Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 11 de Agosto de 2016 (caso FEDERACION ARGENTINA DE ENTIDADES EMPRESARIAS DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGAS c/ EN - M INTERIOR -DNV Y OTRO s/PROCESO DE CONOCIMIENTO)

Fecha de Resolución:11 de Agosto de 2016
Emisor:Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II
 
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Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación Expte. nº 8.146/2014 En Buenos Aires, a los 11 días del mes de agosto de 2016, reunidos en acuerdo los Señores jueces de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para conocer respecto del recurso interpuesto en autos: “Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas c/ E.N. – M. Interior – D.N.

  1. y otro s/ proceso de conocimiento”, contra la sentencia obrante a fs. 227/235, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

    ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

    La doctora M.C.C. dijo:

  2. Que la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), por intermedio de su apoderado, entabló demanda contra la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio del Interior y Transporte, a efectos de que se declarara la nulidad de las Resoluciones nº 161 del 27 de enero de 2014, y nº 440 del 21 de febrero de 2014, ambas emitidas por la Dirección Nacional de Vialidad. En dicho contexto, la causa arriba a estos estrados en razón del recurso deducido por la parte demandada, contra el pronunciamiento por el cual se hizo lugar a la acción.

    En cuanto a los antecedentes del litigio, cabe tener presente que mediante la Resolución nº 161/2014 se había dispuesto instruir a los Entes Concesionarios de los Accesos Norte, Oeste y R. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que procedieran al cobro de un valor adicional no tarifario de ciento ochenta y cinco pesos ($185.-), a ser percibido sobre la tarifa vigente, de todos los vehículos de transporte automotor de categorías de usuarios 5, 6 y 7 que circularan de lunes a viernes inclusive, que utilizaran tales vías de acceso, en los horarios de 07:00 a 10:00 horas en sentido descendente hacia la ciudad de Buenos Aires, entre las 17:00 y 20:00 horas en sentido ascendente hacia la Provincia de Buenos Aires, y los domingos de 17:00 a 20:00 horas en sentido descendente hacia la ciudad de Buenos Aires.

    Por otra parte, por medio de la Resolución nº 440/2014, quedó cerrada la vía administrativa impugnatoria contra la resolución antes reseñada, en tanto por la misma fue rechazado el respectivo reclamo impropio que había sido interpuesto por la FADEEAC, en los términos del artículo 24 inciso a)

    de la Ley nº 19.549.

    Asimismo, la acción se había hecho extensiva al Ministerio del Interior y Transporte, ello a raíz del dictado de las Resoluciones nº

    4/14 y 73/14 por parte del mismo. En concreto, mediante la citada Resolución nº 4 se había ordenado a la Dirección Nacional de Vialidad que adoptara las medidas Fecha de firma: 11/08/2016 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA #19535138#158029836#20160812100552938 Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación Expte. nº 8.146/2014 necesarias, tendientes a implementar y exigir en los peajes de los accesos al área metropolitana de esta ciudad, el pago de un valor adicional; posteriormente dicha Resolución nº 4/14 fue invocada en el dictado de la Resolución nº 161/2014 como antecedente y causante de ésta última. A su vez, con el dictado de la Resolución nº

    73/14, el Ministerio procedió a rechazar la petición impugnatoria de la FADEEAC por considerársela improcedente.

  3. Que en el pronunciamiento de fs. 227/235, se hizo lugar a la demanda y, en consecuencia, fue declarada la nulidad de las Resoluciones DNV nº 161/14, y nº 4/14 –esta última, como se adelantó, del Ministerio del Interior y Transporte–. Accesoriamente, las costas fueron impuestas a las demandadas vencidas.

    Para resolverse de este modo, se comenzó por recordar que la pretensión de la parte actora se encontraba vinculada con la declaración de nulidad de las Resoluciones DNV nos. 161/14 y 440/14, y de las Resoluciones del Ministerio del Interior y Transporte nos. 4/14 y 73/14, que se perseguía sobre la base de interpretarse que, al haberse establecido un valor adicional no tarifario de 185 $ sobre la tarifa vigente –que alcanzaba a todos los vehículos de transporte automotor de categorías de usuarios 5, 6 y 7, que circularan en los días, horarios y sentidos establecidos en las normas impugnadas–, se vulnerarían derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional. El cuestionamiento fue alegado sobre la base de interpretarse que dicho valor constituía un tributo, que había sido creado en contradicción con las previsiones de la Ley Fundamental, y por afectar el derecho a ejercer una industria lícita, y a trabajar, entre otros.

    Sentada así la delineación del objeto de autos, el Sr.

    Magistrado de grado procedió a abocarse –en primer término– al estudio de las defensas de falta de legitimación activa y pasiva opuestas por el ministerio co-

    demandada. En tal sentido, dichas defensas fueron rechazadas, teniéndose en cuenta para ello que el Ministerio del Interior y Transporte sólo las había fundamentado en el hecho de que la Resolución nº 4/14, al no constituir un acto administrativo, no era susceptible de ser cuestionada en los términos de la Ley nº

    19.549. En particular, en el pronunciamiento se razonó que no es conveniente distinguir entre actos administrativos, actos interorgánicos y actos interadministrativos, en razón de que las posibles diferencias de régimen jurídico entre unos y otros son reducidas, y no justifican, dentro del sistema de la ley de procedimientos administrativos, realizar una distinción entre dichas categorías jurídicas.

    Fecha de firma: 11/08/2016 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA #19535138#158029836#20160812100552938 Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación Expte. nº 8.146/2014 Adicionalmente, también se entendió que la defensa de falta de legitimación activa debía ser rechazada, por interpretarse que la Resolución nº 4/14, si bien estaba destinada a la Dirección Nacional de Vialidad, para que ésta –dentro del ámbito de su competencia–, adoptara las medidas que fueron posteriormente plasmadas en su similar nº 161/14, en todo caso produjo efectos directos sobre personas que se hallaban fuera de la Administración –entre los cuales consideró que se encontraba FADEEAC–.

    Por otra parte, se puso de resalto que había sido el propio Estado Nacional, por intermedio de la Procuración del Tesoro de la Nación, el que había procedido a unificar la representación estatal (englobando al Estado Nacional, el Ministerio del Interior y Transporte, y la Dirección Nacional de Vialidad) en la presente causa, por lo que se observaba un comportamiento contradictorio de la accionada, apto para que los planteos atinentes a la supuesta falta de legitimación pasiva efectuados fueran desestimados.

    Sentado lo anterior, se ingresó al análisis de las cuestiones sustanciales de la litis. Así las cosas, y en cuanto a la solicitud de que se declarara la inconstitucionalidad de las resoluciones impugnadas, en el entendimiento de que constituyeron un tributo, en contradicción con lo normado por la Ley Fundamental, se consideró que la misma resulta procedente. Para así decidirse, se observó que el adicional creado por la Resolución nº 161/14 podía ser encuadrado como una prestación obligatoria en dinero, exigida por el Estado Nacional, y que daba lugar a relaciones jurídicas de derecho público; concluyéndose que estas características eran las propias de los tributos. A mayor abundamiento, se sostuvo que los recursos tributarios son aquellos que el Estado obtiene mediante el ejercicio de su poder de imperio, por medio de leyes que crean obligaciones a cargo de los sujetos en la forma y cuantía que dichas normas establezcan, siendo su obligatoriedad una característica común a todos ellos. En cuanto a ésta última característica, se puso de resalto que la misma está dispuesta por ley, constituyendo ésta la fuente de las obligaciones tributarias dentro del marco de las facultades y de los límites que establece la Constitución Nacional. De este modo, se advirtió que el tributo es el género en el que se subsumen las especies (tasas, contribución especial, impuesto, recursos denominados parafiscales, regalías del sector público y empréstitos forzosos), y en todos ellos se puede encontrar el carácter coercitivo unilateral, la finalidad del fin público al que se destinan sus productos, y la exclusividad de la ley como fuente de la obligación tributaria. En definitiva, al considerarse que no mediaba ley habilitante al cobro, se sostuvo que Fecha de firma: 11/08/2016 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA #19535138#158029836#20160812100552938 Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación Expte. nº 8.146/2014 tal situación implicaba transgredir el principio de legalidad tributaria, lo que invalidaba la percepción del valor en cuestión.

    A este orden de ideas, se agregó que el hecho de que el tributo se percibiese como un adicional de la tarifa del peaje, no modificaba el alcance de la relación que crea la ley entre el Estado y el ciudadano, aquí

    contribuyente. Así, se interpretó que si bien no se desmerece la finalidad que motivó el dictado de las normas cuestionadas, las mismas no se encuentran exentas de las reglas y principios que rigen la tributación general o política del Estado, en tanto el mentado adicional sería subsumible dentro del contexto genérico de contribuciones, aludido por los artículos 4, 17, 52 y 75 inciso 2 de la Constitución Nacional, en lo que se refiere al principio de reserva de ley en materia tributaria.

    En tal sentido, se entendió que al reconocérsele naturaleza tributaria al concepto cuestionado por la federación actora, parecía evidente que su creación había implicado una manifiesta violación del principio constitucional de reserva de...

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