Fallo del TSJ de Córdoba. Sentencia Nº Ciento Uno

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Anotado por Francisco Jungent Bas y Ariel A. Germán Macagno

En la Ciudad de Córdoba, a los dos días del mes de noviembre de dos mil uno, siendo las once horas, se constituyó en audiencia pública la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, presidida por la señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, con asistencia de los señores Vocales doctores Aída Tarditti y Luis Enrique Rubio, a los fines de dictar sentencia en los autos "Castro Briones, Jorge Hugo p.s.a. de lesiones culposas -Recurso de Casación" (Expte. "C", 38/2001), con motivo del recurso de casación interpuesto por el Dr. Juan Carlos Bisoglio, en el carácter de apoderado de los actores civiles María del Carmen Aparicio y Carmen Alejandra Carrizo, en contra del Auto número sesenta y seis, de fecha cinco de diciembre de dos mil, dictado por el Señor Juez Correccional de Tercera Nominación de esta Ciudad.

Abierto el acto por la Sra. Presidente se informa que las cuestiones a resolver son las siguientes:

  1. ) ¿Ha aplicado indebidamente la resolución recurrida el fuero de atracción concursal respecto de la acción civil deducida en sede penal en contra de la codemandada fallida?

  2. ) ¿Carece de fundamentación la resolución en crisis en cuanto a la aplicación del fuero de atracción concursal a la acción civil incoada en sede penal en contra de la co-demandada fallida?

  3. ) ¿Qué resolución corresponde dictar?

Los señores Vocales emitiránPage 334sus votos en el siguiente orden:

Dres. Aída Tarditti, María Esther Cafure de Battistelli y Luis Enrique Rubio.

A La Primera Cuestion:

La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo:

I. Por Auto número sesenta y seis, del día cinco de diciembre de dos mil, el Juzgado Correccional de Tercera Nominación, de la ciudad de Córdoba, resolvió: "I) Suspender en los presentes autos la acción civil instaurada en contra de la Empresa de Transporte Dr. Manuel Belgrano S.A.C.I.F., debiéndose notificar a las partes, y oficiar al Juez de la Quiebra a los fines que hubiere lugar (arts. , , 22, 132, 133, 171 y cc. de la ley 24.522 y sus modificaciones). II) Tener presente la reserva del caso federal formulada (ver fs. 301 y vta.).

II. El Dr. Juan Carlos Bisoglio, en representación de los actores civiles María del Carmen Aparicio y Carmen Alejandra Carrizo, bajo el amparo del motivo formal de casación (art. 468, inc. 2., C.P.P.), se agravia de la resolución arriba aludida, por entender que la misma carece de la debida fundamentación, lo cual afecta la intervención del actor civil en el proceso penal (arts. 142, 185 inc. 4, -1er. sup., 186, 413, inc. 4. -1er. sup., C.P.P.; arts. 155, C. Prov., y 18 C. Nac.).

Concreta su denuncia sosteniendo que el fallo atacado postula una aplicación palmariamente indebida del art. 132 de la Ley Nº 24.522 (fuero de atracción respecto de la acción civil en sede penal), renegando de una interpretación armónica del orden jurídico. Ello así porque deja de lado las reglas constitucionales que le aseguran a las Provincias la facultad de darse sus propias instituciones, entre ellas, la de organizar la administración de justicia y darse sus propios códigos de procedimiento, como facultad no delegada al Gobierno Federal (art. 121, C. Nac.), así como del art. 26 del C.P.P. que, precisamente en ejercicio de dicha competencia constitucional, ha establecido - en correspondencia con el principio de independencia establecido por el art. 1096 del Código Civil-, la accesoriedad de la acción civil a la penal, la que tiene por efecto fijarle de manera inamovible la competencia al juez penal para pronunciarse sobre la misma, por imperativo del mandato constitucional contenido en el art. 118 de la Const. Nacional, según el cual todo delito debe ser juzgado en la misma Provincia donde se cometió. Cita jurisprudencia en apoyo de su tesis.

Agrega que la C.S.J.N. ha sentado el criterio restrictivo enPage 335lo que hace a las declinaciones de competencia en etapas muy avanzadas del procedimiento, defendiendo el principio de radicación como impedimento para la aplicación a los juicios en trámite. Ello en aras de una utilización racional de las formas en pos de la justicia material en cada caso.

"Frente a ese contexto, importa incurrir en un exceso ritual manifiesto si, tal como lo hace la resolución impugnada, manda un juicio virtualmente terminado a continuarse en otra sede, en donde deberán reiterarse las peticiones, acompañarse los antecedentes, esperar el pronunciamiento del juez de la quiebra, todo lo que implica una serie de trastornos y dilaciones que atentan contra el servicio regular de administración de justicia y contra la garantía constitucional que asegura a sus representados la inviolabilidad de la defensa en juicio de sus derechos, máxime si retrasa el dictado de la sentencia que podrá en lo inmediato ser ejecutada en contra de la aseguradora citada en garantía, en mejor resguardo al derecho de los damnificados a una pronta satisfacción de los perjuicios sufridos".

Entiende que los vicios denunciados implican la arbitrariedad de la resolución en crisis. Por ello, propone la anulación del mismo (art. 480, C.P.P.), a fin de que, finalmente, el Sr. Juez Correccional conserve su competencia para concluir la tramitación de dicha acción civil. Pide costas a todo oponente que resulte vencido (ver fs. 319 a 322).

III. Ya se ha reseñado (en el pto. I) que la resolución impugnada en casación resolvió suspender la acción civil instaurada en contra de la Empresa de Transporte Dr. Manuel Belgrano S.A.C.I.F., a raíz del fuero de atracción del proceso falencial de la misma. Para arribar a dicho pronunciamiento, el a quo sostuvo lo siguiente:

*En autos aparece probada la existencia de una sentencia (Nº 442, del 31/8/2000, dictada por el Juzg. de 1ra. Inst. y 3ra. Nomin. Civ. y Com.) que declara la quiebra de dicha empresa;

*La ley de Concursos (art. 132, L. 24.522) establece el fuero de atracción con relación a todas las acciones judiciales iniciadas contra el fallido por las que se reclamen derechos patrimoniales, salvo las excepciones que taxativamente señala; y otorga la opción de desistir de la acción incoada en contra del co-demandado fallido, continuándola en contra de los demás demandados (art. 133 ibídem);

*El actor civil no ejerció la opción de desistir con relación a la co-demandada fallida, no obs-Page 336tante habérsele corrido vista a ese fin (ver fs. 300 a 301 vta.).

IV.1. Así planteado el agravio, y resumidos los fundamentos del fallo atacado, surge que la cuestión a resolver consiste en desentrañar los alcances del "fuero de atracción concur- sal" con respecto a la acción civil deducida en el proceso penal, en contra de una parte co-demandada, que ha resultado fallida.

En el caso bajo análisis, de llevarse a cabo una interpretación aislada de las normas en juego, entrarían en pugna normas de idéntico rango normativo, a saber: las relativas a la prejudicialidad penal (arts. 1101, 1102 y 1103, C. Civ.), a la competencia del juez penal para pronunciarse sobre la acción civil derivada de un delito penal (art. 29, C.P.), y -finalmente- las concernientes al fuero de atracción concursal (arts. 21 inc. 1, y 132 L. 24.522). A su vez, con relación al proceso penal, se vulneraría el derecho de defensa en juicio de las partes civiles desplazadas de dicho fuero hacia el concursal, siendo que dicho derecho surge a partir de una norma constitucional, de prevalente rango normativo (art. 18, C. Nac.).

Para arribar a la solución del mentado conflicto normativo, es menester efectuar una adecuada hermenéutica de las disposiciones legales concurrentes. Al respecto, se reconoce como un principio inconcuso, que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles aquel sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando, como verdadero, el que las concilie, y deje a todas con valor y efecto" (C.S.J., Fallos 1:300).

En sintonía con lo anterior, esta Sala (en autos...

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