Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 22 de Octubre de 2019, expediente CAF 016116/2017/CA001

Fecha de Resolución22 de Octubre de 2019
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala III

Poder Judicial de la Nación CAF 16116/2017/CA1; FGF TRAPANI SRL c/

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 22 de octubre de 2019. PDP Y VISTOS; CONSIDERANDO:

  1. Que a fs. 1673/1684 el Tribunal Fiscal de la Nación –TFN–, S.B., por sentencia del 14/9/16 resolvió confirmar las resoluciones apeladas por FGF Trapani SRL –en adelante Trapani–, con costas.

    En el Considerando I de dicho pronunciamiento se describieron las resoluciones apeladas, los diversos expedientes que se fueron formando a lo largo del proceso jurisdiccional y las respectivas acumulaciones que se ordenaron. En dicho segmento se prescribió

    detalladamente la fecha de dictado de cada una de las resoluciones, los conceptos involucrados, área que la dictó e importes correspondientes.

    Luego de ello, el a quo reseñó los argumentos vertidos por Trapani y por el organismo fiscal en sus respectivas presentaciones y destacó que en la litis se produjo prueba.

    Dentro de las materias en debate, en primer término se refirió al planteo de nulidad articulado por la actora, sosteniendo que “Si bien es cierto que en el F. 1167 obrante a fs. 1 del cuerpo IVA I de las actuaciones administrativas se observa como fecha de impresión el 27/12/07 –esto es, posterior a la apertura de la fiscalización– y del cual no surgiría la firma del Director Regional de Tucumán ni del J. de Fiscalización y que no se identificaron a las personas que recepcionaron las actas –en su domicilio fiscal– … cabe señalar que a través del acta de notificación de la Orden de Intervención Nº 211250 el Fisco Nacional informó a la recurrente que se le llevaría a cabo una fiscalización respecto de las obligaciones y períodos correspondientes a IVA 01/04 a 12/05…”.

    En tal sentido, ponderó el tribunal que el instrumento contara con la firma de los funcionarios correspondientes, y que por conducto de las Actas Nº 0131798 y Nº 0121799 se le haya notificado la ampliación de la fiscalización a los períodos IVA-04/06 a 09/06, y Fecha de firma: 22/10/2019 Alta en sistema: 25/10/2019 Firmado por: J.E.A., JUEZ DE CAMARA Firmado por: S.G.F., JUEZ DE CAMARA Firmado por: C.M.G., JUEZ DE CAMARA #29604332#246888999#20191022125924200 mediante las actas Nº 0034837 y Nº 0034838 al impuesto a las ganancias –

    IG–, período fiscal 2005.

    Afirmó que “si bien resulta sustancial poner en conocimiento del responsable, a través de la OI., que se encuentra bajo fiscalización tributaria, a efectos de que el interesado adquiera certeza sobre la posibilidad de que la misma concluya en un procedimiento de determinación de oficio, lo cierto es que la Orden de Intervención es un acto interno de la Administración Nacional que se encuentra regulado por la Ley Nº 11.683, la cual establece que el procedimiento de determinación de oficio se iniciará efectivamente con la vista al contribuyente que prevé el art. 17 de la citada norma y no con la Orden de Intervención aquí cuestionada”.

    Precisó que la inspección, luego de analizar los antecedentes de la encartada, encontró operaciones con proveedores por períodos distintos a los indicados en la primera Orden de Intervención –en adelante OI–, correspondientes a IVA-04 a 09/06 e IG-2005, motivo por el cual la Jefatura de División amplió la fiscalización a los mismos.

    Además de ello –adicionó– el apoderado de la firma se notificó de dicho acto, sin formular ninguna observación.

    Concluyó este análisis afirmando que “el Formulario Orden de Intervención tiene por finalidad proveer a un mejor control interno de las áreas de fiscalización…”.

    Invocó los artículos 35, 36, 16 y 17 de la ley 11.683, citó jurisprudencia y destacó que no se ha vulnerado el derecho de defensa ya que la firma contribuyente tuvo oportunidad de ofrecer prueba.

    Como corolario de todo ello, rechazó la nulidad planteada.

    En lo que hace a la cuestión de fondo, indicó que el fisco nacional observó las operaciones concertadas con los presuntos proveedores Cosecha de Frutos SRL; D.R.L.; G.C.S. y S.B.M.. Expresó los componentes que habrían conducido al ente fiscal a sostener aquello.

    Fecha de firma: 22/10/2019 Alta en sistema: 25/10/2019 Firmado por: J.E.A., JUEZ DE CAMARA Firmado por: S.G.F., JUEZ DE CAMARA Firmado por: C.M.G., JUEZ DE CAMARA #29604332#246888999#20191022125924200 Poder Judicial de la Nación CAF 16116/2017/CA1; FGF TRAPANI SRL c/

    DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Señaló que las impugnaciones han sido adecuadamente ponderadas por el ente recaudador, habiendo demostrado la existencia de indicios comprobados, graves y precisos, que llevaron a la presencia de un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y la existencia de operaciones cuestionadas.

    Aseveró que la inspección acreditó que los proveedores Cosecha de Frutos SRL y D.R.L. carecían de propiedades o rodados idóneos para desarrollar la actividad en la cual se hallaban inscriptos, y declaraban contratar empleados insuficientes en comparación con la mano de obra requerida.

    En el caso del proveedor S.B.M., afirmó

    que la situación fue mucho más gravosa ya que el mismo manifestó a la fiscalización que no había realizado actividad de cultivo de caña de azúcar desde 1987 y que prestó sus cuentas bancarias a otros sujetos, quienes habrían realizado operaciones comerciales a su nombre, pero sin su consentimiento.

    Expuso que, de acuerdo con la tesis de la inspección, Cosecha de Frutos SRL reviste la calidad de una “Usina generadora de créditos fiscales apócrifos”, contando con una denuncia penal al respecto.

    Precisó que se trataba de una empresa dedicada a “vender” créditos fiscales a terceros usuarios que sí eran contribuyentes reales, y que se valían de los documentos apócrifos para engrosar ilegalmente sus gastos o créditos para evadir el pago de los impuestos debidos.

    Explicó que, frente este tipo de cuadros, le cabe al contribuyente recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que, si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Invocó el CPCCN, artículo 377 y citó jurisprudencia.

    Declaró que correspondía a Trapani, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditar la verdad de sus dichos, demostrando la existencia de los proveedores –no su situación fiscal, la identidad Fecha de firma: 22/10/2019 Alta en sistema: 25/10/2019 Firmado por: J.E.A., JUEZ DE CAMARA Firmado por: S.G.F., JUEZ DE CAMARA Firmado por: C.M.G., JUEZ DE CAMARA #29604332#246888999#20191022125924200 definitiva del mismo o las causas judiciales en las cuales pudieran estar involucrados– y evidenciar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección.

    Refirió a la prueba aportada por la recurrente, con especial referencia a las copias de las causas “Fisco Nacional-AFIP c/Cosecha de Frutos SRL s/ejecución fiscal” (Expte Nº 6495/08), en trámite ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Tucumán y “Cosecha de Frutos SRL s/P.S.

  2. Arts. 292 y 296 del C.P.” (Expte Nº

    53.686/10), en trámite ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Secretaría Penal Nº II.

    Al respecto, mencionó que se intenta probar que por un lado AFIP puso en duda la existencia de la firma proveedora, y al mismo tiempo le inició un juicio de apremio.

    Sobre el particular, destacó que nada aporta dicha prueba, habida cuenta de que los indicios...

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