Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 8 de Mayo de 2019, expediente A 74998

PresidenteSoria-de Lázzari-Negri-Genoud-Kogan-Pettigiani
Fecha de Resolución 8 de Mayo de 2019
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La P., a 8 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresS., de L., N., G., K., P.,se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.998, "Fiscalía de Estado - Prov. de Bs. As. contra Tribunal Fiscal. Pretensión Anulatoria (Coady. C.A.J. y Q.M.Á.S.H.). Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".

A N T E C E D E N T E S

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La P. admitió la defensa previa articulada por los terceros coadyuvantes y declaró prescripta la acción del Fisco de la Provincia de Buenos Aires para reclamar los créditos cuya procedencia se discute en el proceso. Para así decidir, consideró que el caso se halla regido por las normas pertinentes del Código C.il (ley 340), y no por las del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 104/107 vta.).

Contra ese pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 114/128 vta.), el que fue concedido por ela quo(v. fs. 137/138).

Dictada la providencia de autos (v. fs. 114) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor J. doctorS. dijo:

  1. En el recurso de inaplicabilidad de ley, el apoderado de la Fiscalía de Estado, luego de referirse a los requisitos de admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley, cuestiona la aplicación al caso de las normas del Código C.il (ley 340) decidida por la Cámara y sostiene la constitucionalidad de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, texto ordenado 2011 -al que se referirá en lo sucesivo- (v. fs. 115). Alega, además, que se aplicó erróneamente el art. 75 inc. 12 de la C.itución nacional y los arts. 3.956, 3.986 y 4.027 inc. 3 del Código C.il.

    Con posterioridad relata los antecedentes del juicio, sintetizando que el objeto de su impugnación radica centralmente en demostrar que los arts. 159 y 161 del Código Fiscal son constitucionales.

    Luego de ello plantea la "necesidad del abandono de la doctrina del caso Filcrosa" (fs. 116 vta.). En ese sentido detalla los datos salientes del citado precedente, explicando que tal doctrina desconocía su premisa argumentativa acerca del carácter local del derecho público (v. fs. 117).

    Expresa que bajo estos parámetros se le otorgó el carácter de derecho "de fondo" a todas las instituciones vinculadas a las relacionesiuspublicistas(v. fs. 117), las que merced a ello no podían ser modificadas por las provincias. Ese razonamiento, según lo explica, es lo que motivó la "...declaración de inconstitucionalidad de variadas disposiciones dictadas por las provincias, alcanzando a las normas que regulaban la prescripción de las acciones para el cobro y repetición de impuestos, por considerarla un instituto general derecho y -por ello- comprendido dentro de la delegación efectuada a la Nación en el art. 75 inc. 12 de la C.itución Nacional" (fs. 117 vta.).

    Postula que la distribución de competencias contenida en el art. 75, inc. 12 de la C.itución nacional debe ser interpretada de una "...forma dinámica, a la luz de su contenido histórico y de las circunstancias actuales" (fs. 118).

    En adición, explica que la Ley de Procedimiento Tributario Nacional n° 11.683 presenta identidad con los códigos fiscales provinciales y no ha recibido reproche constitucional alguno (v. fs. 117 vta.).

    Agrega que fue el legislador nacional, quien a través del Código C.il y Comercial unificado ha dejado carente de fundamento al fallo "Filcrosa", toda vez que a través del art. 2.532 del citado cuerpo "...confirma expresamente la competencia de las legislaturas provinciales para regula la prescripción liberatoria en cuanto al plazo de los tributos. Respetando esa tesis, el art. 2560 que limita la aplicación del Código C.il y Comercial unificado a los supuestos no contemplados en las legislaciones locales" (fs. 120 vta.).

    Explica que ello no es una delegación de competencias, sino antes bien responde a una interpretación dinámica del reparto constitucional previsto en los arts. 75 inc. 12 y 121 de la C.itución nacional.

    En virtud de ello, sumado a que la declaración de inconstitucionalidad es laultima ratiodentro del ordenamiento jurídico, propone una interpretación "...armónica que compatibilice las diferentes normativas en juego" (fs. 121).

    Finalmente, precisa que su acción respecto de la deuda controvertida en las actuaciones no había prescripto al momento de la interposición de la demanda. Explica que, conforme los arts. 159 y 161 del Código Fiscal, el plazo de prescripción respecto del período más antiguo reclamado (enero de 2007) había comenzado a correr el 1 de enero de 2009; que fue suspendido a partir de la notificación de la disposición delegada GR 5.251/2010 (resolución determinativa de oficio); y que la demanda anulatoria se articuló con anterioridad a que expirara el término por el que el cómputo de la prescripción se había detenido.

  2. El recurso debe prosperar.

    II.1. En estas actuaciones se trae a conocimiento una cuestión sustancialmente análoga a la suscitada en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos SRL s/ apremio", sentencia de 16-V-2018. En efecto, en aquel caso como en este, el tribunala quohabía decidido que correspondía computar el término de la prescripción de las acciones del Fisco para reclamar la deuda discutida, desplazando la normativa del Código Fiscal bonaerense (en especial, en cuanto refería al modo en que debía calcularse su término) y aplicando a ese fin el Código C.il.

    II.2. Para admitir la excepción de prescripción (v. fs. 104/107), los juecesa quosostuvieron que el Código C.il y Comercial no es aplicable en la especie en razón de que el plazo de prescripción se había cumplido antes de que aquella norma entrara en vigencia. Por ese motivo, consideraron desplazada también la aplicación del art. 2.537 de ese cuerpo normativo (v. fs. 105 vta). Decidieron, en cambio, que correspondía dirimir el caso conforme las previsiones del Código C.il.

    Aunque no efectuaron una expresa declaración de inconstitucionalidad de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal, justificaron la aplicación de las disposiciones de derecho común en lo dispuesto en el art. 75, inc. 12 de la C.itución nacional y citaron precedentes en los que esa Cámara había adoptado el mismo temperamento (v. fs. 106).

    De tal modo, estimaron que el plazo de prescripción de los períodos fiscales objeto de controversia (cinco años, conf. art. 4.027 inc. 3, Cód. C..) se encontraba extinto al momento de la interposición de la demanda impugnativa pues: a) había comenzado a correr desde el título de la obligación (art. 3.956, Cód. C..), momento que fijaron en los días 1 de enero de 2008 y 1 de enero de 2009 para los períodos 2007 y 2008, respectivamente; y b) su curso se había visto suspendido durante un año desde la constitución en mora del contribuyente (art. 3.986, Cód. C..), circunstancia que consideraron verificada con la notificación de la resolución determinativa de oficio y sumarial que tuvo lugar el 13 de octubre de 2010. Sostuvieron también que a tal conclusión habría de arribarse aun considerando dispensado el curso de la prescripción por la circunstancia de haber tramitado un recurso ante el Tribunal Fiscal de Apelación, pues la Fiscalía de Estado había interpuesto la demanda vencidos los tres meses corridos desde la cesación del impedimento para ejercer su acción (art. 3.980, Cód. C..; fs. 106 vta.).

  3. Disconforme con esa decisión, la representación fiscal interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 114/128 vta.). Allí, como quedó expuesto más arriba, esencialmente se reivindica la potestad local para regular todos los aspectos vinculados a la prescripción en materia tributaria.

  4. En atención a los antecedentes reseñados, corresponde reproducir aquí mi voto en el citado precedente "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos SRL s/ apremio" (cit.) en cuanto refiere al nudo de la cuestión controvertida. Adelanto entonces que, al igual que en aquellas actuaciones, corresponde aquí hacer lugar al recurso articulado por la Fiscalía de Estado.

    Bajo las pautas que expuse en el voto referido, y dada la consecuente aplicación alsub litede la normativa provincial referida al cómputo de la prescripción de créditos tributarios, las acciones del Fisco respecto de la deuda determinada mediante la disposición delegada GR 5.251/2010 (relativa al Impuesto sobre los Ingresos Brutos por los años 2007 y 2008) no se encontraban prescriptas al momento en que la Fiscalía de Estado interpuso la demanda que encabeza estas actuaciones.

    En efecto, para el período más antiguo que se halla en discusión, eldies a quode aquel término se registró el 1 de enero de 2009 (art. 159 párrafo primero, Cód. Fiscal); su curso se vio suspendido el día 13 de octubre de 2010 con la notificación al contribuyente del acto determinativo de oficio (v. fs. 589; art. 161 inc. "a", Cód. Fiscal); esa suspensión mantuvo sus efectos hasta noventa días después de notificada la sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación (art. 161...

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