El financiamiento de la política

Históricamente, el dinero y la política se relacionan en forma intensa y muchas veces clandestina. No se concibe la actividad política sin dinero. Se asume que, como el dinero en la política es poco transparente, una política transparente es inviable. Son certezas compartidas por muchos. Tanto, que pocos se atreven a indagar al respecto.

Sin embargo, hacer oídos sordos y pretender desentenderse de estas cuestiones encierra incalculables costos para los ciudadanos, pues está visto que los vínculos con la corrupción se aceitan en esa despreocupación ciudadana. Hablamos de los compromisos que asumen los partidos políticos o sus candidatos, no con los ciudadanos que son sus votantes, sino con quienes financian sus campañas y actividades.

No estamos planteando que la salida sea perseguir a aquellos que quieran apoyar las ideas de determinados partidos. Por el contrario, urge tomar conciencia sobre el valor de proteger e incentivar estos apoyos en un marco legal transparente, propio de un sistema republicano democrático.

En la Argentina, los ciudadanos no sabemos quién financia efectivamente a los partidos. Sólo se registran algunos donantes para las campañas, en un esfuerzo de simulación por cumplir con la normativa. El grueso del dinero que ingresa a las arcas de un partido tiene otro origen. Podemos seguir comprando estos espejitos de colores, con los riesgos que hacerlo conlleva, o comenzar a trabajar para transparentar la estrecha relación entre la política y el dinero.

Con la participación de organizaciones de la sociedad civil como Poder Ciudadano y Cippec, que se opusieron a introducir cambios con las elecciones de octubre tan encima, el Gobierno acaba de lanzar un proyecto para reformar la ley que rige el financiamiento de las campañas políticas apostando a su bancarización total en aras de la transparencia. Las empresas son, en rigor, los principales aportantes, algo que la iniciativa oficial claramente limita al 2% del gasto total de campaña de un partido o candidato. El proyecto reduce ficticiamente las campañas a escasos 35 días previos a un sufragio, pero las consecuencias de los compromisos asumidos se extienden mucho más allá. Las donaciones tienen que estar bancarizadas y evitar que se disipe cuál fue su origen primigenio en el pase de una mano a otra. Todos los donantes tienen que quedar debidamente registrados porque los aportes anónimos están prohibidos. Aun así, pocos quedan debidamente identificados y los partidos hacen...