Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 22 de Marzo de 2022, expediente CAF 044043/2019/CA001

Fecha de Resolución22 de Marzo de 2022
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

- SALA IV -

Exp. CAF 44.043/2019/CA1: “FLORES, N.A.C./

EN – JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS – SECRETARÍA DE

GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN S/ EMPLEO PÚBLICO”

En Buenos Aires, a de marzo de 2022, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala IV de esta Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a efectos de conocer el recurso de apelación interpuesto en los autos “FLORES, NICOLÁS

ALEJANDRO C/ EN – JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS –

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN S/ EMPLEO

PÚBLICO” contra la sentencia del 29/11/2021, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El señor juez de Cámara M.D.D. dijo:

  1. ) Que mediante la sentencia del 29/11/2021, el señor juez de primera instancia hizo lugar a la demanda interpuesta por el Sr.

    N.A.F. y, en consecuencia, condenó al Estado Nacional a abonar las sumas de dinero que resulten de la liquidación a practicarse en autos en concepto de indemnización por la ruptura del vínculo laboral que consideró acreditado entre el actor y la Jefatura de Gabinete de Ministros –y luego la Secretaría de Gobierno de Modernización– durante el periodo comprendido entre el 1º/8/2009 y el 31/12/2017.

    Para así decidir sostuvo que se encontraba acreditado que el actor había sido contratado por la Jefatura de Gabinete de Ministros para prestar servicios en distintas áreas y para la realización de diversas tareas,

    ingresando el 1º/8/2009 bajo el régimen de prestación de servicios,

    contratación que fue sucesivamente prorrogada en los años subsiguientes.

    Destacó que, en materia de trabajos desarrollados para la Administración, existían tres regímenes: planta permanente, planta transitoria y el de contratado, pero que esta última figura no podía aplicarse a casos no previstos expresamente en la norma por tratarse de un supuesto de excepción.

    De tal manera, indicó que una utilización inadecuada de esta modalidad de contratación exigía una indemnización.

    Fecha de firma: 22/03/2022

    Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA

    En tal sentido, afirmó que resultaba de aplicación al caso lo resuelto por la Corte Suprema en el caso “Ramos” (Fallos 333:311), donde se sostuvo que la naturaleza de una institución debe ser definida por los elementos que la constituyen, de modo que no es el nomen iuris atribuido por el legislador o por los contratantes sino la realidad material la que debe tenerse en cuenta para poder dilucidar la naturaleza jurídica de una institución.

    Tras llevar a cabo una reseña del citado precedente,

    concluyó que la demandada no había logrado desacreditar que el actor prestó

    servicios durante más de ocho años consecutivos, de forma habitual e ininterrumpida dentro de la Jefatura de Gabinete y posteriormente en la Secretaría de Gobierno de Modernización bajo sucesivos contratos de prestación de servicios suscriptos en los términos del artículo 9º de la ley 25.164, todo ello respetando un horario y percibiendo remuneración, con los correspondientes aportes previsionales. Por lo tanto, entendió que “la vinculación entre el Sr. N.A.F. y la Jefatura de Gabinete y posteriormente la Secretaría de Gobierno de Modernización ostentó una naturaleza jurídica de relación de trabajo, cuya ruptura corresponde indemnizar a fin de restablecer la garantía contra la ruptura discrecional del vínculo” (sic).

    A los fines de determinar el monto de la indemnización,

    sostuvo que una solución razonable y equitativa debía encontrarse en el régimen indemnizatorio previsto en el quinto párrafo del artículo 11 de la ley 25.164.

    Finalmente, impuso las costas del proceso a la demandada en su carácter de vencida (artículo 68 del CPCCN).

  2. ) Que, contra ese pronunciamiento, el Estado Nacional interpuso recurso de apelación el 1º/12/2021, que fue concedido libremente con fecha 2/12/2021.

    Puestos los autos en la Oficina, expresó agravios el 23/12/2021, que fueron contestados por la parte actora el 30/12/2021.

  3. ) Que, en su presentación ante este Tribunal, el recurrente sostiene:

    (i) que la sentencia apelada resulta arbitraria en la medida en que su “único sustento y fundamentación es la aplicación analógica del fallo Ramos…”, pese a que “la regla general, respecto de las contrataciones a tiempo determinado del Estado Nacional, ha sido establecida por la Corte en Fecha de firma: 22/03/2022

    Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

    - SALA IV -

    Exp. CAF 44.043/2019/CA1: “FLORES, N.A.C./

    EN – JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS – SECRETARÍA DE

    GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN S/ EMPLEO PÚBLICO”

    el caso ‘S., C.P.c.A. General de la Nación’”. En tal sentido, indica que lo resuelto por el Máximo Tribunal en “Ramos” no es sino “una excepción a la regla general fundada en el particular encuadre jurídico que sustentaba su contrato”.

    (ii) que el a quo, al admitir la procedencia de la indemnización a favor del actor, se ha apartado de la normativa vigente y de los precedentes judiciales aplicables al caso, por cuanto este “carecía del derecho subjetivo a la estabilidad del empleo público” y, entonces, “también carecía de derecho a indemnización material y moral alguna frente a la no renovación de dicho contrato”. Entiende, por tanto, que la extinción de contrataciones como la que motivó la presente causa “podrá operar de pleno con la sola comunicación fehaciente dada por escrito al contratado y procederá sin expresión de causa y sin conceder derecho a indemnización o compensación alguna…”.

    (iii) que, considerando que la parte actora solicitó una reparación en concepto de daño moral, la sentencia apelada afecta el principio de congruencia al no exponer, con precisión, “cuál sería la indemnización que en definitiva impondría, ni cuáles son los rubros y montos que concretamente contempla”. Señala, al respecto, que no ha existido “conducta injuriante alguna” de su parte en perjuicio del actor “que permita declarar la procedencia de una indemnización por daño moral”.

    (iv) que, finalmente, “[n]o existe razón jurídica alguna ni pruebas que permitan válidamente” imponerle las costas del proceso, máxime cuando la sentencia en crisis resulta arbitraria y no se halla fundada en las pruebas producidas en la causa.

  4. ) Que, a fin de dar acabada respuesta a los planteos traídos a esta instancia, resulta necesario realizar una reseña de los antecedentes de hecho que dieron origen a la presente controversia.

    El 31/7/2009 se celebró entre la Jefatura de Gabinete de Ministros y el actor un “contrato de prestación de servicios por tiempo determinado y en carácter transitorio en el marco de lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley Nº 25.164” (v. páginas 1/3 del IF-2017-10601358-APN-

    DGRRHH#MM). Por su intermedio, acordaron que, a partir del 1º/8/2009 y Fecha de firma: 22/03/2022

    Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA

    hasta el 31/12/2009, el actor prestaría servicios en carácter de “auxiliar de funcionamiento” con dedicación de treinta y cinco horas...

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