Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 4 de Octubre de 2018, expediente CAF 023572/2006/CA001

Fecha de Resolución 4 de Octubre de 2018
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala II

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II 23572/2006 En Buenos Aires, a los días del mes de octubre de 2018, reunidos en acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para conocer del recurso interpuesto en autos: “F.S.L. y otro c/EN SIDE- Resol.

17/00 s/empleo público”, contra la sentencia obrante a fs. 504/508, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El doctor L.M.M. dijo:

  1. Que a fs. 2/7 las señoras S.L.F. y G.M.C. promovieron demanda contra la Secretaría de Inteligencia de Estado (en lo sucesivo, “S.”), con el objeto de que se declare la nulidad absoluta de la resolución nº 17/00, emitida por el Secretario de Inteligencia de Estado, por considerarla violatoria de los arts. 4, 9 y 17 de la ley nº 19.549, y 14, 14 bis, 16, 17, 18 y 19 de la Constitución Nacional, y por haber incurrido la demandada en vías de hecho, en tanto la medida adoptada, a su entender, tradujo un despido, cesantía o prescindibilidad arbitraria, sin causa ni culpa del reclamante, y requirieron en consecuencia la fijación de una equitativa y razonable indemnización.

    Sostuvieron que debían compatibilizarse los derechos jubilatorios y la estabilidad de que gozan los agentes, con la facultad del Secretario de Inteligencia de Estado de disponer el cese de servicios por jubilación extraordinaria.

    Objetaron la resolución atacada en cuanto se habían tenido en cuenta hechos o antecedentes inexistentes o falsos, en lo que respectaba a la política de contención del gasto público, a las razones de servicio y al reajuste del cuadro orgánico.

    Adujeron que, contrariamente a lo declarado en el acto en crisis, no se había provocado una disminución del gasto público, como lo evidenciaban las partidas presupuestarias secretas para hacer frente al pago del personal.

    Además, remarcaron que la política de contención del gasto público no es de competencia del S. de Inteligencia de Estado, sino del Presidente de la Nación, en cuanto es el único facultado por la ley para modificar el plantel básico de la Side -conf. art. 3º, ley nº 19.373 (dictada con carácter secreto, sin perjuicio de los caracteres atribuidos en los términos de la ley nº 26.134, para las disposiciones citadas subsecuentemente)-, y del Fecha de firma: 04/10/2018 Alta en sistema: 08/10/2018 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA 1 Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA #10816544#218038799#20181003144524288 Congreso de la Nación, que fija el presupuesto y dicta las leyes de emergencia que puedan cercenar derechos y garantías constitucionales.

    Concluyeron que, en el caso, medió un abuso de poder, configurado por la persecución de una finalidad distinta de la prevista por las normas aplicables.

  2. Que, por sentencia de fs. 504/508 la señora Jueza de grado rechazó la demanda entablada con costas.

    Para así decidir, luego de reseñar la normativa aplicable al caso, señaló que en la resolución nº 17/00 el Secretario de Inteligencia de Estado, haciendo uso de las facultades otorgadas por la ley nº 19.373 y el decreto nº

    4639/73, consideró que debía reajustarse el cuadro orgánico de la Secretaría, con el fin de compatibilizarlo con la misión, funciones y tareas encomendadas y, para ello, seleccionó un grupo de agentes -entre los que se encontraban las actoras- que habían reunido los requisitos para obtener su jubilación y a los que consideró que no resultaban necesarios para sus servicios.

    Asimismo, ponderó que las accionantes no habían probado -ni siquiera desconocido- que al dictado de la resolución nº 17/00 reunieran los requisitos para acceder a la jubilación extraordinaria, ni tampoco habían explicado los motivos por los cuales consideraban que sus servicios seguían siendo necesarios.

    Puso de resalto que, conforme surge del apartado I del art. 26 del decreto nº 4639/73, dentro de los deberes y derechos del Personal Civil de Inteligencia se establece la obligación de firmar al ingreso la declaración jurada agregada como anexo

  3. En dicha declaración, los agentes declaran bajo juramento tomar conocimiento de la ley nº 19.373 y de su respectiva reglamentación, comprometiéndose a su cumplimiento y a guardar el secreto más absoluto de la misma. Ello así, afirmó que, la normativa que regía al personal de inteligencia no era desconocida por las actoras, ya que al ingresar se habían sometido al ordenamiento de forma y de fondo que regía la institución, lo que implicaba que habían aceptado tales reglas.

    Por otra parte, precisó que el presente caso involucraba el ejercicio de una facultad puramente reglada (referente a que las agentes se encontraban en condiciones de acceder a dicha jubilación) y también una matriz discrecional que implicaba una evaluación acerca de la necesidad de servicio del agente. En ese sentido, indicó que resultaba aplicable el criterio jurisprudencial según el cual la apreciación acerca de la aptitud para Fecha de firma: 04/10/2018 Alta en sistema: 08/10/2018 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA 2 Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA #10816544#218038799#20181003144524288 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II 23572/2006 ascender, conservar el grado o pasar a situación de retiro que efectúa la Administración respecto de su personal importa el ejercicio de facultades discrecionales, salvo que se verifique un supuesto de arbitrariedad o irrazonabilidad; ello así, pues se había conferido a los órganos específicos esta capacidad de apreciación en cada caso concreto, cuyo último fundamento es el principio de división de poderes (Fallos: 261:12; 267:325; 302:1584; 303:559; 305:873; entre otros).

    En tales condiciones, tuvo en cuenta que las accionantes reunían, al momento del dictado de la resolución nº 17/00, los requisitos necesarios para obtener el beneficio jubilatorio y que la máxima autoridad del organismo consideraba prescindibles sus servicios, por lo que podían ser intimadas a jubilarse por parte de las autoridades de la Secretaría de Inteligencia del Estado tal como lo estipulan las normas a las cuales ellas mismas se sometieron.

    Finalmente, concluyó que, la parte actora no había logrado acreditar, ni se advertía en el caso, arbitrariedad o irrazonabilidad alguna en la decisión adoptada.

  4. Que, disconformes con lo resuelto, apelaron las actoras a fs. 509.

    Expresaron agravios a fs. 513/515 vta., replicados por su contraria a fs.

    517/521 vta.

    Cuestionaron que, a la fecha del dictado de la resolución, la demandada no había cumplido con el requisito objetivo previsto en la norma vigente, pues no había verificado si las actoras reunían los requisitos administrativos exigidos por la norma para acceder a la jubilación voluntaria; es decir: cumplir con los veinte años de servicio, diez en el organismo y uno en la categoría, por lo que al no reunir las exigencias normativas, el acto debía ser declarado nulo.

    Alegaron que, en el Considerando 5º del fallo apelado, se había incurrido en un inexcusable error de derecho, al haberse omitido transcribir el “Visto” de la resolución nº 17/00 -que resultaba ser...

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