Fantasmas que llegan de Brasil

De puro ociosos, mientras esperan que se consolide la tibia recuperación económica y, en más de un caso, también el poder de Macri en las urnas, ejecutivos del sector de los servicios se dedicaban esta semana a elucubrar sobre la fragilidad de la justicia argentina. ¿Quién arriesgaría una moneda, se preguntaban, en un país donde fue necesario reformar de urgencia una ley para impedir que una reducción de condena que rige para delitos comunes se extendiera a crímenes de lesa humanidad, y donde además se pide el juicio político para los jueces que fallaron según el esquema normativo anterior a esa corrección? Digresiones empresariales en tiempos de crisis. O excusas. Se supone que, más allá de las declaraciones de institucionalidad, el mundo de los negocios invierte donde hay rentabilidad. Pero las frustraciones del presente, como lo fue esta semana la noticia del 2,6% en la inflación de abril, vuelven al establishment más reflexivo y cultor del largo plazo.

La imputación que el fiscal Guillermo Marijuan acaba de hacerles a Elena Highton, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, los jueces de la Corte Suprema que fallaron en favor de que se le aplicara el principio de la ley más benigna a Luis Muiña, condenado por delitos cometidos durante la última dictadura militar, abonó parte de estas inquietudes republicanas. Marijuan le dio el martes curso a una denuncia del abogado Marcelo Parrilli: según el demandante, dice el fiscal en el dictamen, "la solución brindada por los juristas podría contrariar el contrato social de los argentinos".

El argumento habrá sorprendido seguramente a los admiradores de Rousseau, el primero que utilizó el concepto de "contrato social", para quien las leyes representan la expresión de la voluntad del soberano, que es el pueblo, y cuya redacción corresponde de manera indelegable al legislador. El pensador francés plantea que quien debe ejercer el control de constitucionalidad de ese marco normativo es el "tribunado", órgano que propone inspirado en los éforos espartanos, magistrados de los antiguos Estados de Grecia, y al que define como el verdadero y mayor custodio de la ley: es nada menos que el responsable de hacerla cumplir. En la Argentina, por el principio de supremacía constitucional previsto en la Carta Magna, esta función de control y cumplimiento le corresponde a cualquier juez. "El tribunado degenera en tiranía cuando usurpa el poder ejecutivo, del cual sólo es moderador, y cuando quiere ser autor de las...

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