Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 7 de Abril de 2010 (caso Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas S/ su Denuncia)

Fecha de Resolución: 7 de Abril de 2010
 
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Causa: “FISCALÍA NACIONAL DE INVESTIGACIONES

ADMINISTRATIVAS s/ su denuncia”

Expte. N° 50.398/07 (N° de origen 1626/04)

JUZGADO FEDERAL DE TUCUMÁN N° I

Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario MIGUEL DE TUCUMÁN, 07 de Abril de 2010.

AUTOS Y VISTO: Para resolver el recurso de apelación deducido contra la resolución de fs. 393/397; y CONSIDERANDO:

Fundamentos de los señores Jueces de Cámara Dres. ERNESTO C. WAYAR,

GRACIELA N. FERNÁNDEZ VECINO y RAÚL DAVID MENDER:

Que contra la resolución de fecha 29 de Mayo de 2007 -fs. 393/397-

que en su punto II) dispone declarar extinguida la acción penal por prescripción en relación a Raúl Mario Mirande, en base a lo dispuesto por los arts. 62 inc. 2 y 59 inc. 3 del C.P., y en consecuencia sobreseerlo total y definitivamente en orden a los delitos previstos y penados por los arts. 174 inc. 5, 248, 249 y 292

del Código Penal, apela el Ministerio Público Fiscal a fs. 398/399.

El recurso es mantenido a fs. 427 y presentado informe de agravios a fs. 434/442.

Sostiene el Sr. Fiscal General Subrogante que no corresponde sobreseer a Mirande, toda vez que la acción penal no se encuentra prescripta,

por tres motivos: (1) la fecha de consumación del hecho ilícito imputado es 07

de Mayo de 2001, fecha en la que se confirmó la decisión de archivo de los autos N° 18/98, (2) desde aquella fecha hasta el dictado del fallo -29/05/07- no ha transcurrido el máximo de la pena conminada para los delitos endilgados y (3) tampoco ha operado el plazo señalado en el segundo párrafo del art. 67 de C.P., teniendo en cuenta que Mirande era funcionario público a la fecha de los ilícitos endilgados y hasta el día 5 de Mayo de 2004, por lo que la prescripción se encontraba suspendida hasta esa fecha.

Asevera que la prescripción no se produjo porque operó una causal de suspensión, subrayando -contrariamente a lo afirmado por la defensa- que una causal de suspensión de la prescripción no implica consagrar la imprescriptibilidad.

Concluye que el “a-quo” ha omitido tratar las cuestiones expuestas por el Fiscal al contestar la vista corrida, infringiendo así el mandato del art. 123

procesal e incurriendo en la causal de nulidad prevista por el art. 167 inc. 2 del C.P.P.N..

Por lo que solicita se revoque el decisorio atacado y se reenvíen los autos al tribunal inferior para que dicte nueva sentencia.

Que, en primer lugar, este Tribunal entiende que no corresponde hacer lugar al agravio relativo a la falta de fundamentación de la resolución apelada, toda vez que se advierte que mínimamente el auto apelado ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el art. 123 del Código de rito.

La norma citada tiene como fin resguardar la garantía de la defensa en juicio, posibilitando el control de la decisión judicial, lo que se halla plenamente satisfecho en la resolución atacada, por lo que cabe rechazar el planteo de nulidad deducido en autos.

Ahora bien, conforme se desprende de las constancias obrantes en autos, se imputa a Raúl Mario Mirande la presunta comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. 5 del C.P.),

violación a los deberes de funcionario público (arts. 248 y 249 del C.P.),

prevaricato (art. 271 del C.P.), falsificación de documento público (art. 292 del C.P.) y encubrimiento (art. 277 inc. a), con el agravante del art. 279 inc. 3, todos ellos en concurso ideal.

En relación con el hecho imputado a Mirande, se desprende del requerimiento de instrucción de fs. 208/223 que lo actuado en sede penal por el Dr. Atim habría sido permitido por el Dr. Mirande, Jefe de la División Jurídica,

en tanto a él le competía representar judicialmente al organismo recaudador,

además de haber omitido, al igual que los demás funcionarios actuantes,

cualquier tipo de intervención en la causa penal tendiente a impulsar la investigación, por lo que, no obstante configurarse respecto de él la conducta prevista en el art. 248 del C.P. -incumplimiento del deber de representación de la AFIP-DGI-, resulta también partícipe necesario de lo actuado por el Dr. Atim y Quiroga.

Asimismo, se afirma en el citado requerimiento que los funcionarios de la AFIP-DGI permitieron que los contribuyentes denunciados no cumplieran con los requerimientos efectuados, evadiendo, de tal manera, el estar sometidos 2

Causa: “FISCALÍA NACIONAL DE INVESTIGACIONES

ADMINISTRATIVAS s/ su denuncia”

Expte. N° 50.398/07 (N° de origen 1626/04)

JUZGADO FEDERAL DE TUCUMÁN N° I

Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario a la verificación y fiscalización de los impuestos por los períodos 1993 a 1995,

ya que las órdenes de intervención nunca fueron terminadas, determinando así

que la cuestión planteada en el amparo deviniera abstracta, y siendo Mirande el Jefe de la División Jurídica, y por tanto representante de la AFIP-DGI, resultaría presunto autor del delito previsto en el art. 271 del C.P.. Por último, se indica allí que la conducta de Atim, Quiroga, Puerari, Salazar y Mirande podrían encuadrar en las previsiones del art. 277 inc. 1 a), con la agravante del art. 279

inc. 3 del C.P.

En lo atinente a la época en que los hechos fueron cometidos - lo que reviste cabal importancia...

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