Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 1 de Agosto de 2019, expediente FSA 015100411/2012/CA001 - CA002

Fecha de Resolución 1 de Agosto de 2019
EmisorCAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA II - SECRETARIAPREVISIONAL 2

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA II “FERNANDEZ, P.R. c/

ANSES Y/O PEN s/REAJUSTES VARIOS” Expte. N°15100411/2012 (Juzgado Federal N° 1 de Salta)

Salta, 1 de agosto de 2019.

VISTO

Y CONSIDERANDO:

1) Que con fecha 21 de junio de 2017, el Juez de primera instancia aprobó la planilla confeccionada por la actora por el período 7/04/2011 al 31/12/2015 por un total de $495.633,14 con intereses calculados a la fecha de corte, admitiendo el reajuste de la Prestación Básica Universal en base al índice nivel general de remuneraciones por haberse acreditado los extremos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Q.”.

Además, ordenó a la demandada que adicione un suplemento de sustitutividad en consideración a la doctrina emanada del precedente “B., atento a que el haber inicial reajustado arroja una suma inferior al 70% del promedio de remuneraciones actualizadas (fs. 195/198).

2) La accionada interpuso recurso de apelación a fs. 199 agraviándose del reajuste de la PBU por entender que la merma por falta de ajuste de dicho complemento no es confiscatoria. Objetó el criterio adoptado por el magistrado para demostrar la confiscatoriedad. Señaló que la actora arribó a un porcentaje de confiscatoriedad del 17,95% tomando como haber de referencia la suma de $2.260,41 (PBU reajustada más PC y PAP sin recálculo)

mientras que el Juez de grado concluyó que aquél alcanza un 21,88% tomando Fecha de firma: 01/08/2019 Alta en sistema: 02/08/2019 Firmado por: M.S., SECRETARIA Firmado por: A.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.I.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: G.F.E., JUEZ DE CAMARA #4187904#240428484#20190802082823185 como haber de referencia el haber de caja abonado al alta del beneficio en el mes de 08/2011.

Consideró que lo correcto es comparar la merma con el haber total reajustado (PBU calculada según actora + los otros componentes PC y PAP reajustados) lo que arroja en este caso un porcentaje de 10,67%, inferior al 15%. Sostuvo que, de lo contrario, la doctrina emergente del precedente “Q.” y el consecuente diferimiento para la etapa de liquidación de la procedencia del recálculo de dicha prestación no tendría lógica técnico jurídica, pues, en ese caso, para realizar la comparación con el haber inicial determinado por ANSeS al momento del alta del beneficio, no resultaría necesario esperar el recálculo del resto de los componentes ni diferir la determinación de la confiscatoriedad.

Por otra parte, cuestionó la adición de un suplemento de sustitutividad al presente beneficio conforme al caso “B.” sosteniendo que no corresponde extrapolar la tasa antiguamente contemplada en la ley 18.037 para aplicarla a las prestaciones de la ley 24.241 que establece un mecanismo distinto sin asegurar tasas de reemplazo del haber de actividad.

Aseveró que el Sr. B. era un trabajador de ingresos medios que accedió a su beneficio con tan solo 25 años, 11 meses y 20 días, ello por el carácter privilegiado de los servicios prestados en YPF, pero que ese privilegio incidió negativamente en sus intereses al momento del cálculo del haber en pasividad conforme la aplicación de la ley 24.241, quedando limitada la adición de un “suplemento de sustitutividad” en base a esas particularidades y no en forma indiscriminada.

Fecha de firma: 01/08/2019 Alta en sistema: 02/08/2019 Firmado por: M.S., SECRETARIA Firmado por: A.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.I.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: G.F.E., JUEZ DE CAMARA #4187904#240428484#20190802082823185 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA II Enfatizó que como no se ha logrado probar dichos extremos en el caso de autos –trabajador de ingresos medios que obtuvo su beneficio con menos cantidad de años por acreditar servicios diferenciales-, corresponde revocar la sentencia de grado.

Acompañó planilla de liquidación de sentencia realizada por su mandante y abonada con el mensual 06/2016 por la suma de $240.604,14 en concepto de retroactivo, modificando el haber mensual del actor de $ 7.490,71 a $ 12.855,95 (fs. 234/236).

2.1) Corrido el traslado de ley, la actora lo contestó a fs. 238/239 solicitando el rechazo del recurso, con costas.

El Dr. A.A.C. dijo:

1) Que conforme surge de la causa, el 3 de febrero de 2015, este Tribunal -en su anterior composición de S. única- dictó sentencia definitiva difiriendo para esta etapa de ejecución lo referente al reajuste de la PBU y a la adición del suplemento de sustitutividad, conforme resulta de fs. 126/128.

Vencido el término dispuesto por el art. 22 de la ley 24.463 sin que la ANSeS cumpliera con la sentencia condenatoria, la actora presentó la respectiva liquidación por el monto de $495.633,14 por el período 07/04/2011 al 31/12/2015 con corte de intereses a esa misma fecha. Actualizó la PBU conforme al índice nivel general de salarios, afirmando que la merma por falta de ajuste de dicho componente era confiscatoria, en comparación con un haber de referencia que consideró la PBU reajustada más PC y PAP de caja. Sin embargo, como el haber reajustado (PBU-PC-PAP) según sentencia ($

3.803,48) era inferior al 70% del promedio de las 120 remuneraciones Fecha de firma: 01/08/2019 Alta en sistema: 02/08/2019 Firmado por: M.S., SECRETARIA Firmado por: A.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.I.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: G.F.E., JUEZ DE CAMARA #4187904#240428484#20190802082823185 actualizadas ($ 5.057,29), reclamó un haber de inicio de $5.057,29. Determinó

una incidencia/confiscatoriedad del 24,79% si no se adicionara el suplemento (fs. 174/189).

Luego de la sustanciación dispuesta y ante la falta de contestación por parte de la demandada, el juez de la instancia anterior aprobó los cálculos realizados por la actora, aunque modificando el haber de referencia a los fines de comprobar si la merma por falta de recálculo de la PBU era confiscatoria, pues a su juicio debía tomarse como referencia el haber de caja, sin reajuste de ninguno de sus componentes.

Contra dicho pronunciamiento se alza el recurso de la demandada.

2) Ingresando al tratamiento del recurso cabe advertir que el agravio vinculado al reajuste de la Prestación Básica Universal se asienta en las pautas de cotejo consideradas por el juez de grado para determinar la configuración de un supuesto de “confiscatoriedad”, objetando tal criterio y, por ende, su resultado. Afirma la apelante que dicho cotejo no debe tomar en cuenta el haber de caja, sino la suma que se obtiene luego de que todos los componentes sean reajustados, por cuanto entiende que la única razón lógica y justificante del diferimiento dispuesto en la sentencia definitiva es que tal evaluación no podía realizarse en aquella oportunidad, sino que recién en esta etapa sería posible contar con el haber integral reajustado y, por ende, determinar si la merma que representa la quita por falta de ajuste de la PBU puede reputarse confiscatoria.

2.1) En tal sentido, es dable señalar que más allá de la razonabilidad intrínseca que cabe adjudicar a los planteos de la quejosa, no debe pasarse por alto que las sentencias definitivas dictadas en autos no precisaron las pautas de Fecha de firma: 01/08/2019 Alta en sistema: 02/08/2019 Firmado por: M.S., SECRETARIA Firmado por: A.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.I.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: G.F.E., JUEZ DE CAMARA #4187904#240428484#20190802082823185 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA II cálculo sobre cuya base habrían de establecerse ahora los cotejos aquí

controvertidos, siendo también destacable que tampoco ese extremo fue zanjado o previsto por la Corte Suprema al fallar en la causa “Q.”, donde sí estableció con claridad que la procedencia del reajuste se dirima en la etapa de ejecución.

Además, cabe recordar que, precisamente en estos autos, la Corte consideró aplicable la doctrina de la aludida causa “Q.”, en la que había sostenido que “para determinar la validez constitucional de las normas en juego y eventualmente adoptar un método para subsanar el daño atribuible a ellas, la alzada debía considerar, de manera concreta, qué incidencia tenía la ausencia de incrementos de uno de los componentes de la jubilación sobre el total del haber inicial –pues es éste el que goza de protección-, y en caso de haberse producido una merma, constatar si el nivel de quita resultaba confiscatorio” (considerando 10º).

Por ello, difirió el análisis de la cuestión para la etapa de ejecución, para definir allí la eventual procedencia del reajuste del componente en cuestión para el caso en que “al tiempo de la liquidación, queden acreditados los extremos de hecho necesarios para la procedencia de su reclamo” (consid.

11°).

De tal modo, a partir de la lectura del fallo del Máximo Tribunal es posible afirmar que no se dispuso cómo deben practicarse los cálculos...

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