Un fallo benefició a Cristóbal López en la causa por evasión fiscal

La Cámara Federal declaró la incompetencia de los tribunales de Comodoro Py y envió al fuero en lo penal económico la investigación por la retención del impuesto a la transferencia de los combustibles (IITC) por $ 8000 millones iniciada contra el empresario y el ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray.

Los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler concluyeron que el expediente debe concentrarse en la presunta evasión agravada que habrían liderado López y su socio en el Grupo Indalo, Fabián de Sousa, en vez de continuar en el fuero federal, donde se encuadraba como una supuesta defraudación en perjuicio del Estado con Echegaray como figura central y López y De Sousa como sus partícipes.

El fallo de la cámara implicó un triunfo para López y De Sousa, quienes buscan llevar la pesquisa al fuero en lo penal económico, para ya allí acogerse a la moratoria impulsada por el Gobierno, que dispone la suspensión -y eventual extinción- de la acción penal.

La decisión de la Sala I salió a favor del Grupo Indalo por dos votos contra uno. En disidencia votó el camarista subrogante Leopoldo Bruglia, quien compartió los argumentos del fiscal Gerardo Pollicita y de la AFIP -querellante en la causa-, que abogaron por mantener el expediente en el fuero federal.

Pollicita planteaba que esta investigación contra López y De Sousa debía abordarse en el fuero federal, donde también se lo investiga como parte de una presunta asociación ilícita junto con la familia Kirchner y varios ex funcionarios del gobierno anterior.

Sin embargo, Ballestero y Freiler consideraron que ni Pollicita ni el letrado de la AFIP Ricardo Gil Lavedra lograron rebatir los argumentos del juez federal a cargo de la causa, Julián Ercolini, quien se declaró incompetente tras remarcar el "carácter específico" del fuero penal económico para este tipo de investigaciones.

Ballestero consideró que Pollicita tiene razón al afirmar que podría tratarse de "una plataforma fáctica compleja y universal", pero indicó a continuación que en la práctica no había logrado demostrar la necesidad de mantener la causa por los $ 8000 millones en los tribunales de Comodoro Py.

Por el contrario, en su voto en disidencia, Bruglia apoyó la visión del fiscal. Planteó que enviar la pesquisa a al fuero penal económico "podría provocar un desmembramiento de los hechos imputados" en cada uno de los expedientes que estarían vinculados "y por ende un recorte en la...