Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 7 de Febrero de 2018, expediente C 99296

PresidenteGenoud-Kogan-de Lázzari-Negri-Soria-Pettigiani-Kohan
Fecha de Resolución 7 de Febrero de 2018
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 7 de febrero de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresG.,K., de L., N., S., P., K.,se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 99.296, "F. y Lowenbach, C.L. contra Fisco de la Provincia de Bs. As. Expropiación inversa".

A N T E C E D E N T E S

La Sala II de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata modificó el decisorio que había hecho lugar a la demanda de expropiación (v. fs. 377 y vta.).

Se interpuso, por el Fisco, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 380/387 vta.).

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor J. doctorG. dijo:

  1. La Cámara modificó el fallo que había hecho lugar a la pretensión expropiatoria. Mantuvo el valor de la tierra según la pericia por la que optara el juez de primera instancia, pero dispuso que el mismo sea determinado a valores actuales, rechazando los conceptos desmejoramiento del remanente y alambrados, e imponiendo las costas de ambas instancias a la parte accionada (v. fs. 370/377 vta.).

  2. Contra esta decisión se alzó el Fisco denunciando la violación de los arts. 17 de la Constitución nacional, 2511 del Código Civil, 8 y 35 de la ley 5.708 (v. fs. 380/387 vta.).

  3. El recurso prospera parcialmente.

    III.1. En lo que interesa destacar, la Cámaraa quosostuvo sustancialmente que los argumentos base de la sentencia de origen, que indujeron al juzgador a recoger las conclusiones periciales del ingeniero N., no habían sido controvertidos en la expresión de agravios, habiéndose omitido toda referencia a los mismos, por lo que resultaba insuficiente el memorial (v. fs. 372).

    A ello sumó que las protestas del demandado no llegaron al Tribunal de Alzada acompañadas de una crítica sustancial, demostrativa de las razones de fondo por las cuales, a juicio del recurrente, ante la marcada diferencia de valores aportados por los peritos de parte, aquél debía inclinarse por los del ingeniero V. (v. fs. cit.).

    Destacó una seria insuficiencia de los agravios, en tanto, según se expuso, la pieza sólo tradujo una mera opinión personal que es expresada sin rebatir con eficaces argumentos jurídicos las premisas sobre las que el señor juez fundó su decisión (v. fs. cit.)

    Por dichas consideraciones, rechazó el agravio dirigido a cuestionar el "valor de la tierra" determinado en base a la pericia que en la instancia de origen se elige de entre las producidas.

    Debo señalar, y ceñido a lo que hace al "valor de la tierra", objeto de expreso agravio que se lleva por ante el Tribunal de Alzada, que el recurrente no se hace cargo de controvertir esas conclusiones y sólo expone su discrepancia personal con lo resuelto por el fallo, lo que resulta técnicamente incorrecto por cuanto, si la sentencia recurrida afirmó que los argumentos de la parte no efectuaban una crítica idónea de la sentencia de primera instancia, entonces debió señalar por qué motivo esto no era exacto. Es decir que si el fallo dice que no fueron motivo de cuestionamiento las razones por las cuales el juzgador se inclinó por el dictamen del ingeniero N., entonces la parte debió haber señalado por qué motivo esa conclusión era errónea.

    En tal sentido, esta Corte tiene ya dicho que analizar la suficiencia técnica del escrito de expresión de agravios constituye una facultad privativa de los tribunales de apelación, la que sólo puede ser objeto de revisión en esta instancia extraordinaria si se denuncia y demuestra que la declaración de ineficacia, o la deserción en su caso, son el resultado de un razonamiento viciado por el absurdo (conf. doctr. causas Ac. 44.847, "A.", sent. de 27-VIII-1991 en "Acuerdos y Sentencias", 1991-III-19; Ac. 52.483, "B.", sent. de 30-VIII-1994 en "Acuerdos y Sentencias", 1994-III-518; Ac. 77.770, "D'Avola", sent. de 19-II-2002; Ac. 84.323, sent. de 3-III-2004; Ac. 89.762, "S.", sent. de 23-II-2005; e. o.).

    De tal manera, resulta insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que -como en el caso- replantea los agravios desarrollados al fundamentar su apelación ante el Tribunal de Alzada, sin impugnar la declarada ineficacia de ellos en función de los arts. 260 y 261 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. doctr. causas Ac. 42.763, "R.", sent. de 17-X-1990 en "Acuerdos y Sentencias", 1990-III-703; Ac. 49.393, "I.", sent. de 3-III-1992 en "Acuerdos y Sentencias", 1992-I-220; Ac. 55.771, "M.", sent. de 2-VIII-1994 en "Acuerdos y Sentencias", 1994-III-222; Ac. 77.441, "N." sent. de 19-II-2002; Ac. 90.313, "M.", sent. de 1-XII-2004; Ac. 89.762, "C.", sent. de 23-II-2005; e.o.).

    Es que si el Tribunal de Alzada, en ejercicio de facultades propias, hizo una valoración de la expresión de agravios llegando a la conclusión de que no reunía los requisitos del art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial, es ineficaz el recurso de inaplicabilidad de ley que no denuncia como infringido dicho precepto, ni califica de absurda la tarea realizada por el sentenciante (conf. doctr. causas Ac. 33.298, "P.", sent. de 21-XII-1984 en "Acuerdos y Sentencias", 1984-II-650; "D.J.B.A." 1985-129-465, "La Ley" 1986-B-610; Ac. 38.162, "N.E.A. S.A.", sent. de 10-XI-1987 en "Acuerdos y Sentencias", 1987-V-29; Ac. 78.086, "Cruells", sent. de 31-III-2004; Ac. 84.102, "L. d.C., M.L. y o.", sent. de 10-V-2006; Ac. 88.702, "Carricat", sent. de 7-II-2007; entre muchos otras); por lo que debe rechazarse el intento revisor en este aspecto.

    III.2.a. Respecto al otro agravio que se expone en el recurso en examen, referido a la época de determinación del precio de la tierra expropiada, y que el Tribunal de Alzada fija en el mes de octubre de 2004, se queja el expropiante al señalar que "Considerar que ha mediado un accionar de hecho por parte del Estado en lo referente a la construcción del ensanche del Canal 16 y no tomar ello como desposesión, es olvidarse que el propietario ha sido privado de la cosa y que esa ocupación será la que determinará la fecha de fijación del valor del bien e indemnización consiguiente." (v. fs. 385). Sostiene que [el fallo] ha desconocido que la ocupación por parte del Estado para la construcción de la ampliación del Canal 16, resultó ser una plena y genuina toma de posesión (v. fs. 385 vta.), y que, si tal como se propone no tomó [el Fisco] posesión, mal podría haberse incoado la acción de expropiación inversa, pues no se hallaría conformado uno de los supuestos previstos por el art. 41 de la ley 5.708.

    III.2.b. Ela quo, basándose en el art. 8 de la 5.708 y el decreto 2480/1963, concluyó que la posesión aludida en esa norma para fijar el momento de determinación del precio, es la que el Fisco tenga "de derecho o mediante decisión judicial", puesto que la ley citada sólo aclara el modo en que debe ser interpretado el referido art. 8 (v. fs. 373 vta.).

    En ese marco, concluye el Tribunal de Alzada que si bien la norma menciona la desposesión del propietario, debe entenderse que, como contrapartida, se está refiriendo a la posesión que toma el Estado del bien a expropiar, y en tal sentido, es que alude a la tomada de acuerdo a derecho. Como la demandada no ha invocado ni demostrado haber obtenido antes de los respectivos dictámenes periciales la posesión de derecho de los bienes involucrados en esta causa, concluye en que correspondía establecer la fijación del monto indemnizatorio conforme las pautas cuantitativas y temporales dadas por la pericia tercera (v. fs. 373 vta./374).

    III.2.c. El agravio que se considera se genera a partir de lo dispuesto por el Tribunal de Alzada en orden a la fecha de desposesión para, a partir de su determinación, fijar elquantumindemnizatorio. De nada valen, por ello, los argumentos expuestos en este voto a la hora de analizar el primer agravio relacionado con el "valor de la tierra". Así, la insuficiencia que se patentiza en el recurso respecto a esa primer cuestión, en modo alguno es extensiva a esta segunda, introducida tan sólo a partir de la consideración dela quoen orden a lo que define como desposesión de derecho.

    III.2.d. En el punto, afirma el recurrente que "elDecreto 2480/63 fue sancionado a los efectos de evitar dificultades de interpretación de la ley de la materia para lograr así una mayor seguridad jurídica.Por ello ha sido establecido quela posesión a que se refiere el art. 8 comprende la que el Fisco tenga de hecho o mediante decisión judicial y no como señala V.S. ‘de derecho o mediante decisión judicial’solamente" (v. fs. 384 vta./385; el resaltado pertenece al original).

    Continúa afirmando el quejoso que "Teniendo por cierto que la posesión es un hecho, la terminología empleada por el fallo resulta confusa y reprobable, ya que el Código (rectius: la ley) no hace distinción entre posesión de derecho o de hecho (...) sino que realiza otro tipo de categorizaciones que no hacen al caso de autos" (v. fs. 385 vta.).

    El Tribunal de Alzada justifica la posición asumida acerca de cuál es el momento debido para la determinación del precio a pagar (v. fs. 372 vta.), explicando luego las causas que la llevan a adoptar el valor unitario, dado en dólares, al momento de la pericia del profesional por cuyos números se decide (Ing. N..

    Sostiene que "La ley citada [decr. ley 2480/1963] sólo aclara el modo en que debe ser interpretado el referido artículo 8. A partir de su vigencia la hermenéutica de esa norma no debe ser otra que la que los términos de aquélla indican. Si bien el mentado artículo 8 menciona la desposesión del propietario, debe entenderse que, como contrapartida, se está refiriendo a la posesión que toma el Estado del...

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