Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I - SECRETARIA CIVIL, 8 de Junio de 2021, expediente FLP 012043/2019/CA001

Fecha de Resolución 8 de Junio de 2021
EmisorCAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I - SECRETARIA CIVIL

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I

En la ciudad de La Plata, a los 08 días del mes de junio del año dos mil veintiuno, reunidos en Acuerdo los señores Jueces que integran la S. Primera de esta Cámara Federal de Apelaciones, para tomar en consideración el presente expediente FMP Nº 12043/2019/CA1, caratulado: “FRANCO

ARAUJO IGNACIO C/ DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES S/

RECURSO DIRECTO”, procedente del Juzgado Federal de Quilmes.

EL JUEZ L.A. DIJO:

  1. La sentencia de Primera Instancia resolvió: 1) Desestimar en los términos del artículo 69 septies de la Ley Nº 25.871 (texto según Decreto Nº

    70/2017), el recurso judicial deducido por el Sr. I.F.A. con costas en virtud del principio objetivo de la derrota, confirmando consecuentemente la Disposición SDX N° 258750 del 4 de diciembre de 2018,

    que rechazó la denuncia de ilegitimidad interpuesta por el migrante y confirmó lo antes dispuesto en la Disposición SDX Nº 261699 dictada el día 29 de diciembre de 2017. 2) D. para su oportunidad la regulación de los honorarios profesionales. 3) F. que se encuentre el presente decisorio, se autoriza a la Dirección Nacional de Migraciones para que proceda a la retención del extranjero I.F.A., en la forma establecida en los artículos 69 octies y 70 de la Ley Migratoria y en los términos detallados en el considerando X; haciéndole saber al extranjero que la medida de retención dispuesta podrá ser recurrida conjuntamente con la presente decisión judicial,

    en los términos del artículo 69 nonies de la Ley Nº 25.871 (texto según Decreto Nº 70/2017). 4) Hizo saber al Sr. I.F.A. que contra la presente decisión judicial podrá deducir recurso de apelación ante la Excma.

    Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, el cual deberá ser interpuesto y fundado en el plazo improrrogable de tres días hábiles desde su notificación,

    ante este Juzgado y Secretaría interviniente, quien del mismo dará traslado a la Dirección Nacional de Migraciones por el mismo plazo (artículo 69 nonies de la Ley Nº 25.871 incorporado por el artículo 18 del Decreto Nº 70/2017).

    Para así decidir, y en lo fundamental, el Juez de la Instancia anterior consideró que el art. 29 de la Ley Migratoria enumera diversas causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en territorio nacional,

    estableciendo en el inciso c) del artículo referido la siguiente “haber sido Fecha de firma: 08/06/2021

    Firmado por: E.S.F., SECRETARIO DE CAMARA

    Firmado por: CESAR ALVAREZ, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.A.L.A., JUEZ DE CAMARA

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    condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación Argentina pena privativa de la libertad de tres (3) años o más”. Por ello, consideró que la situación objetiva que derivó en la “no admisión” del Sr. F.A.I. en el territorio nacional y en el dictado de la Disposición SDX N° 261699 citada, fue que había sido condenado a la pena de 18 años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de homicidio simple.

  2. En su contra interpuso recurso de apelación fundado a fs. 358/372 la Dra. S.M.P., Defensora Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Quilmes, en representación de F.A.I., concedido a fs. 373.

    El recurso se funda en: a) la violación al debido proceso y derecho de defensa en juicio ante el rechazo al pedido y el desconocimiento de la necesidad de reunificación familiar invocadas en el recurso judicial; b) la vulneración a los principios de igualdad y a la no discriminación; c) postula la inconstitucionalidad del DNU 70/2017; d) la nulidad de la sentencia por inobservancia del procedimiento aplicable al caso en estudio; e) la condena penal y sanción administrativa impuesta en violación al principio procesal del “non bis in ídem”.

    Los agravios fueron replicados por la Dirección Nacional de Migraciones a fs. 377/394, quien sostuvo que la recurrente sólo manifiesta consideraciones personales y su discrepancia con lo resuelto y que no efectúa una crítica concreta y razonada. Señala que la sentencia recurrida ha procedido a realizar un correcto control judicial del procedimiento administrativo y solicita se confirme.

  3. Previo a resolver, fs. 398/399 el Sr. Fiscal General, dictamina la competencia de este Tribunal para entender en la causa y solicita se revoque la sentencia recurrida, nulificando la Disposición SDX 261699 de la Dirección Nacional de Migraciones y se proceder a la regularización migratoria de F.A.I..

    Fecha de firma: 08/06/2021

    Firmado por: E.S.F., SECRETARIO DE CAMARA

    Firmado por: CESAR ALVAREZ, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.A.L.A., JUEZ DE CAMARA

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  4. A fs. 412/5 la Defensora Pública Oficial Coadyuvante a cargo de la Defensoría Nº 2 de esta ciudad, asumió intervención en representación de los menores.

    Indicó que la dispensa requerida no fue valorada por la Dirección Nacional de Migraciones, quien únicamente consideró que atento encontrarse el extranjero comprendido en la causal objetiva prevista en el art. 29 inc. c) de la Ley de Migraciones, no correspondía otorgarle la dispensa prevista en el último párrafo de la norma citada por razones humanitarias ni de reunificación familiar.

    Solicitó se declare la nulidad de las actuaciones, por encontrarse en riesgo los derechos e intereses de los niños en virtud de la orden de expulsión dictada contra su progenitor.

  5. La cuestión central a dilucidar resulta ser la legitimidad de lo resuelto en la Disposición SDX N° 258750 del día 4 de diciembre de 2018 de la DNM

    -que al rechazar el recurso interpuesto por el Sr. A. confirmó lo decidido en la disposición SDX N° 261699 de fecha 29/12/2017-, de conformidad al ordenamiento jurídico vigente en nuestro país y en atención a las vicisitudes que se plantean en el sub examine.

    Los antecedentes de la causa dan cuenta de que el Sr. F.A.I. fue condenado a 18 años de prisión por el delito de homicidio simple lo que motivara -entre otras medidas- su expulsión del país por parte de la DNM mediante las disposiciones mencionadas.

    Es útil recordar que la política migratoria de un Estado está constituida por todo acto, medida u omisión institucional (leyes, decretos, resoluciones,

    directrices, actos administrativos, etc.) que verse sobre la entrada, salida o permanencia de población nacional o extranjera dentro de su territorio (Cfr.

    Condición Jurídica y Derecho de los Migrantes Indocumentados, Opinión Consultiva OC-18-03 de 17 de septiembre de 2003, serie A No. 18, parr. 163).

    En este sentido, incumbe al legislador la tarea de determinar los objetivos, fines y alcances de la política migratoria, regulando las condiciones de ingreso y permanencia de inmigrantes en el territorio nacional, como así

    también, los presupuestos de procedencia de su expulsión, a través de la autoridad competente.

    Fecha de firma: 08/06/2021

    Firmado por: E.S.F., SECRETARIO DE CAMARA

    Firmado por: CESAR ALVAREZ, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.A.L.A., JUEZ DE CAMARA

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    En cuanto al punto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha insistido en su jurisprudencia consultiva y contenciosa en el hecho de que, en el ejercicio de su facultad de fijar políticas migratorias, los Estados pueden establecer mecanismos de control de ingreso a su territorio y salida de él con respecto a personas que no sean nacionales suyas, siempre que dichas políticas sean compatibles con las normas de protección de los derechos humanos establecidas en la Convención Americana (Corte Interamericana de Derechos Humanos, opinión consultiva oc-21/14, de 19 de agosto de 2014, solicitada por la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Derechos y Garantías de Niñas y Niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional, consid. 39).

    En efecto, si bien los Estados guardan un ámbito de discrecionalidad al determinar sus políticas migratorias, sus objetivos deben tener presente el respeto por los derechos humanos. Por ello, dichas políticas deben ejecutarse con el respeto y la garantía de aquellos, y en consecuencia, las distinciones que los Estados establezcan deben ser objetivas, proporcionales y razonables (ver “Condición Jurídica y Derecho de los Migrantes Indocumentados…”

    citada, parr. 168).

    La medida de expulsión de personas que no sean nacionales del país,

    entonces, se erige como una de las facultades soberanas que el derecho internacional reconoce a los Estados, siempre que en su dictado se respeten los derechos humanos fundamentales, no sea una medida arbitraria ni colectiva, y tenga como fin el cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley (ver en este sentido lo dispuesto por el art. 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el art. 22 inc. 6 Convención Americana de Derechos Humanos).

    El legislador fijó con claridad en el artículo 3 de la Ley de Migraciones cuales son los objetivos perseguidos por la política migratoria Argentina, y en relación al tópico en estudio, el inciso j dispone: “Promover el orden internacional y la justicia, denegando el ingreso y/o la permanencia en el territorio argentino a personas involucradas en actos reprimidos penalmente por nuestra legislación”. Y en relación a los derechos y obligaciones de los Fecha de firma: 08/06/2021

    Firmado por: E.S.F., SECRETARIO DE CAMARA

    Firmado por: CESAR ALVAREZ, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.A.L.A., JUEZ DE CAMARA

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