Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Vi, 27 de Septiembre de 2023, expediente CNT 031246/2018/CA001

Fecha de Resolución27 de Septiembre de 2023
EmisorCámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Vi

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

SALA VI

SENTENCIA DEFINITIVA

SALA VI

Expediente Nro.: CNT 31246/2018

(Juzg. Nº 20)

AUTOS: “FLORES, M.N. C/ EXPERTA ART S.A. S/ ACCIDENTE

- LEY ESPECIAL”

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2023

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR CARLOS POSE DIJO:

La trabajadora tacha de paupérrimo el monto de condena y el interés fijado como accesorio, afirma que debe aplicarse el decreto 669/19 -salvo en lo que hace a la tasa de interés-,

mientras que la demandada argumenta que el reclamo se encuentra prescripto, que la patología detectada no constituye enfermedad accidente, entiende irrazonable el porcentual por incapacidad,

improcedente la aplicación de intereses moratorios y altos los honorarios regulados en beneficio de los auxiliares de justicia.

Corresponde analizar, en primer término, los cuestionamientos empresarios siendo improcedente la excepción de prescripción: en caso a estudio, la demanda fue presentada en sede judicial el 10 de agosto de 2.018 y no se discute que el reclamo del trabajador tramitó ante las comisiones médicas con un resultado negativo que fue explayado el 1 de junio de 2.017 por lo que la defensa que nos ocupa sería inoperante ya que: a) no habría vencido el plazo bienal fijado por el art.

256 de la LCT; b) nos estamos moviendo en el campo del derecho social donde cualquier situación dudosa debe resolverse a favor de la trabajadora y c) no puede jugar a favor de la demandada la figura de la cosa juzgada administrativa por el escaso Fecha de firma: 27/09/2023

Firmado por: G.L.C., JUEZA DE CAMARA

Firmado por: C.P., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: M.B. DE LA FUENTE, SECRETARIA DE CAMARA

engarce jurídico que tiene y poder ser destruida por una denuncia de ilegitimidad y/o por la interposición de un reclamo judicial como el impuesto en autos.

En cuanto a la patología detectada no advierto que, a tenor del dictamen médico y lo declarado por los testigos, que pueda discutirse que estamos ante una dolencia de carácter laboral: nadie mejor que el médico, conocedor idóneo e indiscutido de la biología, estructura y funcionalidad del cuerpo humano, está en condiciones de asesorar al tribunal acerca del resultado de hechos médico legales, tales como insuficiencias orgánicas, estados del psiquismo, incapacidades,

secuelas, inutilidad para el trabajo, invalidez e infortunios laborales en general (conf. P., "Derecho Laboral", t. IV,

p. 514; M., "Funciones y atribuciones del perito médico en los casos de infortunios laborales", LL 1989-B-843; B.,

Tratado de medicina legal del trabajo

, p. 92) y, si bien los informes periciales carecen de valor vinculatorio para el órgano judicial, el apartamiento de sus conclusiones debe encontrar apoyo en razones serias, es decir en sólidos fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión de los expertos se encuentra reñida con los principios de la lógica, con las máximas de la experiencia o con otros elementos probatorios (conf. Palacio, "Derecho Procesal Civil", t. II p.

1936; P., “Derecho Laboral”, t. IV, p. 510; M., “La prueba pericial médica en los juicios laborales”, DT 2.018-2-

443; CSJN, 25/3/97, "Valledor c/Caja Nacional de Previsión para la Industria, Comercio y Actividades Civiles", DT 1997-A-1004;

C.. Sala I, 29/2/16, “Del Valle c/Nueva Express Postal SRL”;

Sala II, 10/2/17, “Gaona c/Construcciones Civiles Management SA”; 29/11/17, “Arias c/Asociart ART SA”; Sala III, 18/9/17,

V. c/Liberty ART SA

; Sala IV, 26/3/13, “Barboza c/Citytech SA”, B.. 330; Sala VI, 29/10/20, “Meza c/Provincia ART SA”;

Sala VII,30/6/17, “Cifra c/La Caja ART SA”; 28/11/18,

M. c/Provincia ART SA

) lo que no puede predicarse del caso a estudio ante la claridad del dictamen emitido y su concordancia con lo declarado por los testigos (arts. 386, 456

y 477 CPCC).

Por el contrario, la limitación física de la actora sería del 4% de la total obrera ya que el 5% por daño estético quirúrgico en la muñeca operada explicaría la atribución de incapacidad psíquica pero no de la física. La primera, a su Fecha de firma: 27/09/2023

Firmado por: G.L.C., JUEZA DE CAMARA

Firmado por: C.P., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: M.B. DE LA FUENTE, SECRETARIA DE CAMARA

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

SALA VI

vez, no puede exceder el 10% de la total obrera de acuerdo al baremo del decreto 659/96 obligatorio para el Fuero Laboral (ver CSJN, caso “L.”) lo que permite evaluar la minusvalía existente en el 14% y conduce a la considerar adeudada la suma de $ 144.085,18 ($ 247.003,18: 24 x 14).

En el caso, el IBM fue fijado en $ 9.460,29 y no se trata de una suma envilecida a tenor del informe obrante a fs. 92 ya que, por ejemplo, lo percibido en marzo de 2.015 por el actor fue un monto menor y durante el período computado las sumas fueron similares salvo, por supuesto, al pagarse el aguinaldo,

lo que obsta a su modificación.

Por otra parte, no advierto que pueda prosperar el planteo referente a la validez constitucional del decreto 669/19 por cuanto: a) el citado decreto fue sancionado con posterioridad a exteriorizarse la patología de la trabajadora siendo inadmisible su aplicación retroactiva pues ello implicaría la violación de los arts. 17 y 18 de nuestra Carta Magna; b)

resulta contradictorio que se defienda la validez de un decreto de necesidad y urgencia en ciertos aspectos y que se los ataque en otros como es la tasa de interés y c) en rigor de verdad el decreto citado carece de toda legitimidad, no había una situación de emergencia que justificase la sustitución del art.

12 de la ley 24.557 mediante una manda ejecutiva que sólo puede emitirse en situaciones excepcionales.

En cuanto a los intereses fijados como accesorio del crédito entiendo que no resulta admisible el argumento de la demandada con respecto a su falta de mora ya que los pronunciamientos de responsabilidad patrimonial se limitan, en nuestro ordenamiento jurídico, a declarar la existencia de un derecho que es previo a la decisión judicial.

El punto más delicado es si corresponde o no acceder a la capitalización solicitada por la actora del citado adicional con apoyo en los incisos b y c del art. 770 del CCCN ya que la apelante entiende que, aún ante la falta de petición concreta,

debió procederse oficiosamente a aplicar tal directiva y el tema es delicado porque si bien los intereses compensatorios pueden ser fijados oficiosamente por los jueces la intención Fecha de firma: 27/09/2023

Firmado por: G.L.C., JUEZA DE CAMARA

Firmado por: C.P., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: M.B. DE LA FUENTE, SECRETARIA DE CAMARA

legislativa es que la moratorios fuesen, por el contrario,

fijados por acuerdo de partes, por leyes especiales o, en su caso, por la tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central (ver arts. 767 y 768, CCCN) y la figura del anatocismo según siendo una institución residual que debe ser aplicada con prudencia por los magistrados de grado (ver art.

771, CCCN).

Pero, atento el cuestionamiento efectuado por la recurrente en la materia, propiciaré la aplicación del acta 2764/22 sin perjuicio de hacer saber mi disidencia personal con lo resuelto por la mayoría de este Tribunal en la materia.

Paso a explicarme, el interés es un índice, utilizado en economía y finanzas, para registrar la rentabilidad del dinero,

es decir el costo de un ahorro o de un crédito siendo que, en el mundo moderno, las instituciones tradicionales para la canalización de ahorros o de divisas no son otras que los bancos, lo que hace que la determinación de la tasa de interés sea fijada según las necesidades de un mercado altamente competitivo, sujeto a fluctuaciones permanentes y explica que,

en ocasiones, el Estado intervenga para regular su valor combatiendo lo que, según las normas jurídicas, puede constituir el delito de usura. En tal sentido cabe recordar que, en la Edad Media, el cobro de interés era considerado como un pecado ya que el tiempo era propiedad de Dios y no de los hombres y el afán de lucro algo despreciable contrario al bien común y al principio evangélico de caridad (G., Salvador “Historia del Pensamiento Social”, p. 163; P., H.,

Historia Económica y Social de la Edad Media

, ps. 91/2

M.A., Y. y S.R., J., “Pensamiento Económico”, p. 30; L., “Historia del Derecho, de las Obligaciones, Contratos y Cosas”, p. 30); idea que fue desplazada en el Renacimiento aceptándose el arrendamiento del dinero como el de cualquier otro bien, por...

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