Fallo inédito contra una empresa por los cuadernos de las coimas

Por debajo de los radares públicos, el Tribunal Fiscal de la Nación rechazó dos pedidos de amparo que presentó la empresa MSU para que la Administración Federal de Ingresos Públicos ( ) le devuelva $628 millones que pagó en concepto de IVA. Y para denegar sus reclamos, un argumento central del Tribunal fue que la empresa se encuentra bajo fiscalización tributaria y que quien era su máximo ejecutivo admitió pagos ilegales en la causa conocida como los " ".La decisión del Tribunal Fiscal se dio por duplicado. A fines de abril, la Sala D rechazó el primer amparo, que MSU presentó por la demora en la devolución anticipada del IVA por $273,5 millones, derivados de la instalación de una planta de generación térmica en General Rojo, cerca de San Nicolás de los Arroyos. Y un mes después, la Sala C se sumó con un fallo por otro reintegro del IVA por $354,5 millones vinculados a la construcción de una central eléctrica en Barker, cerca de Tandil.En ambos reclamos, MSU siguió el procedimiento administrativo previsto por la ley. Primero presentó pedidos de pronto despacho ante la AFIP y, al no obtener respuesta, radicó los amparos por mora ante el Tribunal, que terminó por apoyar al organismo. La Sala D dio su respaldo por unanimidad y la Sala C, en un fallo dividido, pero en ambos casos con costas a cargo de la empresa.En ambos fallos, los vocales del Tribunal concluyeron que la actuación de la AFIP fue correcta, sin que su proceder sea "arbitrario o irrazonable".Negaron que "el trámite se hubiera demorado injustificadamente", como resumió Edith Gómez, quien firmó el primer voto de la Sala D; su colega Agustina O'Donnell calificó de "razonables" las explicaciones del fisco, para luego remarcar "la situación procesal en que se encuentra quien ha ejercido la presidencia de la empresa en el período fiscal correspondiente al reintegro", lo que compartió el tercer miembro de la Sala, Daniel Martín.La Sala D aludió así a Manuel Santos Uribelarrea, el entonces presidente y portador de las iniciales que lleva la compañía MSU, que el año pasado se convirtió en uno de los primeros empresarios que confirmó ante el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli la veracidad de las anotaciones de Oscar Centeno, chofer del Ministerio de Planificación, en sus cuadernos.Santos Uribelarrea resultó uno de los primeros presidentes y altos ejecutivos de las compañías señaladas por los cuadernos de la corrupción que debió renunciar o pedir licencia a su cargo...