Sentencia Interlocutoria de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 8 de Julio de 2015, expediente Rp 115618

Presidentede Lázzari-Genoud-Hitters-Kogan-Pettigiani-Soria
Fecha de Resolución 8 de Julio de 2015
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

Secretaría Suprema Corte

Registrado bajo el N°992

  1. 115.618 - “F., C.R. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa Nº 39.240 del Tribunal de Casación Penal, S.I. y su acum. P. 118.975 - Duarte, M.R. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa Nº 39.240 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”.

    ///PLATA, 8 de julio de 2015.-

    AUTOS Y VISTOS:

    La presente causa P. 115.618, caratulada: “F., C.R. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa Nº 39.240 del Tribunal de Casación Penal, Sala I” y su acumulada P. 118.975 caratulada: “D., M.R. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa Nº 39.240 del Tribunal de Casación Penal, S.I.”,

    Y CONSIDERANDO:

    1. El señor Juez doctor P. dijo:

    1. La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento dictado el 12 de mayo de 2011, -por mayoría- casó parcialmente la sentencia del Tribunal en lo Criminal Nº 6 del Departamento Judicial S.M., que había condenado a C.R.F. a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por encontrarlo coautor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego y autor de homicidio agravado criminis causae, en concurso real; y a M.R.D. a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas, por encontrarlo coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por el homicidio resultante. En consecuencia, descartó el uso de arma de fuego como circunstancia agravante y, habida cuenta la indivisibilidad de la pena, condenó a C.R.F. a prisión perpetua (fs. 68/76).

      Posteriormente, merced a la aclaratoria articulada por la defensa en los términos del segundo párrafo del art. 109 del C.P.P., impuso -el 15 de junio de 2012- a M.R.D. la pena de dieciséis años de prisión y costas (fs. 112/113).

    2. Contra las citadas decisiones, el Defensor Oficial ante esa instancia articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a favor de F. (P. 115.618 -fs. 131/141-), y el Defensor Oficial Adjunto -doctor I.J.D.N.- interpuso idéntica vía a favor de Duarte (P. 118.975 -fs. 155/162 vta.-).

    3. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado a favor de C.R.F. (P. 115.618).

      1. En cuanto a la admisibilidad, la defensa alegó que “en el supuesto de autos aparece inobservada la ley sustantiva, puesto que se dictó una sentencia arbitraria, que derivó en la vulneración del debido proceso, la defensa en juicio, el doble conforme y el principio de culpabilidad por el acto” (fs. 131 vta.).

        Explicó que, dado el carácter constitucional del agravio, resulta aplicable la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en los precedentes “Strada”, “C.” y “Di Mascio” (fs. cit.). Requirió -asimismo- que se realice el control de convencionalidad, en tanto permitiría corregir la actuación de los tribunales locales, adecuándola a las normas de la C.A.D.H.. A todo evento, solicitó la declaración de inconstitucionalidad del art. 494 del C.P.P. (fs. 132 vta./133).

      2. En lo que hace a la procedencia, tildó de arbitrario el pronunciamiento del órgano casatorio “por falta de fundamentación para mantener la pena de prisión perpetua, lo que implicó la vulneración del debido proceso, la defensa en juicio, el doble conforme y la afectación del principio de culpabilidad por el acto” (fs. 133 vta.).

        Explicó que el planteo se enmarca en el proceder sentencial del órgano intermedio que impuso la pena de prisión perpetua luego de la casación dispuesta, sin determinar numéricamente el plazo de duración de la misma (fs. 134). Con cita en diferentes precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entendió que la falta de tratamiento que se denuncia no alcanza a satisfacer las exigencias que al respecto imponen los arts. 18 de la C.N., 8.2.h) de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C. y P. (fs. 135 vta.).

  2. 115.618

    y su acum. P. 118.975

    Alegó que “el órgano jurisdiccional que entienda en el caso deberá, por la exigencia constitucional de adecuada motivación del pronunciamiento definitivo, exponer por qué razones el injusto reprochable que se le presenta respecto de aquel que analizó otro Tribunal, no habilita la fijación de una sanción menor” (fs. 136). Por lo expuesto, tachó de arbitraria a la sentencia, por afectar el derecho de su asistido a contar con un pronunciamiento fundado que determine el monto de su condena teniendo en consideración la culpabilidad por el acto (fs. 136).

    Posteriormente, expresó que “existe la posibilidad de otorgar una interpretación constitucional a la pena de prisión perpetua, y ella se circunscribe -prima facie- a otorgarle […] una sanción numérica, la que no podrá superar los treinta (30) años de prisión” (fs. 137 vta.). De seguido, para el caso de no ser receptada su postura -en cuanto a su alcance numérico, y su reducción puntual en el sub lite por el grado del injusto reprochable menor-, requirió que se declare la inconstitucionalidad de aquella forma de prisionización por contrariedad a lo normado en los arts. 1, 4, 5 y 8 de la C.A.D.H. (fs. 139).

    Por otra parte efectuó una serie de consideraciones por las que solicitó que esta Corte “ejerza el control de convencionalidad, derivado del art. 1 de la Convención en cuanto establece que los Estados partes están obligados a garantizar los derechos y garantías en ella reconocidos, y del art. 2 de dicho instrumento, que obliga a los Estados a adoptar -además de las legislativas- medidas de cualquier otro orden para asegurar el respeto de esos derechos” (fs. 139 vta.).

    1. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de M.R.D. (P. 118.975).

    1. Con relación a la admisibilidad, sostuvo la defensa que dado el carácter constitucional de los agravios, resulta aplicable la doctrina de la C.S.J.N. sentada a partir de los ya citados precedentes “Strada”, “C.” y “D.M.” y que siempre que se denuncie la conculcación de un derecho consagrado en la Carta Magna, esta Corte deberá intervenir a fin de hacer cesar su afectación (fs. 155 vta.).

    2. En cuanto a la procedencia, denunció la “[i]nobservancia de lo normado por los arts. 45, 46 y ccds. del C.P. lo que derivó en afectación de las garantías de debido proceso sustantivo y defensa en juicio, contempladas en el art. 18 de la Carta Magna” (fs. 156 vta./157). Fundó lo expuesto en que la defensa cuestionó desde el comienzo de la labor recursiva el...

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