Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala M, 13 de Mayo de 2020, expediente CIV 066570/2015/CA001

Fecha de Resolución13 de Mayo de 2020
EmisorCamara Civil - Sala M

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA M

ACUERDO: En Buenos Aires, a los días del mes de mayo del año dos mil veinte, hallándose reunidas las señoras jueces de la S. “M” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil,

Dras. M.I.B. y G.A.I., a fin de pronunciarse en los autos “F.G., Julio c/La Nueva Metropol SATACI y otro s/daños y perjuicios”, expediente nº

66570/2015, la Dra. B. dijo:

I.J.F.G. demandó a “La Nueva Metropol S.A.T.A.C.I.” y a R.A.C. por los daños y perjuicios ocasionados a raíz del accidente ocurrido el 22 de julio de 2015 a las 18:50 hs. aproximadamente.

Del escrito de postulación surge que el siniestro se produjo mientras el actor circulaba a bordo de su automóvil marca Peugeot 408 -taxi-, dominio KUT- 058, por la Av. P. de esta ciudad. A. arribar a la intersección con B.M. se detuvo sobre el cordón derecho para permitir el descenso de pasajeros. A. retomar la marcha, el interno 930 de la Línea 194, patente LYU- 800,

al mando de Chamorro, que circulaba en el mismo sentido, pero a su izquierda, efectuó un giro hacia la derecha encerrándolo y lo embistió.

Como consecuencia del impacto, F.G. experimentó dolores en diferentes partes del cuerpo. Unas horas después concurrió al “Sanatorio de la Providencia”, donde fue atendido por guardia (ver fs. 47/49).

Solicitó la citación en garantía de “Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de P.”.

A. presentarse en autos la empresa de transportes demandada rechazó la ocurrencia del infortunio relatado en el escrito de inicio. En subsidio, impugnó las partidas indemnizatorias y los montos reclamados (fs. 56). La aseguradora reconoció la cobertura y la póliza que la ligaba al colectivo de la demandada y adhirió en un todo a la contestación efectuada por su cliente (ver fs. 94 y vta.

Fecha de firma: 13/05/2020

A.ta en sistema: 14/05/2020

Firmado por: M.I.B., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: A.P.R., SECRETARIO INTERINO

Firmado por: I.G.A., JUEZ DE CAMARA

pto. IV). Lo propio hizo el codemandado A.C. a fs. 110

pto. III.

En la sentencia de fs. 289/301 la Sra. Juez de grado admitió parcialmente la demanda y condenó a los accionados a pagar al actor la suma que indica con más sus intereses y costas. Hizo extensiva la condena contra “Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de P.” en los términos del art. 118 de la Ley 17.418.

El fallo de primera instancia fue apelado tanto por F.G. (fs. 302 pto. 1) como por la citada en garantía (fs. 303

pto. I), quienes expresaron agravios a fs. 310 y fs. 312/320,

respectivamente. La réplica de la actora obra a fs. 322/25.

  1. No se discute en la especie que el caso se encuentra aprehendido en las disposiciones del Código Civil sustituido. Es que, de conformidad con las reglas del derecho transitorio, la responsabilidad civil se rige por la ley vigente al momento del hecho antijurídico que, en el caso, es el Código Civil y sus leyes complementarias. Sin embargo, el nuevo ordenamiento alcanza las consecuencias que al tiempo de su entrada en vigencia no se hallaban consumadas (conf. K. de C., A. “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, R.C., Santa Fe. 2015, p. 101;

    Z. de G., M., "Resarcimiento de daños" 2da Daños a las personas (integridad psicofisica), Ed. Hammurabi-José L.D.E., p. 473; G., J.M., “La responsabilidad civil y el derecho transitorio”, en rev. La Ley del 16-11-2015, p. 3).

    A. respecto, cuadra distinguir -por un lado- la configuración del daño como elemento medular de la responsabilidad civil y, por otro, la fijación del monto resarcitorio que no es sino una consecuencia de esa relación jurídica que, al estar pendiente de determinación -deuda de valor- no se encuentra consolidada y, por tanto, ha de quedar gobernada por el Código Civil y Comercial de la Fecha de firma: 13/05/2020

    A.ta en sistema: 14/05/2020

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    Nación (CNCiv., S.M., “F. c/ Arcos Dorados s/daños y perjuicios” del 15-9-2016; “Hauret c/ Guerineau s/daños y perjuicios”

    del 11-8-2016; "Cabali, E.E. c/ Colectiveros Unidos S.A.C.I.F. y otros s/daños y perjuicios", expte. Nº 39.510/2013, del 7-7-2017, entre muchos otros).

    De todos modos, no es dudoso que la utilización de fórmulas aritméticas, como las que prevé actualmente la legislación para establecer la cuantía del daño, constituyen una pauta orientadora o una herramienta más a considerar para dotar de mayor objetividad a la reparación del daño (art. 1740 CCyC). De allí que, aun de aplicarse el criterio inveterado de la Corte Suprema sobre el particular, como lo hace habitualmente la Dra. I., designada en la vocalía N° 39, se alcanzaría una solución final numéricamente coincidente (art. 1746

    CCyC).

  2. Incapacidad sobreviniente:

    La citada en garantía criticó la procedencia de esta partida. Señaló que el actor no acreditó que la leve lesión comprobada pericialmente en la columna cervical tuviera origen en el hecho de autos. A.udió a la falta de documentación respaldatoria, a la edad del reclamante, su profesión y a que ya había sufrido otros accidentes de tránsito similares con anterioridad. También se quejó de la admisión del reclamo por daño psíquico. Por otra parte añadió que el accionante no demostró que hubiera tenido que dejar de trabajar con motivo del infortunio. En subsidio, apeló el monto otorgado por excesivo.

    Por incapacidad sobreviniente debe entenderse cualquier alteración del estado de salud física o psíquica de una persona que le impide gozar de la vida en la medida en que lo hacía con anterioridad al hecho, con independencia de cualquier referencia a su capacidad productiva (conf. A.pa-Bessone, “Il fatti illeciti”, en Tratatto de D.P. (dir. Resigno), XIV-6, p- 9. La protección de la integridad corporal y la salud estuvo implícitamente consagrada en la Constitución Nacional de 1853 (S.C.J.Mendoza, sala I, marzo 1-

    Fecha de firma: 13/05/2020

    A.ta en sistema: 14/05/2020

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    1993, “Fundación Cardiovascular de Mendoza c/Asociación de Clínicas de Mendoza” E.D. To. 153 pág. 163 con nota de S.A. y, explícitamente, en el art. 42 de la Carta Magna y a través de la incorporación de los tratados internacionales, en la modificación de 1994.

    Así, tal protección resulta, entre otros, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 25.1: “Todo ser humano tiene el derecho a un nivel de vida que le permita a él mismo y a su familia gozar de salud y bienestar; tiene derecho a la seguridad en caso de desempleo, enfermedad, discapacidad, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia”); del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art.

    12.1: “Los Estados se comprometen al reconocimiento de derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”); de la Convención Americana de Derechos Humanos (art.

    5.1: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física,

    psíquica y moral” y art. 11.1: “Toda persona tiene el derecho… al reconocimiento de su dignidad”); del art. 18 del Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos,

    Sociales y Culturales (“Toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad”).

    Como se advierte, la salud aparece como un bien jurídico de la mayor jerarquía a la hora de su tutela jurídica. En virtud de ello, las consecuencias de su afectación resultan un daño resarcible,

    en tanto agravia el interés de la persona a mantener su nivel de salud,

    que es protegido por el ordenamiento (conf. Parellada, C.A.,

    Incapacidad parcial y permanente

    , en “Reparación de daños a la persona. R. indemnizatorios y responsabilidades especiales”, dir.

    T.R., F.-B., M., ed. La Ley, 2014, T. III p. 3). Si se ubica a la persona como centro y eje del ordenamiento jurídico, el Fecha de firma: 13/05/2020

    A.ta en sistema: 14/05/2020

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    contenido y la consideración del daño experimentado ha de tener especial significación.

    En la especie, corresponde destacar que la “a quo”

    analizó en conjunto los reclamos efectuados por incapacidad física y psíquica pretendidas por el actor. Tal proceder -a mi juicio- es correcto, pues parto de la concepción de que el ser humano es una unidad vital y que si existe una minusvalía que repercute en cualquiera de los ámbitos debe ser considerada en su integridad pues,

    parcializarla o descomponerla en distintos renglones indemnizatorios,

    implica una visión fragmentada de la persona que, contrariamente a lo que se presume, no importa necesariamente justipreciar correctamente el daño, por cuanto constituyen diferentes rótulos que, en verdad, son mentalmente considerados cuando se trata de cuantificar la indemnización y todos ellos se tienen en cuenta para establecer la reparación total que se entienda justa y razonable. No por tratar en forma separada o conjunta los distintos acápites, la indemnización será mayor. Antes bien, ambas órbitas forman parte de un mismo menoscabo -incapacidad sobreviniente- de manera que es razonable que se las valore en conjunto. Ello, siempre y cuando ambos reclamos resulten admisibles (ver mis votos en autos: "Fuentes, F.c.S.E. y...

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