Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 23 de Diciembre de 2020, expediente A 75978

PresidentePettigiani-Kogan-Genoud-Torres-de Lázzari
Fecha de Resolución23 de Diciembre de 2020
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.978, "F., J.E. C/ Provincia de Buenos Aires s/ Amparo Ambiental. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctoresP., K., G., T., de L..

A N T E C E D E N T E S

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, acogió parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la actora y de ese modo incluyó en la condena al cese de las obras civiles ejecutadas y a ejecutarse en el predio ubicado en el partido de Mar Chiquita, en donde se encuentra emplazado el emprendimiento inmobiliario "L.d.M., hasta tanto la Provincia de Buenos Aires lleve a cabo una Evaluación de Impacto Ambiental, condenando a esta última con el alcance establecido en el punto II.4 del voto que concitó adhesión.

Por lo demás, confirmó el rechazo de la acción dirigida contra los codemandados D.A.C. y Y.S., así como la desestimación de la acción por recomposición de daño ambiental (v. fs. 2.514/2.533).

Contra dicho pronunciamiento la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 2.547/2.583).

Dictada la providencia de autos (v. fs. 2.612), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, esta Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor P. dijo:

  1. El titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar al amparo ambiental iniciado por la actora y, en lo que interesa, condenó a los codemandados Capital Trust S.A., Desarrollos inmobiliarios S.R.L. y Municipalidad de Mar chiquita, al cese de las obras civiles ejecutadas o a ejecutarse, por sí o a través de terceros, en el predio ubicado en Mar chiquita en donde se encuentra emplazado el emprendimiento inmobiliario "L.d.M., ello hasta tanto la Provincia de Buenos Aires, como autoridad administrativa, lleve a cabo una Evaluación de Impacto Ambiental en base a los requerimientos de las leyes 25.675 (nacional) y 11.723 (provincial) y produzca la Declaración de Impacto Ambiental en forma previa a la autorización de cualquier tipo de actividad, debiendo el municipio llevar a cabo un exhaustivo control del cumplimiento de la condena.

    Por otra parte, denegó la acción de cese ambiental respecto a la Provincia de Buenos Aires por entender que ésta no tenía responsabilidad por las obras ejecutadas, yad referendumdel acatamiento del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.

    También rechazó la acción de recomposición del daño ambiental en atención, no sólo a la falta de legitimación activa de la actora por no poseer domicilio en dicha localidad, sino en virtud de la escasa o intrascendente modificación del ambiente que surgía de la prueba colectada y que, hasta ese momento, habían llevado a cabo las codemandadas.

  2. Apelada dicha sentencia únicamente por la parte actora, el Tribunal de Alzada hizo lugar parcialmente a dicho recurso, extendiendo la condena en relación a la Provincia de Buenos Aires y confirmando en lo demás el fallo de primera instancia.

    II.1. Para así resolver, y en lo que al recurso extraordinario interesa, el Tribunal de Alzada desestimó el planteo vinculado con el rechazo de la acción de recomposición del ambiente, en el entendimiento de que, pese la objeciones respecto a la falta de legitimación, lo cierto es que el juez de origen igualmente se expidió sobre tal pedimento, denegándolo, pues de la prueba producida surgía que las modificaciones al ambiente, hasta ese momento, no resultaban de una envergadura tal que mereciera ordenar una remediación.

    Así destacó la insuficiencia del planteo por haber omitido la impugnación de esa parcela del fallo, en tanto ésta se vio limitada a las consideraciones respecto a la falta de legitimación (arts. 260, CPCC. y 25, ley 13.928).

    II.2. En punto al cuestionamiento vinculado con el alcance que el juez de primera instancia le acordó a la acción de cese de la actividad generadora de daño ambiental, ela quoconsideró un contrasentido pretender que se impida ahora, de modo definitivo, la realización de la obra, prescindiendo de la tramitación del procedimiento jurídico administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental, cuando la razón que motivara el amparo fue precisamente el no haberse ceñido las codemandadas a la normativa ambiental, en particular en lo referido al requisito de la previa tramitación de un informe de impacto ambiental.

    Y agregó"...será el respectivo acto administrativo del que habla el art. 20 de la ley 11.723 el que determine el destino que deparará al emprendimiento urbanístico precariamente iniciado. Las soluciones posibles dependerán de las implicancias que la obra pudiera representar para el medio ambiente, cuestión que deberá ser ponderada en el ámbito adecuado, por la autoridad que ha sido emplazada a cumplir con tal labor..."(fs. 2.524).

    II.3. Para rechazar el agravio del apelante por el que sostiene que la decisión del juez de grado de someter la realización del estudio y Declaración de Impacto Ambiental a la Provincia de Buenos Aires (OPDS) viola el principio de imparcialidad y objetividad, destacó que dicho agravio importa realizar una conjetura respecto al resultado que podría derivarse de éste, es decir un perjuicio meramente hipotético o conjetural.

    II.4. A su turno, en punto al rechazo de la acción dirigida contra los codemandados D.A.C. y Y.S., consideró que las críticas ensayadas resultaban insuficientes por no comportar un ataque concreto al razonamiento a tenor del cual el magistrado de la instancia anterior concluyó, respecto al primero de ellos, que el actor no había podido probar, más allá de su participación en la refacción delclub house, alguna responsabilidad por la inobservancia de la tramitación del procedimiento de estudio de impacto ambiental; y en relación al segundo por haberse demostrado que ésta reviste el carácter de fiduciante, no recayendo sobre ella la responsabilidad de garantizar que el emprendimiento inmobiliario posea las autorizaciones pertinentes, entre ellas las ambientales (arts. 260, CPCC y 25, ley 13.928).

    II.5. Por último, en punto a la imposición en costas por las pretensiones rechazadas -esto es la acción de recomposición y la de cese contra los codemandados D.A.C. y Y.S.- recordó que en materia de amparo rige también el principio objetivo de la derrota, no presentándose ninguno de los supuestos de excepción que permitirían eximir a la actora de éstas.

  3. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto, la actora denuncia absurdo en la sentencia de alzada en cuanto dispusiera el rechazo de su expresión de agravios, por el incumplimiento de las cargas que establece el art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial.

    Aduce que la decisión de la Cámara es absurda al rechazar una expresión de agravios que considera suficiente.

    Destaca en tal sentido que la decisión de denegarle legitimación activa respecto a la acción de recomposición del ambiente por no residir en la localidad de Mar Chiquita, resulta una interpretación restrictiva y equívoca que no se corresponde con la letra de la Ley General del Ambiente, ni con la Constitución nacional en el punto.

    Refiere que el derecho a un ambiente sano no es un derecho único y exclusivo del vecino del lugar afectado pues el derecho al disfrute de un ambiente sano corresponde a todas y cada una de las personas.

    Sostiene que esta forma de resolver importa confundir los conceptos de legitimación para peticionar la recomposición del ambiente con aquella que se necesita para solicitar la reparación económica que sí ostentan en forma directa los vecinos del lugar donde se pretende radicar el emprendimiento en cuestión.

    Argumenta que el carácter de afectado no se refiere sólo a la persona interesada sino a quien demuestre una lesión en su porción indivisa de un bien compartido como es el ambiente.

    Entiende que los fundamentos del juez de primera instancia para rechazar la acción de recomposición fueron la falta de legitimación y no la ausencia de daño, con lo que su expresión de agravios resultó suficiente rebate al fallo impugnado.

    También considera un error el haber dispuesto el cese temporal -y no definitivo- de las obras y dejar supeditada la viabilidad del emprendimiento inmobiliario a la previa realización del trámite de Declaración de Impacto Ambiental en el OPDS, pues -según sostiene- éste se encuentra emplazado en una zona de humedal, declarada como reserva de biosfera, que cuenta con amplia protección legal.

    Argumenta que en función de la prueba reunida y sin perjuicio de lo expresamente solicitado, el Tribunal de Alzada contaba con sobrados elementos para ordenar en forma definitiva el cese de la ejecución del emprendimiento con lo que supeditarlo al trámite ante el OPDS, resulta contrario del principio de economía procesal, precaución y responsabilidad ambiental.

    Se agravia también de que sea el OPDS quien determine en definitiva la viabilidad del proyecto, cuando éste es parte de la Provincia, que ha sido condenada en este proceso por la omisión de control e incumplimiento de sus obligaciones en materia ambiental.

    En estas condiciones sostiene, no se encuentra garantizada la imparcialidad ni la objetividad en el desarrollo del procedimiento administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental que en su criterio obligaría a apartarla.

    Cuestiona el rechazo de la acción respecto a las pretensiones dirigidas contra Y.S. y el señor C., como así también la desestimación de la pretensión de recomposición de daño ambiental.

    Con referencia al rechazo de la acción vinculada con el señor C. sostiene que no...

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