Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - SALA I, 1 de Septiembre de 2015, expediente CNT 048782/2012/CA001

Fecha de Resolución 1 de Septiembre de 2015
EmisorSALA I

Poder Judicial de la Nación SENTENCIA DEFINITIVA Nº 90844 CAUSA Nº 48.782/2012 AUTOS: "FLEITAS ALFREDO ANGEL C/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS DE LA CALLE SARANDI 425 S/DESPIDO”

JUZGADO Nº 63 SALA PRIMERA En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 1º dia del mes de septiembre de 2015 reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe y de acuerdo al correspondiente sorteo se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. M.Á.M. dijo:

  1. Contra la sentencia de primera instancia dictada por la Dra. M.A. D’Agnilo (fs. 182/191), que receptó

    parcialmente las pretensiones salariales, indemnizatorias y sancionatorias deducidas en el escrito inicial, se alzan la demandada en los términos del recurso que luce a fs.195/199 (respondido a fs.226/230) y el accionante en los términos del recurso que luce a fs. 201/219, sin réplica de la contraria.

    Asimismo, el Dr. Barroetaveña cuestiona por bajos los honorarios que le fueran regulados (cfr. fs. 220).

    Finalmente, la parte actora apela a fs. 222 y 223 los honorarios que le fueran regulados a la perito psicóloga y a la representación letrada de la demandada por considerarlos elevados.

  2. Al fundamentar el recurso, la parte demandada se agravia porque la Sra. Jueza a quo consideró acreditada la existencia de un despido discriminatorio. Cuestiona la valoración de la prueba que acredita que el actor fue despedido por su enfermedad. Se agravia por que la sentenciante de grado receptó favorablemente la sanción prevista en el artículo 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.

    La parte actora, a su vez, ataca el fallo: a) por el rechazo del daño moral y psicológico; b) por la desestimación de la multa establecida en el art. 2º de la ley 25.323; c) por considerar que no se han demostrado las horas extras trabajadas y no abonadas; d) por la base salarial que se tomó para el cálculo de la liquidación final; e) por la tasa de interés contemplada en origen; f) por la imposición del 30% de las costas a su parte; g)

    por el rechazo de la multa dispuesta en el art. 80 de la LCT; h) por la desestimación de los salarios adeudados y i) por resultar exigua la reparación estipulada por la Sra. Jueza a quo en relación a lo establecido por el art. 1º de la Ley 23.592.

  3. Por razones de orden metodológico comenzaré

    por analizar las quejas de la demandada y de la parte actora relativas al despido discriminatorio, el monto tomado en origen en lo tocante al art.1º de la ley 23.592, y el rechazo del daño moral y psicológico.

    Los términos de los agravios imponen memorar que la demandada procedió a despedir al actor mediante Carta Documento de fecha 26 de junio de 2012 en los siguientes términos “…En mi carácter de administradora del Consorcio de Propietarios Sarandí 425 de la C.A.B.A.

    notifico a Ud. que la Asamblea General Extraordinaria del día 25 julio de 2012 ha resuelto preavisarlo por el término de tres meses, de la extinción de la relación laboral con el consorcio, quedando relevado de prestar tareas. En consecuencia deberá restituir al consorcio la vivienda que ocupa. Queda Ud.

    Notificado…” (ver fs. 66).

    Fecha de firma: 01/09/2015 Firmado por: GLORIA PASTEN DE ISHIHARA, JUEZA DE CAMARA Firmado por: M.A.M., JUEZ DE CAMARA Poder Judicial de la Nación Ahora bien, la Sra. Jueza a quo consideró que el despido dispuesto por la demandada tuvo como verdadera causa la enfermedad del accionante, quien fue despedido a menos de un mes de haberse reintegrado a su trabajo, luego de una licencia por enfermedad (ver fs.151/152), con alta médica a partir del 29/5/12 (ver fs.148/149), es decir que la decisión patronal resolutoria tuvo carácter discriminatorio y consecuentemente hizo lugar a un resarcimiento por discriminación en el despido, con fundamento en el art. 1º de la ley 23.592, que importa el pago de un resarcimiento adicional e involucra también resarcir el daño moral causado al trabajador por la desvinculación, en la suma de $90.000.-.

    Cabe señalar que, tal como ha quedado planteada la contienda, nos encontramos frente a la invocación de un despido discriminatorio, en el marco de un despido comunicado sin invocación de causa.

    En tal contexto, no entra en discusión que se trató de un despido incausado que genera derecho al cobro de las indemnizaciones derivadas del “despido arbitrario”, y lo que debe determinarse, es si, la decisión adoptada encubrió una motivación discriminatoria.

    En materia de despidos en los que se alegan motivos discriminatorios, corresponde seguir el criterio que inclusive rige en sede civil -en donde el principio protectorio y las normas adjetivas que hacen a la facilitación de la prueba en el proceso no son aplicables-, según el cual no corresponde exigir al trabajador plena prueba del motivo discriminatorio, bastando a tal efecto con indicios suficientes en tal sentido (conf. art. Art. 163 inc. 5 CPCCN). Así, en el reparto de cargas procesales, a cargo de la empleadora debe colocarse la justificación de que el acto obedece a otros motivos. Desde tal perspectiva, he puntualizado que la carga probatoria que se impone al empleador en tales casos, no implica desconocer el principio contenido en el art. 377 del CPCCN, ni lo específicamente dispuesto en la ley 23.592, ya que “…quien se considere afectado en razón de cualquiera de las causales previstas en esta ley (raza, nacionalidad, opinión política o gremial, sexo, caracteres físicos, etc.), deberá, en primer lugar, demostrar poseer las características que considera motivantes del acto que ataca…y los elementos de hecho, o en su caso, la suma de indicios de carácter objetivo en los que funda la ilicitud de éste, quedando en cabeza del empleador acreditar que, el despido tuvo por causa una motivación distinta y a su vez excluyente, por su índole, de la animosidad alegada, y ello por cuanto, ante la alegación de un acto discriminatorio, mediando indicios serios y precisos en tal sentido, es el empleador quien debe aportar los elementos convictivos que excluyan la tipificación enrostrada, todo lo cual encuentra sustento en la teoría de las cargas dinámicas probatorias, según la cual, sin desmedro de las reglas que rigen el onus probandi, quien se encuentra en mejores condiciones, es quien debe demostrar objetivamente los hechos en los que sustenta su obrar, máxime cuando las probanzas exigidas pudieran requerir la constatación de hechos negativos…” (conf. sentencia N.. 93.623 del 7/7/05 in re “Cresta, E.V.c.D.S. s/daños y perjuicios”, sentencia N.. 99.449 del 14/07/11 en autos “F., Macedonio Jorge C/ Jockey Club Asoc. Civil S/ Despido”, ambas del registro de la Sala II –y con igual criterio CNAT, S.V., Sent. N..

    34673 del 30/11/2007, en autos “C.O.N. c/ Hipódromo Argentino de Palermo S.A. s/ juicio sumarísimo”, entre muchos otros).

    En resumen, en casos como en el presente en los que se discute la real motivación del despido, el trabajador tiene la carga de aportar indicios razonables de que el acto empresarial tuvo ese fin. Para ello no basta una mera alegación, sino que se debe acreditar la existencia de elementos que, aun cuando no creen plena convicción sobre la existencia de actos u omisiones atentatorios contra el derecho fundamental, induzcan a creer racionalmente justificada su posibilidad. Sólo una vez que se encuentra configurado el cuadro indiciario precitado, cabría analizar las circunstancias y factores que pudieron haber incidido en la decisión empresaria de despedir sin causa al dependiente.

    Este ha sido el criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “P., L.S.c.P. de Abogados de la Capital Federal s/ amparo”, (sentencia del 15/11/2011, P.489, XLIV) al sostener que “la cuestión de los medios procesales destinados a la protección y, en su caso, reparación de los derechos y libertades humanos Fecha de firma: 01/09/2015 Firmado por: GLORIA PASTEN DE ISHIHARA, JUEZA DE CAMARA Firmado por: M.A.M., JUEZ DE CAMARA Poder Judicial de la Nación se erigió siempre como uno de los capítulos fundamentales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ... no basta con que los recursos existan formalmente, sino que es preciso que sean efectivos ..(Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Acosta Calderón vs. Ecuador, sentencia del 24 de junio de 2005, Serie C N° 129, parr. 93…). Normas constitucionales y supralegales han señalado la necesidad de que el diseño y las modalidades con que han de ser reguladas las garantías y ciertamente su interpretación y aplicación deben atender y adecuarse a las exigencias de protección efectiva que específicamente formule cada uno de los derechos humanos, derivadas de los caracteres y naturaleza de estos y de la concreta...

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