Sentencia de Sala B, 3 de Abril de 2012, expediente 7.718-C

Fecha de Resolución 3 de Abril de 2012
EmisorSala B

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Poder Judicial de la Nación N° 179 /12-Civil/Int. Rosario, 3 de abril de 2012.

Visto, en Acuerdo de la Sala "B", el expediente nº 7718-C

caratulado “FILIPPINI, G.E. y otros c/ Municipalidad de San Lorenzo y otros s/ Ley 16.986 - Amparo”, (nº 11.616 del Juzgado Federal nº 2 de esta ciudad), del que resulta que:

Vienen los autos a conocimiento del tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado por la actora (fs. 82/84) contra la resolución n° 71/2011, en cuanto rechazó la medi da cautelar solicitada por esa parte (fs. 80/81).

Concedido el recurso (fs. 85), se elevaron los autos a la Alzada, disponiéndose el pase al Acuerdo, con lo que quedaron en estado de ser resueltos (fs. 88).

El Dr. Bello dijo:

  1. G.F. ha interpuesto, por derecho p ropio y en )

    representación de sus hijos menores B.F. y E.F.A., la presente acción de amparo ambiental contra la Municipalidad de San Lorenzo, con el objeto de que se ordene a la demandada el cumplimiento de la normativa vigente respecto de las estructuras de soporte de antenas para transmisión de comunicaciones, instalaciones complementarias y demás consideraciones técnicas sobre las antenas propiamente dichas; y se proceda a tomar las medidas efectivas conducentes hasta el efectivo desmantelamiento y remoción de las torres de telefonía celular existentes en calle Bv. U. 570, según la instalación efectuada por la empresa Telecom Personal S.A., y en calle B. 565, según la instalación efectuada por Claro Argentina y/o AMX

    Argentina S.A. y/o Telmex Argentina S.A. y/o Ertach S.A., ambas de la ciudad de San Lorenzo –provincia de Santa Fe-.

    Asimismo, la pretensión cautelar deducida consistió en que dentro del plazo perentorio de 48 horas se tomen las medidas administrativas y/o judiciales necesarias para que dejen de funcionar las antenas de telefonía de referencia (fs. 22/35 y 54).

  2. ) La actora se agravia de la resolución que denegó la medida cautelar solicitada al disponer que no se presenta la verosimilitud del derecho invocado.

    Señala que si bien es acertado lo expuesto por el a quo en 2

    cuanto a que, conforme a lo informado por el Director de Inspección General de la Municipalidad de San Lorenzo, ese departamento a través de la Sección Comercio, intimó y clausuró las antenas cuestionadas (fs.

    76), y que en las tres causas radicadas ante el Juzgado Municipal de Faltas N° 2 de San Lorenzo por esta cuestión, la au toridad municipal procedió a la clausura de las antenas, intimándose a los imputados para que ejerzan su derecho de defensa, ofrezcan y produzcan prueba (fs. 77),

    el magistrado –dice- ha omitido considerar un elemento sustancial, cual es la comparecencia letrada de Telecom Argentina S.A. y Telecom Personal S.A. en dos de las causas referidas, solicitando el levantamiento de clausura, planteo de nulidad y prohibición de suspender, obstaculizar o paralizar obras o servicios de jurisdicción nacional, lo que incide directamente sobre la cautelar requerida.

    En ese sentido expresa que aunque es cierto que el cumplimiento por parte de la demandada de la normativa administrativa vigente torna innecesario que el tribunal resuelva la especie por agotamiento de la materia litigiosa, ello no la dispensa de cargar con las costas por haber dado lugar a la reclamación y por su cumplimiento tardío en orden al plazo perentorio con que se requirió el informe circunstanciado del caso.

    Disiente, en cambio, con lo afirmado en el decisorio sobre la falta de verosimilitud del derecho para la admisibilidad y procedencia de la medida cautelar, el que funda en la existencia y plena vigencia de la ordenanza municipal n° 2469; en la existencia de tr es actos administrativos de la Sección Comercio de la Municipalidad de San Lorenzo y cuya legitimidad se presume, que dan por cierta la violación de dicha ordenanza; y en la existencia de tres actos jurisdiccionales, cuya legitimidad no ha sido cuestionada; agregando que la clausura ordenada por el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de San Lorenzo no ha sido impugnada por las empresas imputadas Telecom Argentina S.A. y Telecom Personal S.A. respecto de su validez, cuestionando solamente las facultades del órgano de aplicación para interferir en una actividad de interés nacional.

  3. ) La labor de la jurisdicción ha de limitarse a revisar si fue acertada la decisión adoptada por la jueza a quo respecto de la medida cautelar requerida. Tal es la cuestión traída a juzgamiento de la alzada,

    Poder Judicial de la Nación vinculada con los límites objetivos de la resolución apelada, sobre la que se encuentra ésta habilitada para expedirse en la actual oportunidad procesal.

    Lo que se resuelva en este aspecto no implicará adelantar opinión acerca de la procedencia o no de la acción como tal, por cuanto respecto de ello no se ha abierto la instancia.

  4. De las actuaciones de autos se advierte que la )

    pretensión de la actora en orden a la medida cautelar que se analiza -

    consistente en que en el plazo perentorio de 48 horas se tomen las medidas...

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