Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 27 de Mayo de 2020, expediente A 73964

PresidentePettigiani-Torres-de Lázzari-Natiello-Maidana
Fecha de Resolución27 de Mayo de 2020
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 73.964, "F., P.O. c/ Poder Judicial s/ proceso sumario de ilegitimidad", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078) doctores:P., T., de L., N., M..

A N T E C E D E N T E S

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (v. fs. 450/458 vta.) y revocó la sentencia de primera instancia que había admitido la pretensión anulatoria promovida por el señor P.O.F. contra el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 472/486).

Disconforme con dicho pronunciamiento, el accionante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 488/498), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 500/501.

Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 529), agregada la memoria presentada por la accionada (v. fs. 543/547) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor J.d.P. dijo:

  1. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación deducido por la parte demandada y revocó la sentencia de primera instancia que había admitido la pretensión promovida por el señor P.O.F. por la que persiguiera la nulidad de la resolución 3.664/12 dictada por este Tribunal, mediante la cual le impusiera la sanción de cesantía en el cargo de P. con funciones en el Departamento de Policía Judicial de la Procuración General, en el marco del sumario 3001-6542/11, PG 039/11 (v. fs. 472/486).

    Para así decidir, en lo que a esta instancia extraordinaria interesa, efectuó las siguientes consideraciones:

    I.1. Señaló que las citadas actuaciones se iniciaron por la denuncia pública realizada por el entonces titular de la UFI Descentralizada de P.P., doctor L.H., en la cual involucraba al doctor F. por haberlo presionado para que presentase su renuncia, entre otros aspectos.

    Puntualizó que en dicho sumario el accionante efectuó su descargo y, previa emisión de informes por los instructores y por el F. de Casación Penal, esta Corte dispuso su cesantía.

    Precisó que la sanción fue impuesta al verse "...claramente acreditadas conductas incompatibles con la función de un Funcionario Judicial, al prestar el doctor F. colaboración y/o asesoramiento o gestionar contactos en pos de lograr resultados que favorecerían en forma ilegal al Agente F. H. en los procesos en trámite en los cuales se encontraba involucrado (ante el Jurado de Enjuiciamiento y ante el fuero penal), conductas que transgredían el fin para el cual el funcionario había sido designado (colaborar con la doctora La Rocca en la investigación de las causas que le fueran asignadas). Así también, involucró el sumariado -en sus conversaciones- a diferentes funcionarios de la Procuración General, comprometiendo su buen nombre y honor, descalificando los cargos que desempeñan en el Ministerio Público provincial y, más allá de haber sido puesto en conocimiento de la opinión pública por el Agente F., su difusión afectó claramente el prestigio del Poder Judicial".

    Culminó expresando "todo ello, en los términos de las disposiciones del Acuerdo 2300 y Resolución 1233 P.G. que contemplan las conductas analizadas".

    I.2. Admitió la autenticidad de las grabaciones de audio y video obtenidos por el doctor H. en su oficina e interés personal -no en carácter de funcionario público-, a través de una cámara oculta, con sustento en los dictámenes periciales de los licenciados F. (Especialista en Procesamiento Digital de Imágenes y Video) y Santos (Fonoaudióloga); la ausencia de medios que demostraran algún tipo de irregularidad y falsificación material; y considerando que el demandante no desconociera haber tenido reiterados encuentros con el denunciante en su despacho público.

    En base a dichos elementos y a otras consideraciones referidas a la obtención de los archivos digitales sin advertir menoscabo a derechos y garantías constitucionales, la Cámara destacó que no procedía la exclusión probatoria opuesta por el accionante, que fuera apreciada en sede administrativa para sancionarlo.

    I.3. Respecto a la índole de los diálogos, entendió que conforme las transcripciones de los audios 12, 14, 15 y 16 y la restante prueba ponderada por la autoridad administrativa, el imputado no había sido provocado para expresarse del modo en que lo hizo, en virtud de que el accionante no negara -y estaba demostrado- que concurrió voluntariamente a la oficina del denunciante con quien mantenía un trato cordial, en horario de trabajo.

    I.4. Sostuvo que la determinación de los hechos y la imputación al accionante no sólo fue acreditada por el video y grabaciones de voz sino también por otros antecedentes entre ellos la denuncia, las pericias de los licenciados F. y Santos y los testimonios rendidos, en especial los dichos de los doctores A. -que da cuenta de la entrevista mantenida con el accionante-, La Rocca -referidos al pedido de F. sobre la renuncia del doctor H. a fin de evitar el Jury- y M. -respecto a frases de conversaciones entre el denunciante y denunciado atinentes a los hechos del caso-.

    I.5. En otro orden consideró que la autoridad administrativa no incurrió en exceso de punición al verificar que la conducta del doctor F. se encuadraba en las faltas previstas en los arts. 67 incs. "e" y "g" del Acuerdo 2300, 11 incs. "d", "e", "g", y "k" del Acuerdo 3354 y 46 de la Resolución 1.233 de la Procuración General, aún, cuando los hechos y las expresiones de falta de respeto hubieren trascendido a instancia del denunciante.

    Señaló que el obrar del accionante era incompatible con las funciones para las que había sido designado y en razón de la gravedad de su conducta resultaba razonable la sanción impuesta y como consecuencia de ello, inaceptable su permanencia en los cuadros del Poder Judicial por haber vulnerado su dignidad y prestigio.

    I.6. Por último, desestimó que en el procedimiento sumarial se hubiera omitido el dictamen jurídico previo al acto sancionatorio.

  2. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el accionante denunció vulneración de lo normado por los arts. 10, 11 y 15 de la Constitución provincial; 57, 101, 103 y 108 del decreto ley 7.647/70; 37 de la ley 13.757; y, 6, 7, 9, 10 y 130 del Acuerdo 3354 de esta Suprema Corte de Justicia (v. fs. 488/498).

    También adujo violación de la doctrina legal de este...

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