Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 10 de Julio de 2018, expediente CAF 090257/2017/CA001

Fecha de Resolución10 de Julio de 2018
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala II

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II Exp. 90257/2017 En Buenos Aires, a los días del mes de julio de dos mil dieciocho, reunidos en acuerdo los Señores Jueces de la S.I.I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para conocer respecto del recurso interpuesto en autos: “F.P., F. c/ E.N. – Mº Interior -

DNM s/ Recurso directo DNM”, contra la sentencia obrante a fs. 123/130vta., el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

La doctora M.C.C. dijo:

I.-) Que el señor F.F.P., de nacionalidad paraguaya, con la asistencia de la Sra. Defensora Pública Coadyuvante, integrante de la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación, interpuso recurso judicial en los términos del artículo 84 de la Ley nº 25.871, contra la D.osición SDX nº 237011, emitida por la Dirección Nacional de Migraciones (de ahora en más: D.N.M.) el 29/11/2017, por cuyo intermedio había sido desestimado el recurso jerárquico interpuesto, a su vez, contra la D.osición SDX nº 171761. Mediante esta última, fechada el 4/09/2017, la Dirección Nacional de Migraciones (en adelante D.N.M.) había resuelto: a-)

denegar el beneficio solicitado por el Sr. F.P. (art.1º), b.-) declarar irregular la permanencia en el Territorio de la República Argentina del interesado (art. 2º), c-) ordenar su expulsión del Territorio Nacional (art. 3º), y d.-) prohibir su reingreso, con carácter permanente (art. 4º). Asimismo, el accionante requirió que, en el caso de corresponder, se declare la inconstitucionalidad de los arts. 4º, 6º, 7º, 9º y siguientes del Decreto de Necesidad y Urgencia nº 70/17 (normas por las cuales se reguló el Procedimiento Migratorio Especial Sumarísimo; ver fs. 2/14vta.).

II.-) Que la señora Jueza de primera instancia rechazó el recurso judicial interpuesto por el señor F.P. y, en consecuencia, confirmó las D.osiciones SDX nº 171761 y nº 237011, dictadas en el marco del expediente administrativo nº 1733632015. Impuso las costas a la vencida, por no encontrar razones para su dispensa (art. 68 del C.P.C.C.N.).

Para así decidir, y una vez repasados los hechos relevantes del caso, se ingresó al tratamiento de la alegada inconstitucionalidad de los artículos 4, 6, 7, 9 y siguientes del Decreto nº 70/17. Al respecto, destacó que la aplicación Fecha de firma: 10/07/2018 Alta en sistema: 11/07/2018 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA #31087644#210887962#20180705144953513 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II Exp. 90257/2017 del procedimiento migratorio especial sumarísimo implementado por el D.N.U. nº 70/2017, resultaba inmediata, en consideración al carácter instrumental de dicho ordenamiento. Agregó que, en virtud de ello, devenía improcedente la impugnación constitucional de dicho procedimiento, bajo el entendimiento de que a los jueces les está vedado efectuar pronunciamientos abstractos.

Asimismo, y en torno del análisis constitucional, se agregó que el actor había omitido cumplir con los requisitos que viabilizan la declaración de inconstitucionalidad pretendida, al advertir que ésta había omitido demostrar de qué manera se contraviene la Constitución Nacional y los tratados con las potencias extranjeras con la norma atacada, observando asimismo que tampoco se había comprobado que dicho ordenamiento causara un gravamen al migrante.

En todo caso, también se aclaró que la cuestión debatida sería analizada a la luz de la Ley nº 25.871, en su redacción al momento del dictado del decisorio, teniendo en cuenta que eran las partes quienes remitían a lo dispuesto en el Memorándum ME – 2017- 02840536 – APN-DGTJ#DNM.

Así las cosas, la judicante hizo referencia a la causa penal seguida contra el Sr. F.P., en el marco de la cual éste fue procesado por transporte de estupefacientes por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 6 de esta Ciudad, en causa elevada a juicio en diciembre de 2011. De esta manera, la sentenciante de grado destacó que, contrariamente a lo manifestado por el actor, no se trataba en autos de un supuesto de cancelación de residencia, habida cuenta de que al momento en que la D.N.M. tomó

conocimiento del procesamiento el 9/10/2015, la Residencia Temporaria, que había sido otorgada con validez hasta el 4 de octubre de 2015, ya había vencido.

Seguidamente, analizó lo relativo a la subsunción legal que la demandada había efectuado en el acto atacado, respecto del migrante. Como surge de autos, dicho encuadre fue en la figura prevista por el inciso d- del art.

29 de la Ley nº 25.871, que prevé, como causal de expulsión del territorio, la situación de “....Haber sido condenado o estar cumpliendo condena, o tener antecedentes o condena no firme, en la República Argentina o en el exterior, Fecha de firma: 10/07/2018 Alta en sistema: 11/07/2018 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA #31087644#210887962#20180705144953513 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II Exp. 90257/2017 respecto de delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”.

Respecto de esta cuestión, se subrayó que dicha subsunción resultaba adecuado y ajustado a la situación del actor, en punto al impedimento discernido. De esta manera, se agregó que el citado Memorándum, se disponía que en aquellos expedientes administrativos en los que no se hubiera expedido la D.N.M., es decir, donde no se hubiese dictado el primer acto administrativo que encuadrara el caso en el impedimento correspondiente, se aplicaría la reforma del Decreto nº 70/17. Bajo tales condiciones, y asumiéndose que en el presente caso, el acto no había sido dictado a la fecha fijada en dicho documento (esto es: el 31 de enero de 2017), cabía concluir que correspondía la aplicación al caso de dicho decreto.

Sobre la cuestión, la Sra. Magistrada señaló que la validez constitucional del Decreto nº 70/17 había sido ratificada judicialmente por el Juzgado nº 1 del Fuero en la causa “C.E.L.S. y otros c/ E.N. – DNM – s/

Amparo Ley 16.986”, expte. 3061/2017, sentencia del 18/10/2017, que desestimó la objeción formulada respecto de la ampliación de los impedimentos para permanecer en la Argentina y de los supuestos de cancelación de residencia, recordando que en dicho fallo se había concluido que “… ninguna de las causales impidientes del ingreso y permanencia de extranjeros en territorio nacional o de la residencia que les hubiere sido otorgada, introducidas por el Decreto nº 70/2017, como modificación a la Ley nº 25.871, se presentaba como irrazonable, ilegal o arbitraria”.

Por otra parte, también se destacó que la expulsión no constituía una sanción penal sino administrativa, por lo que su aplicación no afectaba a la presunción de inocencia, y por lo tanto, no requería una condena firme, bajo el entendimiento de que no presuponía la culpabilidad penal.

Sostuvo, asimismo, que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituía la más delicada de las funciones encomendar a un Tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debía ser considerado la última ratio del orden jurídico, por lo que no cabía formularla sino cuando un acabado examen del precepto conducía a la Fecha de firma: 10/07/2018 Alta en sistema: 11/07/2018 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA #31087644#210887962#20180705144953513 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II Exp. 90257/2017 convicción cierta de que su aplicación conculque el derecho o la garantía constitucional invocados.

Sobre las circunstancias del caso, señaló que, la D.N.M., al dictar los actos impugnados por el actor, consideró que se hallaba configurado uno de los presupuestos objetivos impedientes previstos en el art. 29 de la Ley nº

25.871, toda vez que el migrante se encontraba imputado en la causa n° 1883, por el delito de transporte de estupefacientes, en calidad de coautor.

Paralelamente a ello, la señora Magistrada de grado, destacó que los actos dictados por la Administración referentes al accionante, cumplían con los requisitos esenciales exigibles a todo acto administrativo (conf. artículos y , de la Ley nº 19.549), no advirtiéndose menoscabo alguno respecto de los derechos de aquél. En línea con ello, descartó cualquier supuesto de violación o inobservancia de lo establecido en la normativa procesal administrativa mencionada y lo dispuesto por la Ley nº 25.871. En ese orden de ideas, aclaró

que la Dirección Nacional de Migraciones constató la existencia de un procesamiento firme en contra del actor, y razonó que eso autorizaba a la demandada, como autoridad de aplicación, a declarar irregular la permanencia del Sr. F.P. en el país y ordenar su expulsión, sin que se avizorara rastro de arbitrariedad o ilegalidad en la decisión adoptada.

En punto a la dispensa por razones de reunificación familiar, se subrayó

que la misma era de carácter excepcional y no resultaba de aplicación al caso, al considerarse que la causa impediente de ingreso o permanencia prevista en el inc. d) del art. 29 de la Ley Migratoria no se encontraba comprendida dentro de los supuestos expresamente habilitados para hacer lugar a dicha excepción.

De todas maneras, se añadió que era facultativo de la Dirección Nacional de Migraciones aplicar la mentada dispensa, debiendo ésta ser interpretada en armonía con la potestad de la Administración de impedir el ingreso y permanencia de extranjeros, por lo que, el simple hecho de tener familiares residiendo en el país no generaba en sí mismo el derecho a permanecer en él.

Finalmente, se aclaró que una vez que se encontrara firme y consentido el...

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