Sentencia de Colegio de Cámaras de Apelación en lo Penal - Rosario, 1 de Agosto de 2019

Presidente944/19
Fecha de Resolución 1 de Agosto de 2019
EmisorColegio de Cámaras de Apelación en lo Penal - Rosario

N° 373 T° XXXI F° 136/137 R., 01 de Agosto de 2019. Y VISTOS: El caso registrado en la Oficina de Gestión Judicial de esta Cámara de Apelación en lo Penal de R., bajo la carpeta judicial CUIJ N° 21-08012639-2 caratulado "F.G. s/ robo calificado y otros - Recurso de Inconstitucionalidad".

Y CONSIDERANDO: Voto de la D.C.H.: I)- Que los D.A.R. y J.F., por la Defensa de G.F. interponen Recurso de Inconstitucionalidad contra el acuerdo N° 123 T° 9 F° 433/437 de fecha 28 de Abril de 2010 por el que la S. 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de R., integrada por los Dres Juvencio Liberal M., A.B.J.P. y R.T.R., decidió confirmar el fallo N° 210 T° 12 F° 48/57 dictado por el Dr. J.M.C., titular del Juzgado en lo Penal de Sentencia de la 1era Nominación de R., por el que condena al nombrado a la pena de cinco años y dos meses de prisión efectiva, accesorias legales y costas del proceso, como autor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por uso de arma (proceso N° 14/04), hurto y robo ambos en grado de tentativa (proceso N° 202/04), robo (proceso N° 264/06), robo y robo en grado de tentativa (N° 04/2008 y 04-1/2008).

Principian su exposición los presentantes al referir al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad del remedio procesal que intentan.

En ese orden, expresan que el recurso lo interponen contra una sentencia definitiva, en el término de ley, en cuanto la confirmación de la resolución fue notificada a su pupilo en fecha 04 de Diciembre de 2018; se presenta ante este Colegio de Jueces de Segunda Instancia de R. en tanto es el Tribunal que continúa al que dictó la resolución impugnada y se trata de una causal de inconstitucionalidad sorpresiva debido a que el grado de consumación acuñado en el fallo por uno de los ilícitos (Expte 14/2004) y consecuentemente la pena deducida por el A-quo frente al concurso de delitos juzgados no fueron parte de la discusión del proceso y ésta excedió el monto requerido por el acusador. Impuso el Magistrado 5 años y 2 meses de prisión cuando el requerimiento fiscal fue de 4 años.

En relación a la procedencia del remedio extraordinario los postulantes aducen que el pronunciamiento atacado no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción en cuanto el fallo de la Alzada incurre en arbitrariedad normativa y fáctica.

A continuación los impugnantes efectúan un sucinto relato de cada uno de cinco hechos objeto de juzgamiento.

En particular sostienen que el magistrado de primera instancia aplica una pena mayor a la peticionada por el Ministerio Público F., además de agravar aquélla en base a lo dispuesto por el artículo 41 quater del CP, sin que se haya declarado la responsabilidad penal del menor.

Respecto del proceso N° 14/2004, los defensores aducen que resulta arbitraria la calificación legal escogida por el A-quo en cuanto sostienen que a pesar de seguir la postura de la fiscalía al encuadrar el hecho como tentado, aquel se excedió de la pena solicitada por el actor penal.

En relación al proceso N° 202/2004 expresan que los sentenciantes debieron considerar que los delitos de hurto y robo en grado de tentativa por los que fue condenado F. concurren en forma aparente.

Por todo lo expuesto, resaltan que es arbitrario el fallo puesto en crisis en cuanto el A-quo debió resolver entre la absolución que peticionó la defensa y una pena de tres años de prisión en suspenso instada por la F.ía en procesos 14/04; 202/04; 264/06; la que debía unificarse con la de un año peticionada por los procesos 04/2008 y 04-1/2008); mientras su asistido fue sentenciado a una pena de cinco años y dos meses de prisión. Ello, explican, supone arbitrariedad, violación del principio acusatorio y afectación al derecho de defensa. C. jurisprudencia del máximo tribunal nacional en la temática.

Prosiguen los impugnantes refiriendo a la prescripción de la pena. Precisan que en el caso no se llegó a efectivizar el cumplimiento de la sanción punitiva dispuesta en fecha 28 de Abril de 2010, pero la misma se encuentra prescripta en cuanto se extinguió en fecha 28 de Junio de 2015. Advierten que la resolución fue notificada en fecha 03 de Mayo de 2010. Amplían que a fs. 119 del principal su asistido solicita una morigeración de su condena y no existe ninguna actividad jurisdiccional ni fiscal hasta fecha 26 de Mayo de 2017 donde se ordena su captura. Por ello, consideran que la pena se halla prescripta. Mencionan a su vez el derecho a obtener justicia dentro de un plazo razonable (art. 75 inc. 22 CN y art. 75 CADH).

II)- A su turno, corrido el correspondiente traslado la Dra. M.E.I. por la F.ía de Cámaras, contesta respecto de los requisitos de admisibilidad que el recurso ha sido interpuesto contra una sentencia definitiva, la cual de adquirir firmeza imposibilitaría otro juicio ulterior sobre el mismo objeto. Agrega que el libelo impugnativo ha sido presentado por quienes se encontraban procesalmente legitimados para recurrir y ante el Tribunal que dictó el fallo impugnado, no hallándose condicionado al estudio de ningún otro recurso. Precisa que el remedio ha sido deducido en plazo y se acompañaron las respectivas copias exigidas por la ley.

No obstante todo lo apuntado, estima la F. que no se ha cumplido de manera acabada con el requisito de la autosuficiencia. Es que a su entender, los presentantes no ofrecen ni siquiera el más breve resumen de los argumentos tenidos en cuenta por los sentenciantes para fundar el fallo, ni efectúan un relato objetivo y pormenorizado de la totalidad de las probanzas reunidas en autos.

Por todo lo apuntado, entiende que el presente recurso resulta manifiestamente inadmisible.

A continuación en el siguiente nivel de análisis la Dra. I. sostiene que la cuestión constitucional planteada no compromete garantías constitucionales que habilite la instancia extraordinaria como así tampoco advierte un caso de arbitrariedad en el pronunciamiento atacado. Precisa que los argumentos presentados por la defensa en este estadio procesal son novedosos en cuanto no fueron esbozados al tiempo de la interposición del recurso de apelación en el que luego derivaría el dictado del acuerdo de esta Alzada que cuestiona.

Cita jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal en orden a la calificación jurídica de los hechos intimados, sin que ello implique un cambio en la plataforma fáctica. Agrega que la valoración de la pautas para individualizar la pena constituye un asunto que resulta privativo de los jueces de mérito en la medida en que se advierta una adecuada fundamentación de la misma.

Sostiene causarle sorpresa lo novedoso de los planteos de la defensa que en nada coinciden con los oportunamente manifestados al momento de interponer el recurso de apelación que derivara en el Acuerdo N° 123 hoy cuestionado, señalando que no pueden desconocer los impugnantes que al Tribunal a quem le está vedado expedirse sobre puntos no sometidos a su juicio por las partes, conf. Art. 414 CPP (s/ley 12912), aplicable a los presentes.

Menciona que deviene irrazonable criticar a la Alzada ante la falta de tratamiento de los agravios, siendo que los oportunamente planteados resultan ser disímiles a los hoy traídos a esta instancia extraordinaria.

Agrega que la Alzada no privó a F. de ejercer su derecho de defensa al no brindarle oportunidad de criticar la calificación atribuida a los hechos enrostrados, o al grado de consumación elegido por el A-quo, sino que fue el propio imputado quien privó a los magistrados de otorgar tratamiento a la cuestión al no incluirlos dentro de los fundamentos de su presentación recursiva.

Sostiene por tanto que el remedio intentado resulta improcedente.

En relación al planteo de prescripción de la pena, refiere la F.ía que el fallo del 28/4/2010 nunca pudo ser notificado fehacientemente al encartado ya que el mismo se encontró prófugo durante estos años, habiendo sido notificado recién en fecha 17/12/2018 en la audiencia de apelación de su situación cautelar.

Por todo lo expuesto, postula el rechazo de la impugnación intentada por inadmisible e improcedente.

III)- Integrado el Tribunal para intervenir en los presentes por parte de la Oficina de Gestión Judicial de Segunda Instancia en función del cese por el beneficio jubilatorio de los Sres. Magistrados miembros de la S. II de la Cámara de Apelación en lo Penal de R. que dictara el Acuerdo N° 123 del 28/4/10 contra el que se interpone la instancia impugnativa, quedan en estado de resolver.

Del examen de las actuaciones, y a los fines de expedirnos sobre su admisibilidad, se verifica en primer lugar que se encuentran reunidos los requisitos "sticto sensu" o rituales, tratándose de una sentencia definitiva por cuanto no admite otro juicio ulterior sobre el mismo objeto; ha sido presentado por quienes se encuentran legitimados procesalmente para hacerlo y ante el Tribunal que dictara la resolución que se impugna. Se ha presentado con copia, en plazo legal, y en el mismo la defensa constituye domicilio en la ciudad de Santa Fe, cumplimentándose con lo dispuesto por el art. 5 de la ley 7055. Asimismo observa la oportuna introducción y mantenimiento de la cuestión constitucional.

Pero en orden al examen completo de esa admisibilidad formal del recurso, tal como expresa la parte acusadora, se advierte incumplido el requisito que debe satisfacerse respecto a la autosuficiencia y autonomía del mismo, ya que la particular y unilateral versión de la parte recurrente, habiéndose omitido gran parte de circunstancias y...

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