prueba.

    IV.1. Preliminarmente, destaca que en su prolongada carrera profesional integró aportes a la Caja demandada por un equivalente de ciento uno cuotas mínimas anuales, lo que alcanza el aporte requerido para generar casi tres jubilaciones ordinarias. Señala que este dato implica, por un lado, una actitud solidaria de su parte con la Caja y, por otro, un enriquecimiento indebido de esta última, al beneficiarse con la toma de sus aportes y negarse a brindar la contraprestación requerida.

    IV.2. Sostiene que el fallo en crisis interpretó y aplicó erróneamente la ley 12.490, al exigirle, con anterioridad al goce de la prestación, la cancelación total de la deuda de aportes que mantiene con la Caja y que requiere para alcanzar los treinta y cinco años de integración de cuotas mínimas anuales...

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