Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 16 de Abril de 2012, expediente 12.301

Fecha de Resolución16 de Abril de 2012

Cámara Federal de Casación Penal Causa Nro. 12.301 –S.I.–

C.N.C.P “FIORENTINO,

S.M. s/ recurso de casación”

REGISTRO NRO. 527/12 .4

la ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de abril del año dos mil doce, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor M.H.B. como P. y los doctores G.M.H. y J.C.G. como Vocales,

asistidos por el Secretario actuante, a los efectos de resolver los recursos de casación interpuestos a fs.1111/1121 vta., 1124/1138 y 1139/1144, de la presente causa N.. 12.301 del registro de esta Sala, caratulada:

FIORENTINO, S.M. s/ recurso de casación

; de la que RESULTA:

  1. Que el Tribunal Oral en lo Federal de Santa Cruz, provincia homónima, en la causa 02/2009 de su registro interno, con fecha 03 de marzo de 2010, resolvió, en lo que aquí interesa: “1) No hacer lugar a las nulidades planteadas por las defensas de los imputados; (…) 3) Condenar a J.P.B., (…) a la pena de cuatro años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo, multa de pesos dos mil, accesorias legales (art.

    12) y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (art. 5to. Inc. “c”

    de la ley 23.737), declarando la inaplicabilidad de la ley N° 22.278,

    manteniendo la libertad del mismo hasta tanto se encuentre firme la presente; 4) Condenar a S.M.F., (…) a la pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, multa de pesos tres mil,

    accesorias legales (art. 12) y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (art. 5to. Inc. “c” de la ley 23.737); 5) Condenar a E.S.F., (…) a la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, multa de pesos tres mil, accesorias legales (art. 12)

    y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de 1

    tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (art. 5to. Inc. “c”

    de la ley 23.737), manteniendo la libertad del mismo hasta tanto se encuentre firme la presente (…)” (cfr. fs.1082/1082 vta. y 1087/1103).

  2. Que contra esa resolución interpusieron recurso de casación los doctores E.E.S., Defensor de confianza de J.P.B. (fs. 1111/1121 vta.); A.P., Defensora Pública Oficial de S.M.F. (fs. 1124/1138), e I.J.V., Defensora de confianza de E.S.F. (fs. 1139/1144).

    Los recursos fueron concedidos a fs. 1146/1147 vta. y mantenidos a fs. 1166, 1164 y 1165 respectivamente, sin adhesión del doctor P.N., F. General ante esta Cámara (fs. 1162 vta.).

  3. a) Recurso de casación interpuesto a favor de J.P.B..

    En primer término, conforme lo establece el art. 456, inc. 2, del C.P.P.N. postuló la nulidad de las intervenciones telefónicas pues “resultaba indispensable que el Juzgado interviniente explicitara las razones de porqué autorizaba que el inicio de la intervención telefónica se postergara por cuatro meses y luego se prorrogara por otros seis” (fs.

    1116).

    Afirmó que “con posterioridad a la sanción de la Ley Nro.

    23.984, se ha dictado la Ley Nro. 25.520 que en su artículo 19 fija un límite de sesenta (60) días, prorrogable por otros sesenta sólo cuando ello sea imprescindible para completar la investigación en curso” (fs. 1116 vta). Al respecto, se agravió por cuanto los sentenciantes entendieron inaplicable la citada ley.

    Concluyó que las intervenciones telefónicas sobre los celulares atribuidos a J.P.B., por un plazo mayor a los seis meses “significó una actividad jurisdiccional irrazonable y abusiva con directa afectación de su derecho a la intimidad protegido por los arts. 11, inciso 2

    Cámara Federal de Casación Penal Causa Nro. 12.301 –S.I.–

    C.N.C.P “FIORENTINO,

    S.M. s/ recurso de casación”

    2do., del Pacto de San José de Costa Rica, 17.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 12 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; normas todas éstas integradas a nuestra Constitución Nacional (art. 75, inc. 22)” (fs. 1116 vta./1117).

    También con invocación de la segunda hipótesis prevista por el art. 456 del ordenamiento procesal, postuló que la sentencia impugnada efectuó una violación de las reglas de la sana crítica pues“no obran constancias en la causa de la individualización de la titularidad de los celulares interceptados, con excepción del nro. (…) que pertenecía al padre de J.P.B.” (fs. 1117).

    Puntualizó que no existió procedimiento alguno que haya “permitido determinar la pertenencia de las voces atribuidas en las distintas transcripciones telefónicas y que la sólo afirmación formulada por el inspector M.C., en cuanto a que lo sabe “por conocer el timbre de voz después de diez meses”, resulta un elemento de juicio muy precario para arribar a la certeza probatoria que requiere el dictado de una sentencia condenatoria” (fs. 1117).

    En otro orden de ideas, se agravió pues el fallo impugnado tiene por comprobado que la droga incautada, tanto aquella secuestrada en la vía pública como la hallada en el domicilio de S.M.F. “era de éste conjuntamente con su hijo y con J.P.B.” (fs. 1117

    vta.).

    Concretamente, resaltó que la anterior afirmación se encuentra desvirtuada a partir del testimonio del oficial inspector C. quien, en la audiencia de debate, dijo que “no vio que B. concurriera al citado domicilio de B. 213” (fs. 1117 vta.). A partir de ello, cuestionó la posesión de los 263, 2 gramos de cocaína secuestrados en el domicilio de S.F., donde su asistido “rara vez concurría” (fs. 1117 vta.).

    Respecto del secuestro de la droga en la vía pública, tras la 3

    persecución del vehículo en el cual se desplazaban S.F. y J.P.B., cuestionó el contenido de las actas de debate a partir de las manifestaciones de L.A.B. que dijo haber vigilado a B. en su domicilio del barrio D.C., cuando éste “no vive en tal vecindario y yerra sobre las características del vehículo perseguido y el horario en que el operativo policial aconteció” (fs. 1117 vta./1118).

    En consecuencia, concluyó que “no es posible tener por acreditado que J.P.B. haya sido quien tiró la droga por la ventana o que, aún habiendo sido así, ello haya podido significar que era quien tenía el dominio sobre la misma” (fs. 1118).

    Por otro lado, señaló que está acreditado que J.P.B. “era adicto al consumo de estupefacientes y que es una persona influenciable según lo declarado en la audiencia por la licenciada B.C.” y que por ello no se encuentra demostrado que su asistido “tuviese la disponibilidad de los estupefacientes secuestrados” pues éstos “estaban bajo la órbita de una persona de más de 50 años (S.M.F. y que era quien mantenía vínculo con el supuesto proveedor de la droga (D.C.P.)” (fs. 1118). Afirmó como factible la hipótesis según la cual “el trato entre B. y F. estuviera dirigido principalmente a que éste le suministrara droga para su consumo personal y el de eventuales amigos” (fs. 1118).

    En forma subsidiaria, postuló que B. habría “cooperado sobre un hecho cuyo dominio era ejercido por otro” (art. 46 del CP).

    Por último, se agravió pues el fallo recurrido importa un “razonamiento contradictorio cuando –por un lado- pretende “encapsular” la imputación de mi asistido a lo sucedido el día 21 de agosto de 2008 y –por el otro- nutre el reproche penal con conductas que el nombrado habría llevado adelante cuando aún no había cumplido los dieciocho años de edad” (fs. 1120 vta.). Como corolario de lo anterior,

    Cámara Federal de Casación Penal Causa Nro. 12.301 –S.I.–

    C.N.C.P “FIORENTINO,

    S.M. s/ recurso de casación”

    peticionó que “se le aplique el aludido régimen penal de la minoridad” (fs.

    1120 vta.).

    Hizo reserva de caso federal.

    1. Recurso de casación interpuesto a favor de S.M.F..

      La recurrente se agravió en los términos de ambos incisos contemplados por el art. 456 del C.P.P.N.

      En primer lugar, se agravió pues la resolución puesta en crisis rechazó el planteo de nulidad de las intervenciones telefónicas que, a su juicio “conduce a la nulidad de toda la prueba de cargo” (fs. 1127 vta).

      Afirmó que el auto de fs. 16 es nulo pues “no alcanza la mera remisión al dictamen fiscal –que también está impregnado de la misma falencia- ni tampoco alcanza que el juez se remita a otras piezas procesales” y que “la remisión a “actitudes que harían sospechar que se estarían desarrollando conductas en infracción a la ley 23.737” sin que se hubiesen detallado cuáles eran esas actitudes al momento de resolver ni las razones por las que se las consideraba aptas para infringir la ley 23.737,

      deja al decreto de fs. 16 vacío de contenido, el que se pretende completar o rellenar (…) ex post” (fs. 1128 vta.).

      Siguiendo esta misma línea de razonamiento, cuestionó que la razón para el dictado del auto de fs. 16 haya sido que “concurren jóvenes al domicilio donde vive otro y que permanezcan en él pocos minutos” y que “en un quiosco se intercambi[e] algo con la mano” (fs. 1129).

      Por otro lado, sostuvo que no sólo el auto de fs. 16 es nulo sino que también lo son “todos los demás decretos simples por los que se ordenan las prórrogas o las nuevas intervenciones. Se trata de los decretos de fs. 50, 59, 73, 104, 128, 160, 168, 177, 190 y 219, puesto que de ningún modo responden a los parámetros legales, constitucionales ni convencionales previstos para ese tipo de invasión en la intimidad y la vida 5

      de las personas” (fs. 1130).

      Asimismo, resaltó que, de acuerdo con las constancias obrantes en autos, no se cumplió con la intervención telefónica al momento de dictada la orden (08/11/2007), sino que pasaron cuatro meses hasta que finalmente se cumplió con la intervención del abonado telefónico (06/03/2008), lo que le permitió concluir que “durante esos cuatro meses no pasó nada [y que] las agencias estatales estaban a la pesca” (fs. 1130

      vta.).

      En definitiva, concluyó que en la época en la que se efectivizó

      la intervención, así como en sus posteriores prórrogas, “no se tenía (…) la información de que mediante el teléfono cuya intervención se ordenaba se efectuarían llamadas vinculadas al tráfico de estupefacientes”...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba