Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 5 de Diciembre de 2018, expediente A 72397

PresidenteSoria-Kogan-Negri-de Lázzari-Genoud-Pettigiani
Fecha de Resolución 5 de Diciembre de 2018
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 5 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresS., K., N., de L., G., P.,se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 72.397, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra C.S.A.A.. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".

A N T E C E D E N T E S

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata -en lo que interesa- acogió el recurso de apelación deducido por la demandada con relación a la excepción de prescripción opuesta (v. fs. 301/308).

Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 311/320), el que oportunamente fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 322/323).

Dictada la providencia de autos (v. fs. 343) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor J. doctorS. dijo:

I.1. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires promovió juicio de apremio contra Cefas S.A. sobre la base de los títulos ejecutivos 442.652, 442.655 y 442.646, en los cuales se plasman deudas en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos devengadas durante los períodos 1/1999 a 12/2000, 1/2001 a 10/2001 y 12/2005, respectivamente (v. fs. 1/3 y 8/9).

I.2. A fs. 97/107, la ejecutada se presentó y opuso, con relación a la deuda identificada en los títulos 442.652 y 442.655, excepción de prescripción.

Sostuvo que dicho instituto, sus efectos y modalidades se encontraban regulados por el -hoy derogado- Código Civil, legislación de fondo dictada por el Congreso con alcance general para todo el territorio nacional.

Sobre la base de los fundamentos desarrollados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Filcrosa", razonó que toda normativa provincial que no se ajuste al estándar fijado al respecto por el legislador nacional resulta inconstitucional al vulnerar las disposiciones de los arts. 5, 28, 31 y 75 inc. 12 de la Constitución federal.

Señaló que en dicha situación se encontraba el art. 134 del Código Fiscal, en cuanto establecía que luego de producida la interrupción del curso de la prescripción a causa de un reconocimiento de deuda, el término correspondiente debía reiniciarse recién a partir del 1 de enero siguiente a dicho evento.

Explicó que de los arts. 3.956 y 3.989 del por entonces vigente Código Civil, así como también de su doctrina, se desprendía que dicho plazo debía empezar a contarse desde el mismo día del reconocimiento.

Con posterioridad, advirtió que el 19 de marzo de 2004 había admitido las obligaciones reclamadas en autos mediante declaraciones juradas y que ello había venido a interrumpir el término quinquenal aplicable; puntualizó, sin embargo, que a la luz del régimen nacional citado, el cómputo debía volver a comenzar el 20 de marzo de 2004 y que -por ende- hacia el 20 de marzo de 2009 había transcurrido totalmente, verificándose así la prescripción, máxime por cuanto la demanda había sido promovida recién el 1 de diciembre de 2009.

I.3. A fs. 167/174, la Fiscalía de Estado contestó el traslado de las excepciones interpuestas.

A propósito de la de prescripción, recordó que en el mes de marzo de 2004, Cefas S.A. había presentado las declaraciones juradas correspondientes a los períodos comprendidos entre el 1/1999 y el 10/2001, acogiéndose luego al plan de sinceramiento fiscal creado por la ley 13.145 y cancelando la deuda reconocida en treinta y seis cuotas idénticas y consecutivas.

Relató que en su momento la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) detectó diferencias entre las sumas que la contribuyente había declarado y las efectivamente abonadas en el marco del mencionado régimen de regularización, por lo que emitió los títulos ejecutivos 442.652 y 442.655, cuyo cobro se persigue en autos.

Planteó que la primera interrupción del curso de la prescripción se dio el 26 de abril de 2004, día en que se produjo el acogimiento a la moratoria establecida por la ley 13.145, pero a ello añadió que cada pago que la contribuyente realizó en el marco de esta última constituyó un nuevo reconocimiento (tácito) tanto de la deuda incluida en ella como de las diferencias no incorporadas, por lo que asignó a cada una de tales circunstancias, asimismo, efectos interruptivos con incidencia sobre el presente.

Concluyó así que, aun bajo la aplicación de las normas del Código Civil, la deuda reclamada en autos no se encontraba prescripta, ya que la última cuota había sido cancelada recién el 7 de diciembre de 2006.

Sin perjuicio de lo anterior, descartó el planteo de inconstitucionalidad del art. 134 del Código Fiscal, reivindicando la potestad provincial para regular la prescripción de las obligaciones tributarias y resaltando que -a su entender- no correspondía acudir a las normas del -hoy derogado- Código Civil, por cuanto la cuestión analizada es de derecho público y encuentra explícita solución en las normas locales que participan de ese mismo carácter.

Sin desconocer la doctrina que la Corte nacional ha venido sentando a partir del fallo "Filcrosa", insistió con que de acuerdo con la distribución de competencias que emerge de la Constitución nacional, las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal, aclarando asimismo que la delegación que las provincias han hecho en la Nación para dictar la llamada legislación de fondo sólo significa que, en lo que respecta a los códigos civil y de comercio, aquellas han querido un régimen uniforme en materia de derecho privado, pero indicó que no hay justificativos para interpretar que además han tenido la voluntad de limitar sus facultades de derecho público.

I.4. En su oportunidad, el juez de primera instancia rechazó la excepción de prescripción que ha sido reseñada por argumentos distintos de los que habían sido propuestos por las partes, pues entendió que el plazo correspondiente, que debía computarse a partir del 19 de marzo de 2004, se había visto suspendido por un año, en virtud de lo establecido "por el artículo 135 del Código Fiscal (t.o. 2006)" (sic, v. fs. 193 vta.).

I.5. Dicha decisión fue apelada, en el aspecto referido, por la contribuyente, quien además de desconocer la causal de suspensión allí invocada, negó haber suscripto plan de pagos alguno, observando -entre otras- que en el expediente administrativo no figuraba formulario de acogimiento, firma ni constancia que lo acreditara.

  1. Llegado el caso a conocimiento del tribunala quo, éste acogió, en lo que aquí interesa, el recurso de apelación deducido por la demandada.

    Para así decidir, consideró equívoco el razonamiento del juez de grado, observando a continuación que en autos se hallaba controvertido el efectivo acaecimiento del acogimiento al plan de regularización de deudas supuestamente verificado el 26 de abril de 2004.

    Advirtió que, frente a ello, correspondía estar a las constancias administrativas, de las que -entendió- no surgía adhesión alguna por parte de la contribuyente.

    Sentado lo expuesto, precisó que sólo el reconocimiento ínsito a la presentación de declaraciones juradas realizada el 19 de marzo 2004 había tenido por efecto la interrupción del plazo de prescripción aplicable.

    Sostuvo que a fin de determinar si desde ese momento hasta el de interposición de la demanda de apremio había transcurrido o no el plazo de cinco años, se hacía necesario ingresar en la impugnación dirigida por la demandada contra el art. 134 del Código Fiscal.

    Entendió que la queja de ésta debía ser favorablemente acogida, toda vez que la doctrina sentada por el Máximo Tribunal nacional a partir de "Filcrosa" había sido ya receptada tanto por esta Suprema Corte como por la propia Cámara interviniente.

    Destacó que en la especie no se hallaba en tela de juicio el plazo de prescripción, pero sí su modo de cómputo, que incidía decisivamente en aquel, motivo por el cual consideró que también en este caso debía quedar desplazada la aplicación de las normas del Código Fiscal en beneficio de la subsunción en las reglas del -hoy derogado- Código Civil, del que surgía que con posterioridad a la interrupción por reconocimiento, el nuevo término debía reiniciarse de inmediato.

  2. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, la Fiscalía de Estado denuncia violación del art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial, por considerar que ha mediado absurdo en la valoración de la prueba, cuestionando asimismo que no se haya aplicado lo preceptuado por el art. 134 del Código Fiscal.

    Por un lado, asegura que con las constancias administrativas acompañadas al proceso se acreditó que la deuda contenida en los títulos ejecutivos 442.652 y 442.655 había sido expresamente reconocida por la accionada mediante la adhesión al régimen de regularización de deudas creado por la ley 13.145 y cada pago efectuado en su marco.

    Puntualiza que a fs. 11/21 de aquel expediente obraba el estado de la cuenta corriente de la firma contribuyente, del cual surgía la fecha de suscripción del plan correspondiente y las treinta y seis cuotas en que se canceló, incluido el último pago, realizado el 7 de diciembre de 2006.

    Destaca que la Cámara no explicó el fundamento lógico jurídico por el cual evaluó que no se habían demostrado las circunstancias interruptivas de la prescripción oportunamente invocadas, ello en abierta contradicción con los elementos aportados.

    En otro orden, califica de desacertada la conclusión del tribunal actuante relativa al modo en que el Código Fiscal regula el cómputo de los plazos de prescripción, advirtiendo que -en lo que aquí...

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