Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I - SECRETARIA CIVIL, 27 de Agosto de 2019, expediente FLP 115247/2018/CA001

Fecha de Resolución27 de Agosto de 2019
EmisorCAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I - SECRETARIA CIVIL

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I En la ciudad de La Plata, a los días del mes de agosto del año dos mil diecinueve, reunidos en Acuerdo los señores Jueces que integran la S. Primera de esta Cámara Federal de Apelaciones, para tomar en consideración el presente expediente N° FLP 115247/2018, caratulado “FERNANDEZ, G., LUNILA C/ DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES S/

IMPUGNACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO”, procedente del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3 de Lomas de Z..

Practicado el pertinente sorteo, el orden de votación resultó: juez R.A.L.A. y juez J.V.R..

EL JUEZ L.A. DIJO:

  1. Por resolución de fojas 139/154 vta. el a quo resolvió

    desestimar en los términos del artículo 69 septies de la Ley N° 25.871 (texto según Decreto N° 70/17) el recurso judicial deducido por la Sra. L.F.G. con el patrocinio letrado de la Defensora Pública, con costas.

    En consecuencia, confirmó la Disposición SDX N° 187618 de la Dirección Nacional de Migraciones (en adelante, DNM), de fecha 11 de septiembre del 2018, que rechazó el recurso jerárquico interpuesto por la señora F.G., quedando firmes las medidas ordenadas en la Disposición SDX N° 065834 (del día 12 de abril de 2018) dictadas por la citada Dirección, a saber: 1) la declaración irregular de su permanencia en el país, 2) la orden de expulsión del territorio nacional, 3) la prohibición de su reingreso a la República Argentina con carácter permanente, y 4) la autorización a la Dirección Nacional de Migraciones a que -una vez que se encuentre firme el decisorio- proceda a la detención de la extranjera en la forma establecida en los artículos 69 octies y 70 de la Ley Migratoria, en los términos detallados en el considerando XII de su sentencia.

    Asimismo, rechazó los planteos de inconstitucionalidad del Decreto N° 70/2017 articulados por la recurrente.

    Para así decidir, y en lo fundamental, entendió que la situación que derivó en la expulsión y prohibición de reingreso al territorio nacional de la señora F.G. consistió en la pena de 4 (cuatro) años de prisión, multa de $ 225 (pesos doscientos veinticinco) y costas a ella aplicada, por Fecha de firma: 27/08/2019 Alta en sistema: 29/08/2019 Firmado por: JULIO V.R., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.A.L.A., JUEZ DE CAMARA #32602829#240591800#20190826111823526 haber sido condenada por el delito contemplado en el artículo 5 inciso c) de la Ley N° 23.737 “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, previsto en el inciso d) del artículo 29 de la Ley Migratoria, conforme Decreto N° 70/2017, como causal impediente de la permanencia del extranjero en el territorio argentino y obstáculo para el otorgamiento de la dispensa en los términos del artículo 29 tercer párrafo de la Ley Migratoria reformada.

    Para rechazar el pedido de inconstitucionalidad del DNU N°

    70/2017, tuvo especialmente en cuenta que su aplicación –en cuanto a revisión judicial y plazos para recurrir- no ocasionó perjuicio alguno a la ciudadana extranjera, toda vez que pudo interponer recursos, respetándose durante dicho procedimiento sus garantías judiciales.

  2. Frente a esa decisión, a fojas 155/171, interpuso recurso de apelación L.F.G. con el patrocinio letrado de la doctora Julia Emilia Coma, Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Federales de Lomas de Z. a cargo de la Defensoría Nro. 1 de esa localidad, con réplica de la parte contraria obrante a fojas 174/212 vta..

    Se agravia la señora F.G. en tanto: a) no se le dio intervención al Asesor de Menores, situación que acarrea la nulidad del proceso, b) resulta de aplicación la Ley N° 25.871 y su decreto reglamentario sin las modificaciones del Decreto N° 70/17, atento ser la ley más benigna y la vigente al momento del inicio de las actuaciones, solicitando, en consecuencia, la aplicación de la dispensa prevista en el artículo 29 de la Ley N° 25.871 con sustento en el principio de reunificación familiar, c) afirma la existencia de violación al principio de igualdad y no discriminación, d)

    inconstitucionalidad del DNU N° 70/17, e) violación al principio non bis in ídem, y f) orden de retención.

  3. Llegado el expediente a esta Alzada, a fojas 216 se le dio intervención al señor Defensor Oficial en turno quien, a fojas 219/223, contestó la vista solicitando la declaración de nulidad de las actuaciones, atento la falta de intervención del Asesor de Menores que fuera solicitada desde el inicio del trámite administrativo, indispensable a los fines de velar por el interés superior de la niña N.U., hija de L.F.G..

    Fecha de firma: 27/08/2019 Alta en sistema: 29/08/2019 Firmado por: JULIO V.R., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.A.L.A., JUEZ DE CAMARA #32602829#240591800#20190826111823526 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I Asimismo, a fojas 228, se le corrió vista al señor F. General de Cámara quien, en su presentación de fojas 229/231 vta., solicitó la declaración de nulidad de la Disposición SDX N° 187618 de la Dirección Nacional de Migraciones por no encontrarse debidamente motivada.

  4. En primer término, respecto a la petición efectuada por el Defensor Público Oficial, quien arguye que el rechazo del a quo al pedido de intervención del Asesor de Menores a lo largo del proceso genera su nulidad, cabe señalar que con la vista que le fuera conferida a fojas 216 y la intervención asumida por el Defensor Público Coadyuvante de la Defensoría Pública Oficial N° 2 con actuación por ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de La Plata, conforme surge del dictamen glosado a fojas 219/223, se encuentra subsanada la omisión de primera instancia.

    Así lo ha decidido esta S. al resolver en autos FLP 91194/2017, caratulados “R.Ñ., L. c/ Dirección Nacional de Migraciones s/

    recurso directo a juzgado”, de fecha 7 de mayo de 2019.

    En consecuencia, corresponde rechazar lo solicitado por el Defensor Público Oficial respecto a la intervención del Asesor de Menores (Fallos 328:2870).

  5. Sentado lo anterior, corresponde adentrarse en la consideración de los agravios traídos a conocimiento de este Tribunal por la apelante.

    La cuestión central a resolver resulta ser la legitimidad de lo resuelto en la Disposición SDX N° 187618 del día 11 de septiembre de 2018 de la DNM que, al rechazar el recurso interpuesto por la señora F.G., confirmó lo decidido en la disposición SDX N° 65834, de fecha 12 de abril de 2018.

    Los antecedentes de la causa dan cuenta de que la señora F.G. fue condenada a 4 años de prisión por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, lo que motivara -entre otras medidas- su expulsión del país por parte de la DNM mediante las disposiciones mencionadas.

    Frente a lo expuesto cabe recordar que la política migratoria de un Estado está constituida por todo acto, medida u omisión institucional Fecha de firma: 27/08/2019 Alta en sistema: 29/08/2019 Firmado por: JULIO V.R., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.A.L.A., JUEZ DE CAMARA #32602829#240591800#20190826111823526 (leyes, decretos, resoluciones, directrices, actos administrativos, etc.) que verse sobre la entrada, salida o permanencia de población nacional o extranjera dentro de su territorio (Cfr. Condición Jurídica y Derecho de los Migrantes Indocumentados, Opinión Consultiva OC-18-03 de 17 de septiembre de 2003, serie A No. 18, parr. 163).

    En este sentido, incumbe al legislador la tarea de determinar los objetivos, fines y alcances de la política migratoria, regulando las condiciones de ingreso y permanencia de inmigrantes en el territorio nacional, como así

    también, los presupuestos de procedencia de su expulsión, a través de la autoridad competente.

    En cuanto al punto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha insistido en su jurisprudencia consultiva y contenciosa en el hecho de que, en el ejercicio de su facultad de fijar políticas migratorias, los Estados pueden establecer mecanismos de control de ingreso a su territorio y salida de él con respecto a personas que no sean nacionales suyas, siempre que dichas políticas sean compatibles con las normas de protección de los derechos humanos establecidas en la Convención Americana (Corte Interamericana de Derechos Humanos, opinión consultiva oc-21/14, de 19 de agosto de 2014 , solicitada por la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Derechos y Garantías de Niñas y Niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional, consid. 39).

    En efecto, si bien los Estados guardan un ámbito de discrecionalidad al determinar sus políticas migratorias, sus objetivos deben tener presente el respeto por los derechos humanos. Por ello, dichas políticas deben ejecutarse con el respeto y la garantía de aquellos, y en consecuencia, las distinciones que los Estados establezcan deben ser objetivas, proporcionales y razonables (ver “Condición Jurídica y Derecho de los Migrantes Indocumentados….” citada, parr. 168).

    La medida de expulsión de personas que no sean nacionales del país, entonces, se erige como una de las facultades soberanas que el derecho internacional reconoce a los Estados, siempre que en su dictado se respeten los derechos humanos fundamentales, no sea una medida arbitraria ni colectiva, y Fecha de firma: 27/08/2019 Alta en sistema: 29/08/2019 Firmado por: JULIO V.R., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.A.L.A., JUEZ DE CAMARA #32602829#240591800#20190826111823526 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I tenga como fin el cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley (ver en este sentido lo dispuesto por el art. 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el art. 22 inc. 6 Convención Americana de Derechos Humanos).

    El legislador fijó con claridad en el artículo 3 de la Ley de Migraciones cuales son los objetivos perseguidos por la política migratoria Argentina, y en relación al tópico en estudio, el inciso j dispone: “Promover el orden internacional y la justicia...

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