Fiscales denuncian un tráfico de influencias

Nueve fiscales federales de Comodoro Py firmaron ayer, en conjunto, una denuncia para que se investigue a funcionarios del Gobierno; al , Fernando Esteche, y al

Es una presentación que registra pocos antecedentes: fue suscripta por la mayoría de los fiscales del fuero que instruye las causas más sensibles para el poder político.

Ellos solicitaron determinar si es cierto que Esteche se reunió con Bogado, a quien supuestamente le habían presentado en las filas del oficialismo como representante de la Jefatura de Gabinete, para "discutir" los devenires de su condena penal (fue condenado por haber atacado un local del ex gobernador neuquino Jorge Sobisch). Estas gestiones fueron dadas a conocer por el propio Esteche en declaraciones públicas.

Los firmantes de la denuncia son el fiscal de Cámara, Germán Moldes, y los titulares de ocho de las doce fiscalías de primera instancia: Jorge Di Lello, Carlos Rívolo, Eduardo Taiano, Carlos Stornelli, Ramiro González, Guillermo Marijuan, Gerardo Pollicita y Patricio Evers. No firmaron los nuevos fiscales designados por la procuradora Alejandra Gils Carbó para cubrir las vacantes del fuero. Tampoco Federico Delgado (no estaba en el edificio, dijo uno de los firmantes).

La denuncia, presentada pocas horas después de terminada la feria judicial, fue sorteada y le tocó al juzgado de Norberto Oyarbide y a la fiscalía de Marijuan. Según informaron sus autores, se gestó en un diálogo entre dos de los fiscales de primera instancia; se redactó en las oficinas de uno de ellos y después adhirieron con sus firmas los restantes.

En el documento ellos sostuvieron que de corroborarse lo que contó Esteche, se estaría ante diálogos que ligan a "un imputado en una causa penal con funcionarios de la Jefatura de Gabinete de la Nación y personas que, ajenas a dicha Administración Pública, le representaban para negociar los alcances de un acto jurisdiccional de otro poder, el Judicial".

Los delitos

Esto podría encuadrar -sostuvieron- en los delitos de "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público", "usurpación de autoridad" y "tráfico de influencias agravado" (tendiente a obtener que un magistrado tomara una determinada decisión judicial).

La denuncia no identifica a ningún funcionario del Gobierno. Dice que deberá determinarse el "real acontecer"...